Acción colectiva: más allá de la consulta
Sería formidable que en México cualquier ciudadano pudiera demandar en un tribunal el cumplimiento de la ley. Eso sí constituiría un recurso importante. ¡Qué IFAI ni qué ocho cuartos! Porque, después de todo, ¿de qué sirve la “transparencia” como cosmético?
No, no. De lo que se trata sería de que sin más trámite los mexicanos pudieran recurrir a los tribunales para reclamar el cumplimiento de la ley, de todas las leyes. Imaginen los lectores que en nuestro país cualquier persona tuviera acceso a un recurso legal, general, por medio del cual pudiera exigir el restablecimiento del estado de derecho. En ese caso, el sistema jurídico mexicano reconocería a los ciudadanos el derecho a requerir por medio de una acción la reparación del daño que implica la violación grave y sistemática de la ley.
Bajo esta premisa, un ciudadano se vería ofendido por el sólo hecho de estar en el espacio jurídico en el que se viola la ley. Como toda parte agraviada, podría recurrir a los tribunales de la llamada acción colectiva para resarcir los daños. No sería necesario demostrar, como en la actualidad, que hay un “interés jurídico” (afectación directa en sus bienes o su persona por el acto reclamado). Para acceder a la acción colectiva bastaría formar parte del espacio legal en el que se ha producido el incumplimiento de la ley. La presunción de la transgresión sería suficiente para detonar la acción colectiva.
Imaginemos que un recurso de acción colectiva hubiera existido siempre en México. Entonces, en 1995 la sociedad civil habría demandado al Banco de México, la SHCP y la CNBV por el fraude del Fobaproa. Esto hubiera precipitado un debate sobre el crimen del siglo y quizás una solución diferente a la que hoy sigue distorsionando las finanzas públicas. Podría haber demandado también a la Comisión Federal de Electricidad por violaciones sistemáticas a la legislación en materia nuclear en la operación de su planta de Laguna Verde.
Hoy estaría demandando a la Sagarpa y a Semarnat que pretenden aprobar ilegalmente la liberación de maíz genéticamente modificado en el campo mexicano. Habría impugnado los enjuagues que han marcado al Instituto Federal Electoral, incluso desde su creación. Habría recusado la venta y las concesiones ilegales sobre el patrimonio natural y cultural de la nación, desde las playas de Baja California hasta Quintana Roo. Y hace años se habrían multiplicado las demandas en contra de malos manejos, licitaciones torcidas y negocios sucios en Petróleos Mexicanos. Hoy, cualquiera de nosotros podría demandar al secretario de Gobernación por sus contratos mal habidos con Pemex.
Pero en México no es posible demandar a una agencia o funcionario del gobierno por violaciones a la ley, a menos que uno pueda demostrar haber sido afectado directamente por ese quebranto legal. Como si se pudiera vivir, sin sentirse agraviado, en un espacio jurídico en el que sistemáticamente se viola la ley.
Este estado de cosas le sienta bien al neoliberalismo. Y Margaret Thatcher lo resumió en una sola frase: “No existe la sociedad”. Ésta es la sentencia más importante del decrépito ideario político neoliberal: lo único que existe es una sumatoria de intereses individuales. Para los neoliberales no hay relaciones sociales distintas a las del intercambio privado. Por eso en nuestro país la tradición jurídica del orden público y el interés social ha estado bajo el ataque neoliberal desde hace 20 años, y hoy está a punto de desaparecer.
De existir la acción colectiva las implicaciones serían profundas. Frente al caos en que florece lo arbitrario, se yergue la racionalidad del ámbito forense donde el desahogo de pruebas y los alegatos imponen una dinámica contraria a la loca carrera de la arbitrariedad y la corrupción. Por definición, los actos de corrupción no toleran la luz que implica la disciplina y la lógica de un proceso judicial. Por eso la perspectiva de enfrentar una acción colectiva tendría un efecto de disuasión nada despreciable sobre los funcionarios corruptos y prepotentes.
La consulta ciudadana sobre la reforma privatizadora de Pemex es un freno a la manipulación del gobierno federal. Pero habría que aprovechar esta coyuntura de movilización para ir todavía más lejos. Es urgente colocar en manos de todo ciudadano el recurso de la acción colectiva para permitirle tomar la iniciativa y luchar con instrumentos eficaces contra la injusticia.
Hoy, las organizaciones civiles en México deben desarrollar una estrategia para exigir las reformas legales que desemboquen en la creación del recurso de acción colectiva. Ésta no es la panacea, también faltaría tener tribunales honestos, otro tema crucial. Pero por lo pronto la fuerza de un recurso como la acción colectiva iría erosionando la capacidad del poder, hasta hoy ilimitada, de revolcar al país en la ilegalidad.