■ El fallo echa abajo artículo transitorio que ordenaba remover a los consejeros locales
Anula la Corte reforma electoral al Estatuto de Gobierno del DF
■ La decisión, por unanimidad
■ Determinaron que la norma era retroactiva y violaba la Carta Magna
■ Emplazan a la Asamblea Legislativa a adecuar las leyes respectivas en lapso de 30 días
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó ayer el artículo segundo transitorio de las reformas realizadas en abril pasado al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, mediante el cual el Congreso de la Unión ordenó a los asambleístas capitalinos efectuar un proceso de relevo escalonado que afectaría a los actuales consejeros del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF).
Por unanimidad, los ministros determinaron que dicho relevo no puede afectar a los actuales consejeros capitalinos, por lo que podrán continuar en sus cargos hasta 2015, cuando concluye su periodo para el que fueron designados.
Los 11 ministros coincidieron en que esa norma es retroactiva y viola el artículo 14 de la Constitución en perjuicio de los consejeros electorales, por eso la declararon inválida.
En realidad lo único que hicieron los ministros fue apegarse a un criterio que en semanas anteriores fijó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el cual revocó en junio pasado un acuerdo de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal con el que se daba inicio al proceso para remplazar al presidente del IEDF, Isidro Cisneros, y a otros dos consejeros.
“La Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberá realizar las adecuaciones en las leyes correspondientes, en un plazo máximo de 30 días naturales contados a partir del inicio de la vigencia del presente decreto. Dentro del mismo plazo, deberá determinar el procedimiento de la renovación escalonada a que hace mención el artículo 125 contenido en el presente decreto”, determinaron los 11 ministros de la Corte.
Durante su sesión del pasado martes, ésta declaró la validez del proceso legislativo de cuatro días que aplicaron el Senado y la Cámara de Diputados, con el argumento de que los legisladores de Convergencia –que impugnaron el proceso– no asistieron a las sesiones porque estaban ocupados con la toma de tribunas de ambas cámaras.