■ Sin ética, abusan de campesinos y provocan el éxodo de comunidades, denuncia activista
Mineras canadienses provocan deterioro irreversible del medio ambiente en AL
■ Las irregularidades las cometen con la complacencia de los gobiernos, en especial del mexicano
Ampliar la imagen Las mineras canadienses son tan perjudiciales para otros países, que la misma comunidad de la nación norteamericana las cuestiona Foto: La Jornada
Las mineras canadienses carecen de sentido ético y responsabilidad social, han emprendido una especie de “nueva colonización” de México y América Latina al explotar suelos, engañar y abusar de campesinos y deteriorar de manera “irreversible” el medio ambiente con la instalación de minas que les dejan “jugosas” ganancias, aseguró Marie Dominik Langlois, coordinadora del Comité de Derechos Humanos en América Latina.
En el marco de una visita de trabajo y análisis a varias localidades del país, la activista de la organización no gubernamental –con presencia en Montreal y Quebec— señaló que las “irregularidades” en las que incurren las empresas “cuentan con la complacencia” de los gobiernos de la región, mientras que las autoridades canadienses “no se responsabilizan” de los “daños” que causan las compañías de su país.
Contrario a los argumentos que dan empresarios y gobiernos, Langlois descartó que la actividad de estas mineras redunde en desarrollo para las comunidades en las que se establecen, porque no generan empleos ni respetan el derecho a la consulta de los pobladores, a fin de que sean ellos los que decidan sobre permisos para que otras empresas funcionen en sus territorios.
Contrario a ello, subrayó que las empresas mineras degradan el medio ambiente, explotan el suelo, reprimen a algunas poblaciones y las obligan a dejar sus lugares de origen, pagan cantidades muy bajas por los derechos de concesión con relación a las ganancias que obtienen y omiten informar a las comunidades sobre los efectos a largo plazo que tendrán sus actividades de explotación en el sitio.
Ante esta perspectiva, indicó que diversos sectores de la comunidad canadiense exigen constantemente al Parlamento de su país poner atención a los “abusos” en los que están incurriendo dichas compañías. Además, exhortó a las comunidades mexicanas y de América Latina afectadas, así como a las ONG nacionales, acercarse a las agrupaciones civiles de Canadá para que mediante presión social conjunta se pueda conseguir que el gobierno de aquel país obligue a sus empresarios a aplicar un “código de ética” con los pueblos latinos y sólo apoye a firmas que respeten los derechos humanos de los ciudadanos de los lugares en los que se establezcan.
“Hace tiempo los canadienses considerábamos que las compañías de nuestro país generaban riqueza en las naciones en desarrollo; sin embargo, al hacer conciencia y conocer su manera de actuar, concluimos que resultan agresivas y violentas para con estas naciones, y también contra su medio ambiente”.
Asimismo, propuso crear la figura de un ombudsman –en Canadá y otros países— que atienda “los graves problemas generados por las mineras”, aunque aceptó que esto no representaría la solución al conflicto.
Dijo que la “destrucción ambiental” que provocan las minas a cielo abierto se hace patente al analizar el caso de la mina de oro Yanacocha, al norte de Perú, la más grande en la región, “pues es uno de los lugares más contaminados del mundo y no ha generado desarrollo para la comunidad en la que se ubica”.
Insistió en que los gobiernos de la región y en particular el mexicano, han carecido de interés por frenar el conflicto a fin de proteger, sobre todo, a la población local.
Resaltó que cuando alguna empresa solicite un permiso de explotación del suelo sería un avance si se le exige: garantizar el derecho de la ciudadanía a tener información “libre” en torno a los proyectos, presentar planes de cuidado ambiental, que las compañías asuman su responsabilidad ética y social, y que se practiquen ejercicios de consulta entre los afectados, a fin de que “de manera democrática” sean las comunidades las que decidan si permiten la instalación de las mineras.
En su visita al país, la activista visitará la minera San Xavier, en San Luis Potosí, y algunos puntos de Oaxaca, entre otros.