Ciudad Perdida
■ Desfondar la consulta, en la mira del TEDF
■ Afanes finsemaneros en búsqueda de argumentos
Algo más que un rumor empezó a circular el fin de semana anterior en los pasillos del Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF). Se comenta que el viernes próximo los magistrados del organismo harán lo posible para descarrilar la consulta sobre el futuro del petróleo que realizará el gobierno de la ciudad de México el domingo 27 de julio.
Según la especie, es muy probable que los magistrados traten de impedir que el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) participe en la organización de ese ejercicio ciudadano. Los argumentos se elaboraban desde entonces para que durante la semana que comienza se puedan revisar y, según se dice, se exponga una hipótesis sólida que sea muy poco rebatible.
No obstante, existe la preocupación entre quienes delinean los argumentos de que todo se venga abajo frente a la certeza de hechos contundentes. Por ejemplo, las veces que el IEDF ha sido llamado por el Partido Acción Nacional para que colabore con él en algunos asuntos electorales internos.
Esa situación ha obligado a los magistrados a revisar una y otra vez la argumentación, por lo que aún no se ha logrado tener en firme la exposición, pero se supone que se desarrolla un doble esfuerzo para resolver el inconveniente, porque hay quienes aseguran que en el tribunal existe un compromiso con el gobierno federal para impedir los apoyos del IEDF a la consulta, pues sin esa colaboración la credibilidad del ejercicio sería fácilmente cuestionada.
Y es que los recursos legales del gobierno federal para impedir la participación ciudadana se han agotado, ya que ha quedado demostrado que sí existe el fundamento legal para efectuar la consulta, pese a la confusión al respecto que incluso la Secretaría de Gobernación ha tratado de crear.
Por eso ahora sólo queda desfondarla por el lado del IEDF. Está claro que después de las elecciones, aún sin resultado en el PRD, nadie podría confiar en que la consulta ciudadana pudiera ser creíble por más transparente que fuera, y es por ello que ahora se trata de impedir que el organismo electoral intervenga para dar certeza al ejercicio.
Porque la opinión de la gente sobre lo que Felipe Calderón quiere hacer con el recurso energético causa terror entre los habitantes de Los Pinos. Las recientes mediciones hechas sobre el futuro del petróleo indican que 78 por ciento de los consultados sí quiere opinar, y 75 está en contra de que se entregue a manos privadas el recurso.
Para los azules, la opinión ciudadana no tiene ninguna importancia. Los diputados panistas aseguran que como los resultados de la consulta no influirán en la decisiones que tenga que tomar el Congreso de la Unión, se trata de un ejercicio inútil, en otras palabras: la opinión de la gente no les importa, como no les ha importado en los largos y azarosos años de gobierno panista.
Si es verdad lo que se cuenta en el tribunal, este es el momento de intervenir, desde el gobierno o desde cualquier otro frente, para impedir que se trate de inhibir la actuación del Instituto Electoral del DF, que, por otra parte, ha ido atando todos los cabos sueltos que pudiera tener el ejercicio para que la consulta sea un ejemplo.
Sea como sea y aun cuando la consulta no se vincule al trabajo legislativo, su importancia radica, precisamente, en qué tanto debe pesar para los senadores de la República una opinión mayoritaria –si así se da– de quienes los eligieron, para tomar sus propias decisiones.
Porque si lo que se exprese en las mesas de recepción no tiene cabida entre los legisladores, el resultado de las elecciones de 2009, por más que se quieran levantar fuegos artificiales en torno al PRIAN, será seguramente de rechazo a quienes ni atienden ni entienden a sus votantes. ¡Aguas!