■ Empresarios ligados al PAN usan la ley para beneficio propio, aseguran especialistas

Balconea el FAP en el debate a panistas intermediarios de contratos con Pemex

■ Legisladores del blanquiazul defienden la constitucionalidad, porque la Corte aún no resuelve

Enrique Méndez y Ciro Pérez

La discusión acerca del sistema de contratos que se propone en las iniciativas del presidente Felipe Calderón para Petróleos Mexicanos (Pemex) permitió al Frente Amplio Progresista (FAP) y a expertos en materia de hidrocarburos exponer cómo contratistas ligados al PAN han utilizado la legislación vigente para beneficiarse con licitaciones en su favor.

Por ejemplo, señalaron que el actual director de Pemex, Jesús Reyes Heroles, así como el secretario particular del jefe del Ejecutivo federal, César Nava Vázquez, apoyaron y negociaron tres contratos para la explotación de gas en la cuenca de Burgos.

Una y otra vez, diputados y senadores del PRD, así como especialistas, exigieron al subdirector de nuevos modelos de ejecución de Pemex, Sergio Guaso Montoya, entregar copia de los contratos, y no fue hasta que, por conducto de Francisco Labastida, se lo pidió Yeidckol Polevnsky, que el funcionario aceptó facilitar los documentos.

El ingeniero Alfonso Hickman, de la Asociación Ingenieros Constitución del 17, aseguró que esos contratos se entregaron a empresas privadas como si la reforma de Calderón ya estuviera aprobada.

Y, ante los reclamos airados de los panistas presentes en la reunión en el patio central del Senado, les respondió: “Es el miedo que les da cuando los obligan a transgredir el marco normativo. Por ejemplo –dijo–, el contrato para el aseguramiento de la integridad de los ductos de Pemex; claro que los va a agarrar la Secretaría de la Función Pública, porque está fuera de la ley”.

Hickman se refería a la licitación pública internacional 1857511-06-07, que realizó Pemex Exploración en mayo de 2007 para contratar el aseguramiento de los ductos en Chiapas, Tabasco, Veracruz y Oaxaca, que “se realizó como si ya estuvieran vigentes las reformas a la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional y la ley orgánica de Pemex”, en el que participó como negociador, dijo, Reyes Heroles. “Como representante de GEA realizó labores de cabildeo”, resaltó.

En el mismo sentido, el catedrático universitario Víctor Rodríguez Padilla, ex asesor en materia energética en el Senado, recordó que cuando senadores y diputados presentaron un juicio de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el gobierno federal suspendió algunas licitaciones, pero la administración de Calderón “volvió a la carga y entregó más”.

Estas denuncias provocaron molestia entre los panistas. El senador Sebastián Calderón Centeno respondió que el juicio “no ha prosperado, y por eso es una verdad jurídica que los contratos son constitucionales”.

Así, mientras los legisladores del PAN defendieron que el mecanismo de contratos a terceros, con la modalidad de “incentivos” a los inversionistas que exploten con éxito yacimientos petroleros, no privatizan la extracción de petróleo ni permitirán compartir la renta petrolera, porque “se pagarán en efectivo”, diputados y senadores de PRD, PT y Convergencia advirtieron que se trata de legalizar los convenios ya firmados por el gobierno federal y entregar a extranjeros la producción nacional de hidrocarburos.

Sin comprometer una posición en contra, el senador Raúl Mejía González, del PRI, dijo que las reformas, si bien parece que buscan permitir que Pemex busque nuevas formas de contratación en exploración y explotación de yacimientos, “al menos generan dudas”.

Su correligionario y diputado Eduardo Sánchez fue más allá, y si bien señaló que no se podía entregar un cheque en blanco al consejo de administración de Pemex para que apruebe los contratos que crea necesarios, evidenció su verdadero interés al señalar que él prefiere eficacia sobre la constitucionalidad de los convenios.

“¿Quiénes son los que piden el cambio?”, cuestionó el diputado perredista Juan Guerra Ochoa, y abundó: “los que quieren mantener los contratos nepotistas. Por eso no me extraña que defiendan que la contratación sea más opaca y discrecional, porque buscan cómo sacar tajada y ordeñar más a Pemex. Antes se hizo con la protección de los hermanos Bribiesca Sahagún, y luego con los Fernández Tapia, que los trajo (Juan Camilo) Mouriño”.

Guerra Ochoa, quien forma parte de la comisión que investiga la fortuna de Vicente Fox, dijo que como la Suprema Corte aún no entra al fondo del recurso de inconstitucionalidad, “Nava apadrinó los tres contratos en Burgos bajo el esquema de Guaso”.

Y es que, refirió el investigador Víctor Rodríguez Padilla –quien esta vez fue centro de los agrios comentarios del PAN–, Guaso firmó los contratos para la explotación de gas en Burgos por empresas privadas, cuando fue director ejecutivo de los contratos de servicios múltiples (CSM) de la paraestatal.

Carlos Huerta, quien es asesor del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, refutó al senador panista Jorge Ocejo Moreno, quien aseguró que los CSM son constitucionales, ya que la Corte no ha entrado al fondo del recurso. “Usted puede decir que son constitucionales, sí, y yo que no lo son, porque la Corte no ha declarado en un sentido u otro.”

Lamentó que desde el punto de vista legislativo las iniciativas de Calderón “son impresentables hasta para las empresas con las que ustedes quieren hacer negocios. Pregúntenle a Exxon, a Repsol, si están conformes con arriesgar miles de millones de dólares con este proyecto”.

La senadora perredista Yeidckol Polevnsky resaltó que la iniciativa en el rubro de contratos pretende que el gobierno federal sólo autorice los contratos menores, “es decir, de papel y lápices”, y que el consejo de administración de Pemex avale “las millonarias, en dólares”.

David Shields, quien con su firma avaló la compra de gas a la trasnacional española Repsol, afirmó que si la reforma busca compartir la renta petrolera, es preferible que se entregue a la iniciativa privada. “Los excedentes se comparten con los gobernadores. Hay que ver en qué forma utilizamos mejor el dinero, dándoselo a una compañía o a los gobernadores”, cuestionó.