Juventud vulnerable
La Organización de Naciones Unidas califica de sectores vulnerables o, mejor dicho, vulneralizados, a aquellos conjuntos de personas que se encuentran en situación de discriminación por factores inherentes a su condición, porque no reciben atención suficiente del Estado, o porque éste o algunos de sus integrantes violan sus derechos por acción u omisión. Tal es el caso de la adolescencia y la juventud pertenecientes a nuestros sectores populares, a las que no solamente se les restringe cada vez más el ejercicio de sus derechos sociales, como efecto de la política económica vigente, sino a las que se les violan sus más elementales derechos humanos, sobre todo por las llamadas “fuerzas del orden”, simplemente por su forma de vestir, comportarse y expresarse en distintos ámbitos. Lo anterior es también un síntoma claro de la discriminación invisible que adolescentes y jóvenes padecen en nuestra sociedad, a pesar de que se encuentran por todas partes, y son más que notorias su situación y sus expresiones culturales.
Esto es lo que ha puesto en evidencia el informe especial que el pasado martes dio a conocer la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal sobre el operativo llevado a cabo el 20 de junio por la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia capitalinas en la discoteca News Divine, en el que resultaron muertas doce personas, tres de ellas niñas y niños, y seis jóvenes. En el documento se lee, además, que de las 102 personas que aquella tarde estuvieron en el sitio mencionado y que posteriormente fueron puestas a disposición de la agencia 50 del Ministerio Público, 45 eran niñas y 42 niños, lo que significa que la mayoría eran menores de 18 años.
De manera escrupulosamente detallada, y tomando en cuenta las actas circunstanciadas que 70 visitadores levantaron del 21 de junio al 5 de julio de sus observaciones inmediatas de las diligencias ministeriales (a veces hasta 12 en un día), en guardias continuas de cuatro turnos de seis horas cada uno, así como los testimonios directamente recogidos de las víctimas y sus familiares, las quejas personalmente presentadas por ellos en la comisión, y el análisis científico y objetivo de los reportes y pruebas entregados de manera oficial por las autoridades, el informe demuestra fehacientemente que estas personas fueron arteramente intimidadas, amenazadas, maltratadas, ultrajadas, vejadas, golpeadas, robadas, incriminadas, fichadas y utilizadas arbitrariamente contra su voluntad como pruebas de presuntos delitos, durante el operativo y en la fiscalía desconcentrada de la delegación Gustavo A. Madero y la agencia 50 del Ministerio Público. Vaya, hasta –como se ha dicho– muertas y abandonadas a su suerte estando lesionadas.
“Tanto en la implementación del operativo en la discoteca News Divine, como a lo largo de los diferentes traslados y en las estancias en los sectores de policía de GAM-5 y GAM-8, los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, lejos de tratar a los jóvenes, niños y niñas, en el primer caso, como testigos del delito de corrupción de menores; y en el segundo, como víctimas de este delito, los criminalizaron, imputándoles inclusive la muerte de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública que participaron en el operativo.” “Esta situación no terminó cuando las víctimas llegaron a las instalaciones ministeriales, primordialmente por una razón: durante su estancia en la coordinación territorial GAM-8, así como durante un periodo prolongado en la agencia 50 no se les aclaró en qué calidad se encontraban en dichas instalaciones, negándoles así el ejercicio de sus derechos en calidad de víctimas del delito o testigos.”
Con razón, las organizaciones civiles de derechos humanos, en especial aquellas que defienden los derechos de la niñez, adolescencia y juventud, han enfatizado en estos días que la aplicación de estos operativos se da en el marco de una política de criminalización de las y los jóvenes –sobre todo los pobres– que pone en evidencia la ineficacia de las políticas públicas, así como la omisión y negligencia por parte del Estado para garantizar todas las medidas de seguridad y protección que se requieren, con la determinación de salvaguardar la vida e integridad de la población infantil y juvenil.
Y han reclamado que el Senado de la República ratifique cuanto antes la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, primer instrumento que a nivel internacional protege sus derechos humanos específicos, posterior a la aprobación de la Ley de las y los Jóvenes del Distrito Federal, que ya ha tenido siete reformas, y no incorpora todos los derechos establecidos en la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, en particular los relacionados con la Convención sobre los Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas, cuyo plazo de ratificación vence el próximo octubre. Han exigido además reformar la legislación vigente y retomar los diversos instrumentos internacionales de derechos humanos que el Estado mexicano ha ratificado, así como cumplir las recomendaciones que los diversos comités internacionales han señalado para nuestro país, para que sirvan de orientaciones en el diseño y aplicación de las políticas públicas para las y los jóvenes en el Distrito Federal.