Oaxaca: corrupción e impunidad sin límite
“El día de ayer a las tres de la mañana, un ejército parapolicial de la empresa Chedrahui, protegido por policías, entró al Predio Sarmiento, en el corazón de la colonia Reforma, en la ciudad de Oaxaca, y arrasó, sin los permisos correspondientes, pero con la complicidad de las autoridades municipales priístas, con un enorme ecosistema adonde habitaban miles de pájaros y ardillas. La destrucción abarcó más de una hectárea de árboles, entre los que se encontraban tres huanacastles centenarios, decenas de jacarandas, pirules, sauces, robles y palmas datileras. Los taladores clandestinos corretearon y mataron a palos y machetazos a cientos de ardillas, en una imagen verdaderamente patética. Sólo la intervención de cientos de vecinos pudo parar esta barbarie, cuando ya era demasiado tarde para salvar este pequeño bosque urbano. Los daños ambientales causados son incalculables.”
Tomo estas frases de un manifiesto de Pueblo Jaguar, que junto con otros circula esta semana en Oaxaca para denunciar la agresión del miércoles pasado. Se trataba, obviamente, de prevenir la consolidación de un movimiento ciudadano que desde hace semanas exigía impedir la construcción de un centro comercial en ese lugar y convertir el bosque en un parque ecológico. La acción resultó claramente contraproductiva. El movimiento ha tomado fuerza inusitada: busca un boicot nacional a Chedraui y exige castigar a los culpables y detener la obra. Seguramente se extenderá a otros ámbitos. Tras la destrucción de la más bella plaza de la República, que perdió algunos de sus árboles centenarios en una obra de “modernización” que intentó convertirla en una especie de estación del Metro, se quiere ahora destrozar la Alameda de León, anexa a la plaza principal.
Estamos ante un estado de cosas. El 2 de julio el líder local de la Confederación Patronal de la República Mexicana describió el clima que priva en Oaxaca: “Aquí pueden matar a dos jóvenes indígenas locutoras, y no pasa nada; pueden secuestrar, y no pasa nada; pueden entrar a robar a una casa, y no pasa nada; pueden delinquir, y no pasa nada”.
Nadie debería sorprenderse. Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación se planteó cómo contribuir a restablecer el orden constitucional en Oaxaca y creó para ello una comisión investigadora, señaló: “No podemos permitir que las detenciones arbitrarias y las torturas de prisioneros se vuelvan ordinarias y normales en nuestro país… Los oaxaqueños vivieron, y tal vez vivan todavía, un estado de incertidumbre emocional y jurídica… Resulta lógico que la gente viva en zozobra ante autoridades que usan ilimitadamente la fuerza pública, al grado de desconocer los derechos humanos que reconoce nuestro marco jurídico (La Jornada, 14/6/07)”.
Mientras la Corte continúa sus aparentemente interminables investigaciones, las detenciones arbitrarias y las torturas de prisioneros se vuelven ordinarias y normales en nuestro país. En León la policía recibe entrenamiento en prácticas de tortura... para refinarlas: en los primeros seis meses de 2008 la Procuraduría de Derechos Humanos de Guanajuato abrió 14 expedientes por tortura y actos degradantes e inhumanos. El relator de derechos humanos de Naciones Unidas señaló recientemente que el respeto a los derechos humanos no es prioridad para el gobierno mexicano. El uso ilimitado e ilegal de la fuerza pública es práctica cotidiana en el país. Para el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en la política nacional de seguridad pública y administración de justicia “no se ponen controles a la actuación de las policías y se manda un discurso de que todo se vale para combatir el delito” (Proceso 1652, 19/6/08). Y delito es, para las autoridades, participar en movimientos sociales. No sólo los oaxaqueños viven ahora en incertidumbre emocional y jurídica.
El líder de la Coparmex reaccionaba en Oaxaca ante el secuestro de uno de los suyos, un prominente empresario español, que provocó en el dirigente local de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño la elegante expresión: “¡Ya son chingaderas!” El dirigente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación señaló: “¡Pedimos cero tolerancia para quienes atenten contra la tranquilidad de Oaxaca!” La fracción parlamentaria del PAN, por su parte, exigió la inmediata intervención del ejército y la policía federal, para aplicar así un remedio claramente peor que la enfermedad, según la experiencia oaxaqueña, que empieza a extenderse por todo el país.
Hace casi un año, Carlos Monsiváis planteó que la permanencia de Ulises Ruiz en el poder era “un enigma profundo y un insulto muy severo a la lógica republicana”. Quizás ha dejado de ser enigma. El insulto se abre ahora a todos: define una política nacional. En diversos grados y formas, el país entero sufre ya las consecuencias de no haber reaccionado adecuadamente ante el agravio insoportable que sufrió y padece aún el pueblo de Oaxaca.