Las tragedias del dinero fácil
Al lado del trabajo abnegado y del sufrimiento de miles de familias, el dinero fácil corre también por las fronteras. Así pasa en Ciudad Juárez, donde todos los meses del año hacen su agosto delincuentes de diverso tipo y violadores o torcedores de la ley con toda impunidad.
Ahora, que por fin llueve en el desierto, se revela precisamente esa fauna del dinero fácil en la frontera: los negocios de inmobiliarias y construcción. En el desarrollo El Barreal, al sur de la ciudad donde después de los 90 se han construido 40 nuevas colonias con más de 12 mil viviendas. Tres mil de éstas se han inundado parcial o totalmente desde que llegaron las lluvias el 9 de julio. Desde entonces todas las familias viven en la zozobra en cuanto ven que se nubla el cielo.
Las 12 mil viviendas y edificios públicos como la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez viven en constante peligro de inundarse por una sencilla razón: están asentadas en el lecho de la laguna de Patos, en un suelo altamente impermeable. Posiblemente en tiempos de sequía nadie notó que ahí estaba la laguna, pero en cuanto llueve un poco el agua reclama sus espacios. Así es el desierto.
¿Cómo fue que se autorizó realizar desarrollos de vivienda en terrenos como ésos? La Comisión Nacional del Agua condicionó la autorización a que se realizaran las obras de protección necesaria: construcción de diques y perforación de pozos de absorción. Como no llenaron los requisitos nunca permitió la autorización. Sin embargo, con la connivencia o la complicidad de las autoridades de todos los niveles, los terratenientes vendieron los terrenos y los constructores hicieron los desarrollos de viviendas.
Ahora estas 12 mil familias han perdido parte o la totalidad de su patrimonio a causa de las inundaciones y eso que el temporal de lluvias apenas comienza. Y aunque el gobierno municipal ha atendido –tardíamente– la emergencia, nadie se hace responsable de la indemnización por las viviendas y bienes dañados.
Ésta es una situación extrema: pérdida total o parcial del patrimonio inmobiliario o mobiliario de las familias de la clase trabajadora por causa de las inundaciones. Sin embargo, la pérdida progresiva del patrimonio se da en estos nuevos fraccionamientos desde que se adquiere la vivienda: la reducida extensión y la mala calidad de los materiales aunado a los deficientes o inexistentes equipamientos: áreas verdes, centros educativos y culturales, etcétera, hacen que la inversión familiar se deteriore a pasos agigantados sin que haya ley o autoridad alguna que lo impida.
No sólo eso por desgracia. También conspiran en contra del patrimonio familiar las hipotecarias y los despachos de cobranza extrajudicial. Las primeras, mediante los excesivos cobros por intereses y condiciones leoninas contra los prestatarios; los segundos, a través del continuo hostigamiento para obligar a las familias a realizar altos pagos. Esto ha orillado a que se tengan que abandonar cientos de viviendas recién adquiridas por imposibilidad de pagarlas.
El resultado final de todo este proceso es la sobrexplotación y el despojo de las familias trabajadoras en la frontera. Se les explota en la esfera de la producción mediante los bajos salarios y malas condiciones de trabajo en la industria maquiladora. Pero también en la esfera de la reproducción de su vida, vendiéndoles viviendas caras, de mala calidad, en fraccionamientos con malos servicios y de alto riesgo.
Así, la economía de la ilegalidad típica de la frontera no sólo tiene como protagonistas a narcos y lenones, también están los terratenientes urbanos, los especuladores inmobiliarios y muchos constructores de viviendas. Ellos, en descarada connivencia, promiscuidad o endogamia con los políticos, todos los días se benefician del dinero fácil a costa de los más.