■ La PDHEG emite 5 recomendaciones, luego de difundirse videos sobre “capacitación en tortura”
Tras exhorto, el edil de León se disculpa con ciudadano agraviado por policías
■ El organismo guanajuatense aconseja indemnizar a Ángel Segura, castigar a 3 mandos y restructurar la corporación
■ Dirige también comunicaciones al procurador y al gobernador Juan Manuel Oliva
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El alcalde de León, Guanajuato, Vicente Guerrero Reynoso, ofrece una disculpa pública al ciudadano Ángel Segura Medina, quien en marzo pasado sufrió agravios de la policía. Lo flanquean la síndico Leticia Villegas Nava, y el secretario del ayuntamiento, Francisco García León
Foto: Carlos García
León, Gto, 11 de julio. Por recomendación de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) y en sesión plenaria del cabildo, el presidente municipal de León, Vicente Guerrero Reynoso, ofreció hoy una disculpa pública “a través de los medios de comunicación, a la sociedad leonesa y en particular al agraviado”, un ciudadano que recibió tratos crueles, inhumanos y degradantes de la policía municipal.
Además, el organismo estatal encargado de defender los derechos humanos, recomendó al alcalde una “restructuración a fondo” de la policía municipal y “analizar el trabajo de mandos medios y altos”. La PDHEG emitió ayer cinco recomendaciones tras darse a conocer videos sobre la actuación de la policía de León, que se han difundido en los medios, sobre todo de uno, en el cual se ve a un uniformado que patea y salta sobre un detenido.
El jueves 26 de junio, Televisa Bajío difundió un video en el que se ve a un policía cuando golpea a Ángel Segura Medina, quien estaba esposado y tirado en la caja de una patrulla. En la cinta se escucha que otros dos policías se burlan cuando su compañero se sube en los tubos de la patrulla (una camioneta descubierta) y se deja caer sobre el abdomen del detenido.
El primer exhorto está dirigido a Guerrero Reynoso. La procuraduría le indica que con base en la Ley de Responsabilidades Administrativas, sancione a los tres policías que golpearon a Ángel Segura, el 21 de marzo de este año.
José Luis Álvarez Juárez, Miguel Ricardo López Ramírez y Miguel Ángel García Rodríguez, arrestaron a Segura Medina por golpear a su esposa y lo torturaron durante 30 minutos.
Los policías ya fueron destituidos hace tres semanas, pero la procuraduría de Justicia del estado consignó el caso ante un juez –por el delito de abuso de autoridad– apenas la semana pasada, después de que estalló el escándalo por los videos que muestran cómo se “capacita” a los policías leoneses en materia de tortura.
El titular de la PDHEG, Miguel Ángel Vidaurri Aréchiga aseguró: “Tenemos la firme convicción de que ningún delito debe ser combatido con otro delito”.
En la segunda y tercera recomendaciones, la PDHEG pide al ayuntamiento de León, que instruya al alcalde Guerrero Reynoso a indemnizar a Ángel Segura, además de la disculpa pública que debía ofrecerle.
También le solicitó restructurar a fondo a la policía y analizar el desempeño de los mandos medios y altos de la corporación.
Casi en forma simultánea –mientras Ángel Vidaurri hacía públicas las recomendaciones–, el edil reunió al cabildo y dio cumplimiento a la primera recomendación, que consistió en la disculpa publica.
Al finalizar la sesión, el alcalde adelantó que será el secretario de Seguridad Pública, Álvar Cabeza de Vaca quien restructure la corporación y determine si es necesario remover al director de policía, Carlos Tornero Salinas.
El cuarto exhorto está dirigido a Daniel Federico Chowell Arenas, procurador de Justicia del estado, para que ingrese ante el juez el examen médico sicológico practicado a Ángel Segura, como prueba de que los policías incurrieron en tortura.
La última y quinta fue directamente para el gobernador panista del estado, Juan Manuel Oliva Ramírez, a quien se le pide instruir por escrito al procurador de Justicia, para que colabore con la PDHEG, debido a que se negó a proporcionar copias certificadas de la averiguación previa que abrió contra los policías.
Uno de los acuerdos de vista fue enviado al Poder Legislativo, para adecuar las leyes estatales con base en los tratados internacionales en el tema de la tortura, pues como está actualmente el Código Penal se propicia impunidad.
El segundo acuerdo de vista va dirigido al procurador de Justicia, para que aplique los mecanismos legales y se arreste a los tres policías que incurrieron en actos de tortura.