Editorial
Seguridad: viraje urgente
El poder de la delincuencia organizada crece a la vista de todo mundo. Ayer, en puntos distantes del territorio nacional –las capitales de Oaxaca y Sinaloa, el municipio mexiquense de Tultepec, la Comarca Lagunera de Coahuila, entre otros– la criminalidad dio muestras de su capacidad ofensiva, ante la cual las corporaciones policiales exhiben una debilidad alarmante. Es significativa, a este respecto, la protesta que realizaron ayer agentes ministeriales en Culiacán, en demanda no sólo de mejoras salariales sino también de mejores armas y equipo.
En lo que va de la presente administración, y en el contexto de la aparatosa ofensiva contra la inseguridad, han muerto casi medio millar de militares y policías. Los segundos son especialmente propensos a enfrentar la encrucijada de dejarse corromper por las organizaciones delictivas o ser asesinados, y ni los gobiernos estatales ni el federal parecen capaces de hacer algo significativo para ayudarlos a evitar esa disyuntiva. En cambio, las corporaciones criminales escalan el conflicto, exhiben armamento cada vez más mortífero, técnicas de transporte que incluyen submarinos, como el capturado ayer en costas de Oaxaca, acciones cada vez más audaces y estilos de violencia cada vez más atroces.
En esta perspectiva, la “guerra contra el narcotráfico”, en los términos en los que fue emprendida por el gobierno de Felipe Calderón, podría generar, entre otros efectos indeseables, un severo colapso de las fuerzas del orden y llevar al país a una situación mucho más crítica en materia de inseguridad, impunidad y ausencia de estado de derecho que la que imperaba en el sexenio anterior, que era de por sí estremecedora.
Ayer, al aprobar las designaciones de los nuevos titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia capitalinas, presentadas por el Gobierno del Distrito Federal, el titular del Ejecutivo federal dijo que los temas de seguridad pública deben estar por encima de cualquier distingo partidista y ser tratados como “asunto de Estado”. Ello es cierto, en principio, toda vez que la seguridad es un elemento central de la vida pública y uno de los compromisos esenciales que dotan de sentido la existencia de las instancias públicas. Pero en esa misma lógica el gobierno federal tendría que realizar una revisión profunda y exhaustiva de sus políticas en materia de seguridad y darse cuenta de que éstas no se han traducido en una reducción en los índices delictivos ni en un debilitamiento de las organizaciones criminales, sino en una terrible crisis de inseguridad, reflejada en miles de muertes y en una ola imparable de violencia en todo el territorio nacional.
Resulta urgente, en efecto, que la seguridad pública sea asumida como un asunto de Estado, y que se avance en la formulación y aplicación de las políticas correspondientes. Pero difícilmente podría lograrse tal objetivo sólo con el concurso de las elites militares y el apoyo político de los sectores conservadores y autoritarios convencidos de la necesidad de la cuestionable política de “mano fuerte”. Es necesario, además, que la autoridad tome en cuenta a la ciudadanía, y no para reclutarla en masa como informante de la policía, sino para entender a cabalidad los complejos fenómenos de la delincuencia. Tendría que empezar, en este espíritu, por escuchar las innumerables opiniones de ciudadanos, especialistas, científicos sociales y organizaciones de derechos humanos que desaconsejan la estrategia militarista como forma de combate a la delincuencia y demandan que se atiendan las causas profundas de la criminalidad, empezando por el deterioro sostenido que desde hace décadas enfrenta la mayoría de la población en materias como educación, salud, condiciones laborales y salarios, vivienda, transporte y servicios sociales.
Una verdadera política de Estado en materia de seguridad pública va mucho más allá de la aplicación de la fuerza bruta, la cual es el último recurso de la autoridad, no el primero: debe irse al conjunto de los factores que provocan el fortalecimiento de los grupos criminales. En suma, la actual administración tendría que ser consciente de que las estrategias empleadas hasta ahora se han traducido en un baño de sangre por todo el territorio nacional, han hundido a la población en el temor y la zozobra y, de acuerdo con los indicios disponibles, han fortalecido a las organizaciones criminales y debilitado a los cuerpos policiales.