■ Enfrentan problemas para cubrir pago de la nómina del siguiente mes, afirma diputado
En crítica situación financiera, 6 universidades públicas en México
■ Insta a destinar parte de los excedentes petroleros a las instituciones de educación superior
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Reunión en la Cámara de Diputados en la que se entegraron los estados financieros de las universidades públicas
Foto: Francisco Olvera
Al denunciar que en lo que va del año se ha incrementado a seis el número de universidades públicas con problemas financieros, incluso para garantizar el pago de nómina, Antonio Ortega Martínez, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, advirtió, ante el subsecretario de Educación Superior, Rodolfo Tuirán Gutiérrez, que “si en México se cae el sistema de educación superior, no tenga duda que el país corre el riesgo de caerse”.
En la entrega, por segundo año consecutivo, de los estados financieros de 38 instituciones públicas de educación superior afiliadas a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Antonio Ortega aseguró que “ningún país ni sistema político logra superar sus obstáculos, se moderniza y alcanza sus objetivos si no resuelve el problema del financiamiento en este nivel educativo”.
Recordó que hace un año “aquí se anunciaba que tres universidades enfrentaban problemas con el pago de la nómina del siguiente mes, y hoy el informe que tenemos es que ya son seis las instituciones que enfrentarían la dificultad para sufragar la nómina de los meses siguientes”.
Por ello, exhortó al gobierno federal a destinar parte de los recursos obtenidos de los excedentes petroleros a fortalecer las universidades públicas del país.
Tras solicitar al subsecretario Tuirán Gutiérrez que transmita su mensaje a la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Josefina Vázquez Mota, quien no asistió al encuentro, afirmó que se deben “valorar, reconocer y pensar” iniciativas como la presentada por la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, quien creó un fondo de 2 mil millones de dólares de los excedentes obtenidos en la explotación del cobre para financiar un programa de becas de estudios de posgrado para estudiantes chilenos.
Por su parte, Tuirán Gutiérrez aseguró que la SEP mantiene un seguimiento “permanente” de la situación financiera de cada una de las universidades públicas, y afirmó, con relación a las seis instituciones con problemas económicos, que quizá esto se deriva “del hecho de que todavía no termina el ejercicio fiscal y aún están distribuyéndose los seis fondos extraordinarios, particularmente el de saneamiento financiero, así como los que atienden el buen desempeño institucional, y otros que atacan problemas estructurales como pensiones y regularización de plantilla”.
Insistió en que un balance “adecuado sólo lo podríamos tener hacia finales del año”, aunque reconoció que ante “situaciones de riesgo, intervenimos, y lo vamos a seguir haciendo para garantizar que todas las instituciones de educación superior públicas tengan viabilidad de largo plazo y podamos combatir los problemas financieros que enfrentan a lo largo del año”.
Adelantó que en las próximas semanas sostendrá reuniones con representantes de las universidades que enfrentan los problemas financieros “más acuciantes, a fin de revisar su situación y tener soluciones al respecto”.
Tuirán Guitérrez reconoció que dentro del grupo de universidades afectadas están las autónomas de Sinaloa y Morelos, pero también destacó el caso de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
Bachillerato obligatorio
Tonatiuh Bravo Padilla, presidente de la Comisión de Educación y Servicios Educativos, aseguró que entre más se conoce sobre el destino y el impacto académico de los recursos asignados a las universidades públicas, “más se puede avanzar en los consensos para superar la meta de otorgar el uno por ciento del producto interno bruto a educación superior”.
El legislador perredista también se sumó al llamado para reformar el artículo tercero constitucional con la finalidad de hacer obligatoria la educación media superior”, pues enfatizó que un país donde 50 por ciento de los jóvenes en edad de acudir al bachillerato “están fuera del sistema educativo no puede construir un mejor futuro”.
Aunque destacó que la obligatoriedad debe ser “gradual, para que no genere ningún colapso a ninguna entidad federativa ni al gobierno federal”, pues insistió en que el desarrollo del país depende también de la educación.
En tanto, Tuirán Guitérrez informó que a partir de septiembre próximo, 28 nuevas instituciones públicas de educación superior iniciarán actividades, además de que se crearán ocho campus universitarios en todo el país, con lo que se abrirán 30 mil nuevos espacios de enseñanza, adicionales a los 50 mil lugares que se prevé generar como parte de las acciones para el fortalecimiento de la matrícula en este grado educativo.
Por su parte, Raúl Arias Lovillo, rector de la Universidad Veracruzana, quien también acudió al encuentro en representación de Rafael López Castañares, secretario general de la ANUIES, insistió ante los legisladores sobre la necesidad de seguir apoyando la educación superior, pues afirmó que “así se apuntala con firmeza el futuro de la nación”, y agregó que la rendición de cuentas también es una “convicción ética y una obligación jurídica” de las universidades públicas.