Un nuevo trato en la capital
El informe especial que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) realizó sobre los hechos del 20 de junio señala categóricamente que no se trató de errores operativos, sino de una política pública que criminaliza “a los jóvenes, en particular a los más pobres”.
Al aceptar la renuncia del secretario de seguridad pública y del procurador del Distrito Federal el jefe del gobierno capitalino anunció que buscaría “rehacer la relación del gobierno de la ciudad con los jóvenes y los menores”, al tiempo que impulsaría un cambio mayor institucional en las dos dependencias involucradas en la tragedia.
En una síntesis apretada aquí encontramos el sentido profundo de la tragedia del News Divine y la raíz de la debilidad del Estado mexicano en los temas de seguridad pública.
La criminalización de los jóvenes no es una política solamente del gobierno del Distrito Federal, sino de todas las instancias de gobierno federal, estatales y municipales. Habría que recordar los ataques policiacos a diversos raves en Guadalajara y la represión contra los globalifóbicos, más las diversas redadas que se hacen regularmente desde Yucatán hasta Nuevo León. O las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez y otros municipios del estado de México, la mayor parte mujeres jóvenes.
Más allá de la importancia decisiva de aplicar la justicia –penal, política y ética– a los funcionarios públicos responsables de trágicos hechos, están las necesarias garantías para que este tipo de hechos no se vuelvan a presentar en la ciudad capital.
El diagnóstico que hace el jefe del gobierno capitalino es devastador, pero esperanzador. Se necesita un cambio institucional que permita rehacer la relación del gobierno con los jóvenes. Cambio de reglas del juego y cambio en la actitud de los actores principales.
Lo primero tiene que ver con la figura que juegue el papel de punto de contacto entre el gobierno capitalino y los jóvenes. Una figura que fomente confianza mutua. Regresar a la idea de las policías vecinales debiera ser considerada.
Lo segundo es el fortalecimiento de la autonomía y de la capacidad profesional y económica de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para garantizar protección de los derechos de los capitalinos.
Lo tercero es el rescate de los espacios públicos en la ciudad. Ésta es una tarea que requiere de la más activa participación ciudadana, particularmente de las y los jóvenes. La idea de un instituto autónomo con participación ciudadana puede ser una buena idea a condición de evitar la participación clientelar o gremial.
Debieran evitarse los dos errores clásicos de la cultura autoritaria. Primero, la idea de que por definición la centralización es siempre mejor. Segundo, la de que la participación ciudadana es un adorno que acompaña a las sabias decisiones de la autoridad.
Puede ser mejor una amplia descentralización hacia las delegaciones de ciertas atribuciones en materia de policía, combinada con mecanismos centralizados de control sobre la calidad del personal policiaco y sus operaciones.
Quizás un instituto descentralizado en unidades relativamente autónomas por colonia o barrio para revisar y depurar centros de entretenimiento sería mejor. Equilibrio de poderes puede reducir la eficiencia, pero sin duda aumenta la eficacia.
Si hablamos de participación ciudadana hay que creer realmente en ella y fomentarla. Los ciudadanos estamos muy impregnados de tics autoritarios. La participación es una escuela cívica, es un dispositivo de aprendizaje. Requiere reglas del juego en proceso de construcción. No diseños institucionales perfectos, pero totalmente desligados de la realidad social.
Sobre esta tragedia, cuya marca ahí quedará, se abren empero oportunidades. Además no debemos escatimar méritos a las valerosas decisiones tomadas por Marcelo Ebrard.
Sobre todo a la luz de la impunidad que reina en lugares como Jalisco, Veracruz, Puebla o Oaxaca.