El Correo Ilustrado

De Carlos Monsiváis sobre la consulta

Una aclaración, de seguro sólo necesaria para mí. En la mañana del 27 de julio, conversando con mi amigo Arturo Cano, le comenté que la Consulta era parte de la resistencia pese a todo, y que ante las fuerzas abrumadoras del gobierno federal, el PRI, los empresarios, gran parte de los Medios, la jerarquía eclesiástica y la inercia social se veía como apenas un asomo. De ninguna manera aludí al hecho mismo de la Consulta, que ya se realizaba. Por eso, al ver hoy en La Jornada la declaración en que se transformó mi comentario y que a la letra dice: “Fue un asomo de resistencia con todo en contra: Monsiváis”, no reconocí mi punto de vista. Al observar a veintenas de los miles que participaron en las diversas tareas, al saber del gran esfuerzo de propagandizar, de crear círculos de estudio, de trasladar las convicciones a todas las conversaciones posibles, al notar que esto corresponde a una decisión de ciudadanía, tan loable como urgente, supe que no se trataba de un “asomo de resistencia”, sino de la implantación de un método de conocimiento, la Consulta, y del despliegue de un ánimo participativo informado, pacífico y legal, que de eso se trata también, y muy específicamente, la resistencia.

Otra cosa, y esto dicho sea de paso o, mejor, dicho centralmente, es mi desacuerdo con la idea de atribuirle todo al poder de los Medios. Lo tienen, y en vasta medida, pero la manipulación más segura no viene del derroche incalificable de comerciales y puntos de vista insidiosos y francamente bobos. Viene de la inercia que es el amparo en el desamparo, de la contemplación del desastre del PRD, un partido cuyos paracaidistas hablan como si algo representaran, de los años en que la izquierda política se obsesionó únicamente por lo electoral, del tiempo en que se prefirió alcanzar el poder antes que formar sólidamente a la ciudadanía, y formarse con ella. Esto resulta más relevante en la omisión del voto que la no desdeñable pero nunca principal manipulación. En fin, el debate debe abrirse también sobre la izquierda y la ciudadanía, ya que las discusiones sobre la Reforma Energética dan cuenta de la importancia más que relevante del pensamiento y la información bien sustentada. Además, el voto obtenido no es insignificante.

Le agradezco la atención que le preste a estas líneas.

Carlos Monsiváis

Woldenberg comenta artículo de Ackerman

Del artículo de John M. Ackerman “El principio de legalidad” (28 de julio), sólo comparto su primer párrafo. Dice, y me parece muy bien: “El principio de legalidad reza que mientras los ciudadanos deben ser libres para hacer todo lo que no esté explícitamente prohibido por la norma, los funcionarios públicos únicamente pueden hacer lo que está permitido por la ley. Este concepto es fundamental para el establecimiento del Estado de derecho en un contexto democrático. Un gobierno que no se subordina a la ley rápidamente cae en el autoritarismo y la arbitrariedad”. El texto es exacto y correcto.

Pero luego afirma que el Consejo General del IFE y yo nos apartamos de ese criterio en dos ocasiones. Cito:

1. JW “fue uno de los principales promotores de la consulta infantil y juvenil realizada por primera ocasión el 2 de julio del año 2000. Para ese ejercicio, el IFE instaló 15 mil casillas en todo el país, donde niños y niñas entre seis y 17 años pudieron expresar sus opiniones”. Más allá de un error (la primera consulta se realizó en 1997, la segunda en 2000 y la tercera en 2003), en efecto, fui uno de sus principales impulsores. Pero por supuesto que el IFE tenía base constitucional y legal para ello: el IFE, dice el artículo 41 de la Constitución, “tendrá a su cargo en forma integral y directa… las actividades relativas a la capacitación y a la educación cívica”. Y el anterior Cofipe desarrollaba esas facultades en los artículos 69 y 96. Las consultas infantiles y juveniles siempre se fundaron en ese marco.

Es la primera ocasión, luego de 11 años de realizado ese primer ejercicio, que alguien pone en duda su apego a la legalidad.

2. Dice el artículo de Ackerman: “también en 2000, Woldenberg fue uno de los impulsores del exhorto a las autoridades para suspender la difusión de sus obras 30 días antes de las elecciones. De hecho, en el caso del exhorto, el Tribunal… ya había declarado su ilegalidad por no encontrarse dentro de las funciones del IFE”. La película no la tiene completa. En 1997, el Consejo General del IFE hizo un exhorto a las autoridades federales y locales para que suspendieran la publicidad de su obra pública. El PRI impugnó ese acuerdo y el tribunal le dio la razón. Luego de ello, el Consejo General del IFE jamás volvió a realizar un exhorto, precisamente para no vulnerar el principio de legalidad. En el año 2000 se realizó un “llamado” a no emitir publicidad gubernamental, e hicimos eso, precisamente porque la ley no nos permitía ir más lejos. Sin embargo, el acuerdo del consejo fue impugnado por el PAN, pero el tribunal estableció la legalidad del “llamado”. En 2003 hicimos otro “llamado” para suspender la campaña en favor del voto que realizaban otras autoridades y hasta donde recuerdo ya ningún partido impugnó.

El principio de legalidad es una edificación civilizatoria. Sirve, sobre todo, para proteger a los ciudadanos del abuso de autoridad. Ese es el punto central de mi alegato: las autoridades solo pueden hacer aquello para lo que las faculta la ley.

Por cierto, la idea “garantista” que desarrolla John M. Ackerman me parece extraña y viscosa. Ahora resulta que no se trata de garantías para los ciudadanos (entre otras, la de impedir que las autoridades se excedan en sus funciones), sino de un criterio para permitir a las autoridades ir más allá de la ley. Curioso “garantismo”.

Atentamente,

José Woldenberg

Precisiones de la Secretaría de Cultura del DF

Solicito incluir en El Correo Ilustrado la siguiente precisión enviada a la agencia Notimex, en relación con una supuesta manifestación de “la comunidad de músicos del Distrito Federal en el Zócalo capitalino”, publicada este lunes en La Jornada.

La Secretaría de Cultura, en aras de una mayor claridad en la información, expresa lo siguiente:

1. La nota es imprecisa, pues reporta la asistencia de “maestros y alumnos del Centro Cultural Ollin Yoliztli y músicos de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México (OFCM)”, lo cual es falso, pues ningún músico ni maestro de estas instituciones asistió a esa convocatoria, a la que sólo fueron cinco personas, incluido el maestro Julio Briseño, quien formó parte de la OFCM, y quien está en su derecho de acudir a las instancias legales correspondientes.

2. La ciudadanía puede y debe estar segura de que la actual administración cumple su principal cometido: garantizar el acceso de todos a la cultura.

3. La Secretaría de Cultura mantiene firme su convicción de dar a las instituciones a su cargo que se solventan con recursos públicos, la orientación, el sentido y el servicio para el que fueron creadas.

Marco Antonio Palet Sánchez, dirección de Divulgación Cultural, Secretaría de Cultura