■ En agosto, fallos sobre reforma electoral
Valls rehúye entrar en polémica con intelectuales
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá 41 demandas de amparo contra la reforma constitucional en materia electoral aprobada el año pasado y que entró en vigor en enero.
En su sesión de ayer, la primera sala de la Corte ejerció su facultad de atracción para estudiar los juicios de garantías promovidos por cámaras nacionales comerciales e industriales, centros empresariales de varias entidades del país, así como por un grupo de intelectuales y periodistas que impugnan la prohibición de contratar propaganda en radio y televisión, lo cual consideran que viola su garantía de libre expresión.
Sergio Valls Hernández, uno de los cinco ministros que atrajeron el estudio de los amparos, informó en conferencia de prensa que será en agosto próximo cuando el pleno de la Corte resuelva estos casos.
Cuestionado sobre las críticas de un grupo de intelectuales y juristas, quienes acusaron al Poder Judicial Federal de ser lento en la resolución de esos amparos, tramitados desde finales del año pasado, Valls Hernández refirió que respeta esas posturas, pero aclaró que son políticas, no jurídicas.
Desde hace ocho meses diversos jueces federales en materia administrativa se negaron a admitir los amparos a trámite y los desecharon por notoriamente improcedentes, al considerar que contra la Constitución no procede ningún recurso jurídico.
Ahora el pleno de la Corte será el encargado de estudiar el fondo de la litis de estas demandas, que buscan poner a debate el tema respecto de si procede o no el juicio de amparo para impugnar reformas a la Carta Magna.
La Corte tardó más de seis meses en resolver la solicitud de atracción, que fue planteada el 30 de enero por el ministro Fernando Franco, y eso fue lo que motivó diversas críticas en contra del Poder Judicial y de los ministros del máximo tribunal.
Ayer, el pleno de la Corte validó la mayoría de las reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que en su artículo 49 marca prohibiciones para que partidos políticos, precandidatos, candidatos, empresarios y particulares puedan contratar propaganda en radio y televisión.