■ Las iniciativas oficiales no garantizan el control sobre la renta petrolera, señalan unos

Plantean especialistas reformar leyes para flexibilizar licitaciones de Pemex

■ El proyecto no es privatizador, pero carece de visión de largo plazo, sostienen defensores

Ciro Pérez y Enrique Méndez

Mantener la propiedad del petróleo en las condiciones que proponen las iniciativas de Felipe Calderón no garantiza al país el control sobre las operaciones de la industria ni contar con la mayor parte de los recursos que se obtendrían por la explotación y venta del crudo, advirtió un grupo de especialistas. Mientras, otro, integrado por investigadores y funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex), subrayó que la iniciativa de reforma del Ejecutivo federal no es privatizadora, aunque carece de visión de largo plazo y contiene preceptos susceptibles de ser impugnados por anticonstitucionales.

Al celebrarse ayer el 18 debate organizado por la Cámara de Senadores para discutir el futuro de Pemex, en lo que toca a adquisiciones, contratos y obras públicas, el panel de ocho expositores coincidió en que es necesario reformar la ley para flexibilizar licitaciones y adquisiciones.

Las posiciones fueron desde asegurar que la propuesta de reforma oficial es la única vía para fortalecer Pemex, hasta advertir que no sólo se queda corta, sino que utiliza mentiras y medias verdades para beneficiar a inversionistas extranjeros.

Restricciones legales

De acuerdo con las iniciativas calderonistas, Pemex puede concesionar o contratar prácticamente todas las actividades de la cadena del petróleo y el gas natural, inclusive la planeación, siempre y cuando el contratista actúe por cuenta de Pemex. El control lo ejercería la paraestatal al otorgar, de manera exclusiva, partes del territorio nacional a la iniciativa privada; asignar los contratos mediante licitación o adjudicación directa, y autorizar el programa anual de trabajos propuesto por el contratista, consideraciones que avalaron Rogelio López Velarde, Sergio Guaso Montoya y Rubén Valdez Abascal.

El primero sostuvo que signar un contrato que Pemex va a pagar en numerario, con base en el resultado obtenido, “no es anticonstitucional y su restricción es meramente legal. La propuesta presentada por el Ejecutivo en ese sentido es conveniente y moderna”.

Guaso Montoya, funcionario de Pemex, afirmó que con la iniciativa oficial se mantiene inalterado el hecho de que el pago será siempre en efectivo y nunca en relación con el valor de la producción, con lo que, aseguró, el destino de la renta petrolera se mantiene intacto. Mientras Valdez Abascal cuestionó la eficiencia del modelo que utiliza actualmente Pemex.

Tesis, las tres, que fueron rebatidas por Víctor Rodríguez Padilla, Carlos Huerta Durán y Alfonso Hickman Sandoval.

El primero advirtió que si el gobierno federal está convencido de que lo mejor para México es compartir la renta petrolera con trasnacionales, lo pertinente sería que “tenga el valor, asuma con valentía su punto de vista” y proponga al Congreso reformas constitucionales “y no transgreda el estado de derecho al pretender darle la vuelta” a partir de las leyes secundarias, pues en las condiciones que propone las compañías petroleras internacionales remplazarán a Pemex en prácticamente todo el territorio nacional.

Carlos Huerta Durán enfatizó que el presidente Calderón pretende ceder a empresas multinacionales, mediante contratos de riesgo, que son inconstitucionales, actividades estratégicas y exclusivas del Estado, lo que llevaría a la industria petrolera a un proceso de privatización. En tanto, Hickman Sandoval condenó que Calderón “trata de esconder la vocación de entreguismo a los extranjeros con disposiciones de contenido nacional, pero al mismo tiempo abre la puerta a los tribunales internacionales, propiciando un alto riesgo para el país y su soberanía jurisdiccional”.

En su turno, Manuel Barquín Alvarez destacó que, en términos generales, es indispensable que se actualicen las normas obsoletas en materia de regulación de los hidrocarburos. Además, señaló que la ubicación y los diagnósticos de los problemas que aquejan al sector son las más veces certeros.

Las soluciones que propone el Ejecutivo no son uniformes, algunas son certeras y podrían aprobase con modificaciones y adecuaciones menores; otras requerirán, sin embargo, cirugía mayor, añadió. “Además, existen omisiones que es necesario colmar con nuevas propuestas, y hay algunas que aunque son atingentes no cuentan en este momento con el consenso necesario, o son consideradas susceptibles de ser impugnadas por inconstitucionales en las partes en que valdría profundizar el análisis y la reflexión”, dijo.

Finalmente, el investigador David Shields llamó a no satanizar la participación del capital privado en la industria petrolera, después de señalar que la primera visión, que considera a Pemex capaz de realizar con su propio esfuerzo y administración las obras que requiere, fue cierta en otro momento, pero ahora se encuentra superada y desvirtuada, y la segunda, que simula condiciones de competencia en mercados abiertos, es impopular y no acaba de consolidarse exitosamente en México.