■ Sagarpa y Semarnat: se evaluarán pros y contras de cultivos de OGM
Dependencias vetarán siembras de maíz transgénico para uso industrial
Las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no aprobarán las solicitudes para experimentos de maíz transgénico que contengan características que impidan o limiten su uso alimentario, se establece en las disposiciones jurídicas de bioseguridad que formarán parte del régimen especial de protección especial del grano.
Puntualizan que no se aceptará el maíz genéticamente modificado destinado para la elaboración de productos industriales y farmacéuticos, pues las modificaciones “pueden impedir o limitar el uso de nuevos productos como alimento”.
Sagarpa será responsable de verificar que las zonas de experimentación tengan la infraestructura y medidas de seguridad necesarias y los solicitantes cuenten con el personal capacitado para realizar pruebas con el grano genéticamente modificado. También hará la comparación de los materiales genéticamente modificados con las variedades y razas de maíz tradicionales.
En esta versión del documento, que en breve será publicado en el Diario Oficial, Sagarpa y Semarnat asientan que los lineamientos jurídicos se apegan al Protocolo de Cartagena, el cual obliga a los países que lo suscribieron –incluido México– a diseñar e implantar una política de bioseguridad acorde con el régimen internacional en la materia.
Reconocen que las comunidades rurales e indígenas han preservado la diversidad de variedades criollas y mejoradas del maíz, así como sus parientes silvestres que representan un legado para la humanidad. “El maíz es base de la alimentación de los mexicanos, un bien comercial y constituye parte fundamental de la cultura, por lo que la conservación y protección de sus variedades es una prioridad nacional”, destacan.
Aseguran que evaluarán caso por caso los experimentos aprobados, pues toda innovación debe someterse a dicho procedimiento “tanto por los beneficios que potencialmente puede conferir como por los riesgos que puede involucrar su uso, sobre todo en México, centro de origen y diversidad genética del maíz”.
El Estado, agregan, promoverá, generará y apoyará instrumentos económicos y de mercado que permitan desarrollar, mantener y proteger la producción de maíz destinada a “resolver necesidades específicas del país”, y que beneficien directamente a productores; pero “las políticas de protección al grano y la evaluación de tecnologías aplicables para el desarrollo de la actividad agrícola debe armonizarse con las políticas de conservación y protección de la riqueza biológica” del país.
Las disposiciones jurídicas están plasmadas en seis capítulos y 17 artículos en los que se establecen las disposiciones generales, normas de seguridad, mecanismos de inspección y vigilancia, medidas de control y cuatro artículos transitorios, uno de los cuales asienta que el acuerdo se podrá modificar o revisar conforme se genere y actualice la información científica y técnica.
Trascendió que los experimentos se efectuarán en 14 entidades, entre ellas Sonora, Sinaloa, Guanajuato y Nuevo León, y que las disposiciones complementarias que formarán parte del régimen de protección especial de maíz, a cargo de la Comisión Intersecretarial de la Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, así como las políticas públicas para la protección, utilización, desarrollo y aprovechamiento sustentable de las especies de las que México es centro de origen o de diversidad genética, estarán listas a más tardar en marzo de 2009.