Editorial

Petróleo: balance de la consulta ciudadana

La consulta ciudadana sobre la reforma petrolera, Yo decido, que se realizó ayer en esta capital y en nueve entidades de la República, constituye en esencia un ejercicio ciudadano ejemplar, que transcurrió con calma y civilidad, y que arroja resultados positivos con respecto al futuro del país y a su vida democrática.

El resultado, una victoria contundente del No –superior a 80 por ciento– al proyecto de privatización parcial de Petróleos Mexicanos (Pemex) elaborado por el Ejecutivo federal, es un indicador claro de la oposición ciudadana ante la eventual entrega de segmentos de la industria nacional del petróleo a manos de particulares, y confirma lo que ya se había manifestado en las calles y constatado en los debates que tuvieron lugar en Xicoténcatl del 13 de mayo al 22 de julio: la inviabilidad del conjunto de iniciativas presidenciales en los terrenos jurídico, constitucional, económico y político.

En lo inmediato, el resultado de la consulta de ayer reviste importancia porque definirá el rumbo de un movimiento ciudadano en defensa del petróleo amplio y creciente, que ya logró frenar un albazo legislativo y promover la realización de los foros de discusión en el Senado. Ambos hechos representan triunfos inequívocos de la organización ciudadana y plantean, en conjunto, un parteaguas en la historia política del país: mediante ellos se evitó la disolución de la propiedad pública más importante de la nación, se puso en evidencia la desinformación de los legisladores en torno a un tema de capital importancia y se les forzó a escuchar las diversas posturas sobre el manejo y el porvenir de la industria nacional de los hidrocarburos.

Por añadidura, la auscultación pública de ayer plasmó la articulación formal de toda una corriente de opinión ante los designios privatizadores, entreguistas y antinacionales, entre cuyas expresiones está la ya mencionada iniciativa presidencial, pero también la propuesta presentada esta misma semana por el Partido Revolucionario Institucional que es, a decir de diversos analistas, una versión edulcorada de las propuestas presidenciales.

Ciertamente, el volumen de participación que se registró en la ciudad de México –alrededor de 870 mil sufragios–, deja la impresión que el de ayer es un ejercicio perfectible, cuyos alcances pudieron haber sido mayores si se toman en cuenta las expectativas generadas y el hecho de que contó con el respaldo del Ejecutivo y el Legislativo locales, del órgano electoral del Distrito Federal y de importantes representantes de la vida intelectual, artística, académica y periodística del país.

En particular, la abstención en esta capital, cuya sociedad ha dado el respaldo durante la década pasada a una visión alternativa de país y a proyectos de gobierno de corte social y progresista, debiera ser motivo de profundo análisis por parte de los organizadores, quienes deben poner especial atención en el manoseo político que se hizo, en los días previos, de este ejercicio ciudadano, un factor que, según puede verse, acabó por mermar la confianza en torno a su imparcialidad.

Del mismo modo, no puede pasarse por alto que la consulta fue, desde su concepción, blanco de las más burdas descalificaciones, de una campaña de desinformación y de las mentiras emprendida por la cúpula político-empresarial que detenta el poder en el país. Estos factores, por lo demás, no debieran desanimar a quienes promovieron y participaron en la jornada de ayer, sobre todo porque ésta confirmó la necesidad de que la ciudadanía avance hacia una participación más activa en la vida democrática, se involucre cada vez más en las decisiones del gobierno y, en conjunto, se convierta en un factor de peso constante al momento de determinar el rumbo de la nación.

Finalmente, si bien es cierto que el sondeo público de ayer no tiene carácter vinculante, es de esperar que los legisladores tomen en cuenta, en su justa dimensión, la negativa expresada. Sería deseable y necesario, asimismo, que en aras de un auténtico espíritu democrático, el ejercicio de ayer en la ciudad de México y otras entidades pudiera realizarse a escala nacional, a fin de que quienes habrán de tomar las decisiones sobre el futuro de Pemex conocieran a cabalidad el sentir de la población sobre el tema. Sólo en esa medida los legisladores tendrían elementos de juicio suficientes para dictaminar las iniciativas de reforma petrolera de conformidad con su papel de representantes populares y con sentido de país.