■ “No hay obligación para cumplir el dictamen”, afirma vocero
El gobierno de Texas advierte que no dará marcha atrás en la pena máxima
El gobierno de Texas informó que pese a la orden de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), no va detener el proceso y ejecutará a los cinco mexicanos que se encuentran en el llamado “corredor de la muerte”.
Según confirmó ayer el vocero del gobierno de Texas, Robert Black, la resolución de esta Corte de la Organización de Naciones Unidas no va a cambiar la decisión tomada en torno a este caso, por lo que el proceso contra los mexicanos continuará su curso normal, ya que se considera que no hay ninguna obligación para cumplir el dictamen de la CIJ.
Incluso señaló que ni siquiera la intervención de la administración del presidente de Estados Unidos, George W. Bush, podría parar las ejecuciones, ya que la máxima Corte del país ya dictaminó que el estado de Texas no está sujeto a tribunales extranjeros.
Dicha Corte determinó también en marzo pasado que Bush no tenía autoridad para ordenar a los estados que revisaran los casos de los 51 mexicanos condenados a muerte. Luego de esa decisión, el gobierno de Texas puso como fecha de ejecución el 5 de agosto para José Medellín, quien purga una pena por violar y asesinar a dos jóvenes en 1993.
Cabe referir además que el gobernador de ese estado no ha otorgado ningún perdón durante su mandato y que en este periodo se han ejecutado a 168 reos.
Repudio
Defensores de derechos humanos criticaron la negativa del gobierno de Texas de acatar la resolución de la CIJ, en la que solicita a la administración de ese estado “llevar a cabo todas las medidas necesarias” para detener la ejecución de cinco mexicanos sentenciados a muerte.
El presidente de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos, Adrián Ramírez, y el secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todos, Edgar Cortez, consideraron que con esa postura el gobierno texano confirma que en materia de respeto a las garantías fundamentales Estados Unidos “es arrogante, racista, discriminador y que no respeta la vida” de los seres humanos.
Con las afirmaciones de que no se acatará la resolución de la CIJ se pone de manifiesto que ese país “no tiene en este momento autoridad de ningún tipo para hablar del tema de los derechos humanos, ya que han sido incapaces de sumarse a la abolición de la pena de muerte”, aseguró Cortez.
Manifestó su preocupación por el hecho de que la justicia estadunidense dé muestras de actuar con discriminación. Subrayó que aunque sea una de las naciones “más reacias” a implementar la normativa internacional de derechos humanos, tiene la obligación moral de respetar las resoluciones de organismos internacionales, pese a que éstas no le favorezcan.
Por su parte, Adrián Ramírez, indicó que el gobierno del vecino país del norte “sencillamente ha demostrado sistemáticamente no respetar los derechos humanos ni las libertades fundamentales; mantiene prácticas diplomáticas de corte racista y pasa por encima de las resoluciones de la CIJ, que es producto del esfuerzo y consenso políticos y diplomáticos entre muchas naciones”.
El activista criticó que en Estados Unidos se nieguen a abolir la pena de muerte: “es una pena que ese castigo siga vigente en aquel país; es penoso que no respete las decisiones internacionales y ante la pena de muerte, esa nación nos da pena”.