Pemex y las finanzas públicas
Para los mexicanos sacar al PRI de Los Pinos representaba la posibilidad de conquistar, por fin, una ruta para lograr el desarrollo nacional. Se creía que una vez que el Partido Revolucionario Institucional perdiera la presidencia, ello permitiría que la economía creciera a los ritmos indispensables para crear los empleos necesarios, para incorporar los enormes contingentes que anualmente se incorporan a la fuerza de trabajo e ir reduciendo la ocupación informal. Sin el PRI gobernando, se podría impulsar una profunda redistribución del ingreso, capaz de colocarnos en los estándares de las economías desarrolladas. Se pensaba que el fin del clientelismo y corporativismo darían paso a una institucionalidad democrática plena.
Nada de eso ha pasado. En verdad, todo cambió para que nada cambiara. Uno de los aspectos en los que se siguió actuando igual que antes es justamente en la relación entre el gobierno federal y Petróleos Mexicanos.
Desde hace 25 años, pero de manera destacada desde hace 15 –según señaló Carlos Tello en el Debate en el Senado– el Ejecutivo federal sometió a Pemex a un oneroso y poco flexible control financiero y presupuestal definido a partir de las necesidades de las finanzas públicas federales, sin considerar los requerimientos de la propia empresa paraestatal. A los gobernantes príistas y panistas, Pemex les ha interesado como proveedor de recursos.
El mismo secretario de Hacienda reconoció en su presentación frente al Senado que derivado de las crisis económicas y de la necesidad de transparencia para la revisión de las finanzas públicas, se establecieron ordenamientos estrictos y regulaciones excesivamente rígidas para normar el desempeño de una empresa como Pemex. El gobierno federal –éste, así como el de Fox, Zedillo y Salinas– es el que ha decidido el gasto de Pemex, el monto para gasto corriente y gasto de inversión. Es responsable de los sueldos de los funcionarios y de los salarios de los trabajadores, de las asignaciones multimillonarias para el sindicato y de las eventuales partidas especiales.
Del mismo modo, el gobierno federal determina los ingresos de Pemex. Participa en la definición del volumen de crudo que se exporta y define su destino. En relación con el precio del crudo exportable el gobierno federal lo calcula con base en una fórmula. Establece los precios a los que Pemex vende en el mercado interno, definiendo los subsidios que el gobierno federal otorga a ciertos consumidores. Decide el endeudamiento de la empresa, interno o externo, y sus modalidades, entre ellas los costosos Pidiregas, los proyectos de inversión en infraestructura para la propia Pemex y para la Comisión Federal de Electricidad, realizado por particulares y que suponen obligaciones financieras.
Al cierre de 2007, los Pidiregas de Pemex sumaban 32,125.3 millones de dólares y 78,760.6 millones de pesos, a los que habría que añadir 51,966.6 millones de dólares y 128,505.3 millones de pesos registrados como “saldo de financiamientos obtenidos por terceros vigente”. Estas cantidades significan un billón 90 mil 230.8 millones de pesos, equivalentes a 44 por ciento de los ingresos totales del sector público en 2007.
Así las cosas, es evidente que la situación financiera de Pemex es responsabilidad de quienes han manejado las finanzas de la nación en los últimos años. En lugar de juzgar el desempeño del organismo petrolero, habría que juzgarlos a ellos. Han llevado a cabo una exacción indiscriminada para corregir los desequilibrios estructurales de las finanzas públicas, explicados por una crónica debilidad e incapacidad para recaudar impuestos: mientras en nuestro país los impuestos cobrados como proporción del PIB promediaron, entre 2001 y 2007, 10.5 por ciento, el dato para Argentina fue de 12.8, en Chile 18.5, en Colombia 16.8 y en Venezuela 12.4, en tanto que en los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos fue de 36 por ciento.
De modo que a Pemex se le ha saqueado con el fin de que permanezca un régimen de bajos impuestos que sólo ha servido para incrementar la concentración del ingreso, el consumo y el poder. Eso es lo que debiera corregirse y con ello financiar escuelas, hospitales y, sobre todo, crear empleos.