Profepa en Tulum, ¿flor de un día?
El empresario y actor Roberto Palazuelos lanzó por la radio de Quintana Roo una advertencia al director regional de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, Alfredo Arellano: “Mira lo que estás haciendo, acuérdate de éstos, porque alguien de toda esta gente que estás perjudicando o te va a meter a la cárcel o te va a dar un tiro. Ten cuidado, Arellano, porque ya he sabido de varias gentes de ahí que te traen unas ganas como ni tienes una idea”. El junior, que aparece como propietario del hotel Diamante K y preside una fantasmal asociación (Guardianes de Tulum), respondió así a la clausura de su hotel y de siete más decretada por la Procuraduría Federal de Protección del Medio Ambiente (Profepa). Los motivos: estar ubicados en una reserva federal, no contar con la manifestación de impacto ambiental y cambiar el uso del suelo de los predios donde se asientan los hoteles.
Palazuelos dijo también en la entrevista que hay otros “desarrollos” irregulares, como el Azul Blue, intocables porque allí hay intereses de los hijos de la señora Marta Sahagún y por eso reciben protección del actual procurador, el ex gobernador de Yucatán, Patricio Patrón Laviada, a quien acusan de actuar por venganza, por revanchismo, pues a Quintana Roo lo gobierna un priísta que ayudó a derrotar al PAN en las elecciones celebradas en Yucatán el año pasado.
Las clausuras desataron una intensa polémica en Quintana Roo y ninguna respuesta oficial a las amenazas del señor Palazuelos. Destacan las ácidas críticas del sector privado y políticos ligados a las autoridades locales. Las consideran mala señal para inversionistas y visitantes. Se habla hasta de “clima de violencia y caos” porque los inspectores de la Profepa fueron apoyados por elementos de la Armada. Sin embargo, se garantizó a los turistas el término de su estancia en los hoteles afectados. En el colmo, dos de ellos, El Mezzanine y el Diamante K, de Palazuelos, violaron la clausura y volvieron a recibir huéspedes.
Si son verídicos los datos del Partido Verde (crítico de las clausuras) son mil 200 las denuncias ambientales no atendidas en los últimos cuatro años por las autoridades federales. La Procuraduría, descubren ahora, es nido de corrupción e ineficiencia, especialmente con la llegada de Acción Nacional a Los Pinos. Se aprueban proyectos que violan la normatividad ambiental gracias al influyentismo y el poder del dinero.
Los críticos ocultan que la corrupción y el incumplimiento de la legislación son tan antiguos como el inicio de Cancún y la Riviera Maya, los dos principales destinos turísticos del país. Sobran en la prensa local y nacional las denuncias y los nombres de funcionarios, políticos y empresarios implicados en negocios irregulares. Por eso desde el gobierno se avalan proyectos que violan el uso del suelo y la densidad de construcción permitida, carecen de la manifestación de impacto ambiental o invaden la zona marítima federal terrestre. Ello explica también por qué las denuncias ciudadanas se pierden en la maraña burocrática. Y cuando son atendidas, el daño ya está hecho y con una multa se da vuelta a la hoja y se entierra la legislación para garantizar el buen estado de manglares, humedales, dunas y áreas coralinas, por ejemplo. Agreguemos obras no autorizadas para formar pequeños manchones de playa en hoteles o mansiones que la perdieron por el avance del mar. Esas obras causan desajustes en áreas cercanas.
Ahora, hasta quienes critican las clausuras reconocen que en Cancún y en la Riviera Maya ha habido negligencia de las autoridades para cumplir la ley ambiental y de uso del suelo y proteger los parques nacionales. Que olvidan su deber so pretexto de que la actividad turística genera empleo y atrae divisas. La permisividad no sacia a ciertos inversionistas, como los de origen español, que con arrogancia exigieron al gobierno mexicano vía libre para sus “desarrollos” durante la última visita del presidente Rodríguez Zapatero a Cancún.
Si la actuación de la Profepa en Tulum no es, como afirman algunos críticos, flor de un día, debe proceder contra otros conocidísimos “desarrollos” irregulares, autorizados y protegidos por las instancias oficiales.