■ Los afectados comprobaron violaciones a la Constitución
Ordena juez reinstalación de 170 trabajadores de la Cámara
Los 170 trabajadores despedidos por las autoridades de la Cámara de Diputados obtuvieron un amparo directo para ser reinstalados. La determinación de un juez federal obedece a que los afectados lograron comprobar violaciones a los artículos 14 y 16 de la Constitución y a distintas normas de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado.
Juan Manuel Jiménez, uno de los empleados del órgano legislativo, explicó que un grupo de 15 demandó a la Cámara por despido injustificado y violación a sus derechos, una vez que la administración del Poder Legislativo declaró que las plazas en que se desempeñaban eran de confianza, no de base. Exigieron, entonces, la reinstalación en sus puestos de trabajo, el pago de salarios caídos y la retribución del resto de prestaciones a que tienen derecho.
El proceso que han seguido los despedidos se ha tornado tortuoso, porque el pasado 27 de noviembre la tercera sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje dictó el auto correspondiente, otorgando validez a los escritos presentados por el órgano legislativo, los cuales no contenían las denuncias de los afectados.
En respuesta, los empleados removidos promovieron un juicio de garantías, argumentando que el laudo era incongruente y violatorio de los artículos 14 y 16 de la Constitución, porque la tercera sala referida “torció la litis para no resolver si eran trabajadores de base o de confianza”.
Asimismo, el pasado 22 de mayo el primer tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito consideró infundados los conceptos de violación de los derechos de los trabajadores, al estimar correcta la consideración del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en el sentido de que al resultar válidas las renuncias de los trabajadores, era innecesario determinar si los puestos que ocuparon eran de base o de confianza.