■ Cobran a familias de jornaleros hasta 30 mil pesos por cada lote; denuncian fraude

Vende el gobierno de BC terrenos que la Federación cedió a indígenas

■ Demandan anulación del decreto federal que les otorgó 50 hectáreas; es letra muerta; abogada

■ Se quejan de recargos y embargos por mensualidades atrasadas; ocupan los predios desde 1993

Antonio Heras (Corresponsal)

Ensenada, BC, 27 de julio. Jornaleros indígenas oriundos de Oaxaca y avecindados en Baja California pidieron al gobierno federal dejar sin efecto, por incumplimiento, un decreto que otorgó a Baja California 50 hectáreas para entregarlas a las comunidades mixteca, nahua y triqui asentadas en el cañón Buenavista de Ensenada, porque la administración estatal panista les vende los terrenos.

“Queremos justicia. No queremos pelear con el gobierno federal, pero no podemos quedarnos callados, porque el estatal está cometiendo fraude. Nosotros somos auténticos posesionarios”, dijo el dirigente triqui Julio Sandoval Cruz.

“Soy gente humilde. No tengo estudios, sólo la verdad. Por eso busco justicia, para tener lo que merecemos hombres y mujeres: un lugar donde vivir las familias nahuas, triquis y mixtecas”, añadió el líder indígena, quien pasó dos años en la cárcel (de 2001 a 2003) acusado de despojo agravado por pelear los terrenos donde vive con su familia.

Julio y dos de sus hijos, junto con otros tres indígenas que también fueron a la cárcel acusados de despojo, pagaron alrededor de 26 mil pesos en fianzas.

Julio considera que fue uno de los presos y perseguidos políticos del gobierno de Vicente Fox Quesada, en el sexenio anterior.

Sandoval Cruz afirmó que en sus 18 años de residir en Baja California ha sido víctima de discriminación, abusos, violación de derechos, persecución y cárcel. El gobierno “piensa que soy guerrillero”, dijo.

La solicitud de cancelar el decreto, agregó, se debe a que el gobierno de José Guadalupe Osuma Millán pretende vender predios a quienes desde 1993 ocupan zonas que eran terrenos nacionales.

Los lotes, ubicados 60 kilómetros al sur de Ensenada, son vendidos hasta en 30 mil pesos a trabajadores temporales que ganan jornales de 110 pesos diarios en ranchos de San Quintín.

Promesas incumplidas

En julio de 2003, por decreto de Vicente Fox, la Secretaría de la Función Pública cedió alrededor de 50 hectáreas al gobierno de Baja California para “regularizar la tenencia de la tierra en beneficio de sus poseedores y realizar obras de urbanización”.

En el documento se acota que el gobierno estatal se encargaría de regularizar los asentamientos humanos, dar seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, impulsar el ordenamiento territorial y mejorar las condiciones de la zona.

Pero el decreto es letra muerta, según la abogada Marisol Pérez Prado, quien explicó que las autoridades estatales condicionaron la venta de predios a las más de mil 500 familias que las ocupan desde 1993. Sostuvo que la venta se inició cuando los terrenos todavía eran nacionales.

Pérez Prado, representante de los triquis, advirtió que el decreto estipula que quedará sin efecto si después de un año no se concreta la operación autorizada, por lo que se solicitó a la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario del gobierno federal que lo cancele por incumplimiento del gobierno estatal y se resarza a los posesionarios.

El gobierno de Eugenio Elorduy Walther (2001-2007) fracasó en su nintento de vender propiedades de 200 metros cuadrados a cada familia indígena, lo que provocó un problema jurídico y social que persiste hasta hoy. “Yo no echo mentiras. Luego que salí de la cárcel me dijeron que me fuera del estado, pero voy a seguir luchando, y si me pasa algo, ellos (el gobierno estatal) serán los responsables”, dijo Sandoval Cruz.

Agregó que la administración del panista Osuna Millán ha creado un clima de temor, porque “no sólo decidieron vendernos las tierras, sino que aplican recargos o embargan a aquellos que se retrasan su mensualidad.

“No tengo miedo a morir, pero ¿cómo vivir en este mundo que no tiene justicia?”, se preguntó Julio Sandoval.