■ Crean ayuntamientos frente para vigilar uso de impuesto ecológico
Piden al gobierno de Edomex sustentar retención de fondos por deudas de agua
Atizapán de Zaragoza, Méx., 8 de julio. Al menos 29 organismos municipales de agua potable integraron un frente para solicitar al gobierno estatal que justifique legalmente la retención de 40 por ciento de participaciones federales y acredite el uso y destino del impuesto ambiental, que implicará para los ayuntamientos entregar 3.5 por ciento de lo que recauden por consumo de agua.
Representantes de Naucalpan, Atizapán de Zaragoza, Ecatepec y Los Reyes, entre otros municipios de filiación panista y perredista, integraron la asociación civil Organismos del Agua y Saneamiento Unidos y propusieron diseñar sistemas de rendición de cuentas en cada dependencia.
También acordaron solicitar a la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) que de sus cuentas de consumo les descuenten la que se usa en edificios públicos, que se intercambie la deuda por obras de infraestructura municipal y evitar que en 2009 aumenten las tarifas.
Sus principales metas serán revisar la retención de partidas federales, pagar sólo las “cuentas reales” de consumo y que se aclare el destino del impuesto ambiental de 3.5 por ciento.
Tranquilino Lagos, director del sistema de agua de Los Reyes La Paz, expuso que la CAEM amenazó con retenerle en julio 14 millones de pesos del 40 por ciento del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamum), que ascenderían a 14 millones de pesos.
Francisco Reyes Vázquez, director del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec (SAPASE), dijo que ese organismo ha presentado 11 demandas contra el CAEM ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo por la retención de 1.5 millones de pesos que, dijo, viola el artículo 115 constitucional.
Mientras, el SAPASE colocó 6 mil 986 sellos de embargo a igual número de domicilios para obligar a los usuarios morosos a pagar el agua. El municipio tiene registrados 350 mil usuarios, de los cuales 210 mil (más de 60 por ciento) tienen deudas, en algunos casos de más de cinco años. El programa comenzó en 20 colonias, entre ellas Las Fuentes, San Carlos y San Cristóbal.
Algunas familias calificaron de ilegales las notificaciones.