■ “Amañada interpretación de estatutos” para negar toma de nota a Napito
Demanda el sindicato minero a Lozano por abuso de autoridad
■ La querella presentada ante la PGR incluye a otros funcionarios de la STPS
El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) interpuso ayer ante la Procuraduría General de la República (PGR) una demanda penal contra el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón, por considerar que incurrió en abuso de autoridad al negar a Napoleón Gómez Urrutia la toma de nota como secretario general del gremio, informaron los abogados Eduardo Amerena Minville y Marco Antonio del Toro Carazo.
En conferencia de prensa, en la que también estuvo presente Carlos Pavón Campos, secretario de asuntos políticos del SNTMMSRM, el abogado laboral Carlos de Buen Unna dio a conocer que a principios de este mes el gremio solicitó un amparo contra la negativa de la STPS a otorgar la citada toma de nota, recurso que recayó en el juzgado sexto de distrito en materia del trabajo, el cual señaló audiencia constitucional para el 18 de agosto.
De Buen Unna sostuvo que la forma en que Lozano Alarcón trató el asunto, al hacer una interpretación de los estatutos sindicales “no sólo equivocada, sino amañada”, así como la difusión mediática que dio a esta resolución, al ofrecer una conferencia de prensa para informar de la situación y entregar un extenso documento al respecto, es “inédita e inusual”, y sostuvo que los argumentos expuestos en la petición de amparo son tan contundentes que el gremio confía en que “prosperará”.
Coincidió con Amerena Minville en que los funcionarios de la STPS “se excedieron en su interpretación anómala de los estatutos” del SNTMMSRM para emitir la negativa el pasado 23 de junio. Dijo también que incluso la dependencia se equivocó al exponer como argumento que sería un prófugo de la justicia y por tanto no gozaría de garantías sindicales.
“Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice que los únicos derechos que se suspenden a un prófugo de la justicia –que Gómez Urrutia no lo es–, si fuera el caso, son los jurídicos”, estableció de Buen Unna, mientras Amerena Minville señaló que la interpretación de los estatutos fue perversa, además de que “con esta resolución se están violentando los criterios de la SCJN, en el sentido de que la presunción de inocencia opera en todas las materias, y a cualquier persona que se le imputa un delito tiene derecho a que se le reconozca el buen nombre y a no ser tratado como culpable”.
En tanto, Del Toro precisó que la sanción para el abuso de autoridad es “privativa de la libertad” e implica “inhabilitación como servidor público, con una pena máxima –de encontrarse culpable– de cinco años”. Acotó que de no atenderse la denuncia penal “acudiremos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues este asunto tiene un trasfondo de persecución indigna”.
La denuncia penal no sólo es contra Lozano Alarcón, sino contra sus “copartícipes Álvaro Castro Estrada, Pablo Muñoz y Rojas, Juan Cornejo Moreno y Sergio Méndez Silva, todos funcionarios de la STPS, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de abuso de autoridad y contra la administración de justicia en agravio del sindicato minero”.
Ante esta “persecución”, Pavón Campos señaló que los mineros están dispuestos a realizar nuevas movilizaciones e incluso comenzar nuevos paros, pero dijo que ello se determinará en los próximos días.
Los litigantes comentaron que en el STPS existe una “clara inclinación hacia los intereses de Grupo México al negar la toma de nota a Gómez Urrutia y al secretario general suplente, Mario García Ortiz”.