■ Rechazaron mudarse de oficinas y fueron reprimidas por órdenes de la autoridad

Ganan litigio trabajadoras de educación indígena; esperan que la SEP acate fallo

■ Determina tribunal el pago de salarios caídos y prestaciones, y reparar daños físicos y morales

Jaime Avilés

En su mayoría son jefas de familia: pedagogas, sicólogas, sociólogas, antropólogas y diseñadoras gráficas al servicio de 35 mil maestros y 2 millones de niños indígenas. Por negarse a obedecer una orden injusta de la Secretaría de Educación Pública (SEP), las desalojaron de su centro de trabajo con violencia, les robaron sus efectos personales y los 50 mil pesos de su fondo de ahorro sindical; las dejaron sin guarderías ni servicios médicos para sus hijos y, desde septiembre del año pasado, no cobran sueldo, aguinaldo, vales de despensa, prima vacacional y otras prestaciones, por lo que han debido endeudarse y están enfermas y en la ruina.

Hace unos días, el segundo tribunal colegiado condenó a la SEP a resarcirlas por todos los daños que les causó –económicos, laborales, físicos y sicológicos–, esto es, a reinstalarlas en su centro de trabajo, pagarles el dinero y las prestaciones que les corresponden e indemnizarlas por los problemas de salud corporal y emocional provocados por la presión –los acreedores, los abogados de los bancos y las amenazas de ser desalojadas de sus domicilios– a que se vieron sometidas.

“Ahora sólo falta que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA) ordene a la SEP acatar la resolución del tribunal colegiado, y si las autoridades no cumplen este mandato, que ya es inapelable, ellas podrán incluso entablar un proceso penal contra Josefina Vázquez Mota”, afirma el abogado Porfirio Martínez González al explicar en qué consiste la victoria jurídica de las y los 65 elementos de la Dirección General de Educación Indígena que defendió en esta batalla.

Desde luego, tercia la dirigente del gremio, Joaquina Sandoval, “además de la combatividad de las compañeras y los compañeros, que nunca se cansaron de luchar, tenemos que agradecer el apoyo solidario de los trabajadores de Pascual, del Sindicato Mexicano de Electricistas, del de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Autónoma Metropolitana, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el Colegio de Bachilleres, de los telefonistas, el Frente Sindical Mexicano, el Frente Nacional contra la Represión, Diálogo Nacional, Cereal y la CUT”, entre otros.

La dirigente, el abogado, las trabajadoras y algunas de sus hijas menores llegaron a La Jornada con carteles en los que proclaman su victoria, pero también a dar cuenta de los proyectos interrumpidos por las autoridades. Entre éstos, por ejemplo, figura uno para “niños de educación especial que iban a ser integrados al plantel de Educación Indígena en Carrillo Puerto, Quintana Roo”.

También fue congelada una “propuesta de formación docente para las comunidades indígenas de Chiapas, Michoacán, Oaxaca y San Luis Potosí”, así como una “propuesta de atención en lenguas originales y salones multigrado (con niños de primero a sexto de primaria reunidos en un mismo espacio) en el norte, el centro y el sur de la República”.

De igual modo, se fue al basurero una “propuesta para reorganizar las zonas escolares por aplicaciones y evaluaciones” y la adopción de “nueva metodología de enseñanza, formulada por pedagogos de Colombia, para los estados de Puebla, Sonora, Chihuahua y Sinaloa”. Y además de una “propuesta de enseñanza del español como segunda lengua para niños de primaria”, quedaron en el aire 17 libros que estaban destinados a igual número de estados del país.

El conflicto se remonta a la administración de Vicente Fox, cuando el entonces subsecretario de Educación Básica, Lorenzo Gómez Morín, intentó mudar las oficinas de Educación Indígena a un inmueble en pésimas condiciones. Los sindicalistas, bajo la conducción de doña Joaquina y María Isabel Robledo, resistieron hasta el último día del sexenio. Pero todo se agravó desde que Vázquez Mota quedó al frente de la SEP.

Prueba de la nula importancia que ésta concedió a Educación Indígena –una dependencia dedicada a proveer de materiales didácticos, sobre todo libros escritos en su propio idioma, a las minorías lingüísticas del país– es que Vázquez Mota, en menos de dos años, cambió tres veces a los titulares de la dirección.

Éstos, por su parte, concentraron todas sus energías en derrotar el movimiento encabezado por doña Joaquina y en obligar a los sindicalistas a salir del edificio ubicado en la calle Azafrán, colonia Granjas México, delegación Iztacalco, e instalarse en una torre de avenida Cuauhtémoc 250, que resultó seriamente dañada por los sismos de 1985.

En septiembre del año pasado, a despecho de los recursos legales interpuestos por los sindicalistas, un grupo de golpeadores enviados por la SEP vació el edificio de Azafrán. Desde ese momento los trabajadores dejaron de percibir salarios y prestaciones.

Agobiados por las circunstancias, algunos de ellos poco a poco fueron cediendo, y para abril del año en curso eran ya 80 los que habían aceptado su cambio al edificio roto de avenida Cuauhtémoc 250, que “se puede caer si vuelve a temblar muy fuerte”, como dice y ha documentado técnicamente, con un sinfín de peritajes, doña Joaquina Sandoval.

Pero fue en abril, precisamente, cuando los golpeadores de la SEP regresaron y sacaron por la fuerza a 65 sindicalistas que aún resistían allí, quienes no sólo perdieron los 50 mil pesos de su fondo de ahorro, sino los objetos artesanales de plata y mimbre que fabricaban para ayudarse a sobrevivir y sacar adelante a sus hijos, privados de guarderías y servicios médicos por la represión de Vázquez Mota.