■ Omiten funcionarios dar detalles sobre cómo se realizarán los operativos
Pactan Gobernación y la SSP crear un sistema de custodia para migrantes
Las secretarías de Gobernación (SG) y de Seguridad Pública federal (SSP) firmaron ayer un convenio para custodiar indocumentados –tanto en su traslado como en los lugares donde serán alojados– y evitar que sean víctimas del crimen organizado. Ambas dependencias intercambiarán información para realizar operativos conjuntos.
El contenido del documento entrará en vigor dos meses después de que una treintena de cubanos fueron “rescatados” por un grupo armado cuando eran trasladados a una estación migratoria.
El hecho fue definido ayer por la comisionada del Instituto Nacional de Migración (INM), Cecilia Romero, como “una fuga asistida”, que hizo necesario garantizar mayor seguridad en los procedimientos para el movimiento de extranjeros y no operar con “excepciones” en materia de custodia policiaca, como había ocurrido hasta ahora.
Reunidos en el Salón Benito Juárez de la Secretaría de Gobernación (SG), los funcionarios precisaron que el convenio (parte de los intentos para combatir la corrupción prevaleciente en el interior del propio INM) incluye también participación de efectivos de la Policía Federal Preventiva en los operativos de verificación migratoria, es decir, para detectar a extranjeros que no acrediten su legal estancia en territorio nacional.
El documento firmado por los titulares de la SG, Juan Camilo Mouriño y de la SSP, Genaro García Luna, servirá además para que policías federales resguarden las instalaciones del INM.
“En el convenio se fortalece el compromiso de ambas secretarías para colaborar en el combate a la delincuencia organizada y para garantizar la integridad de los indocumentados y de los custodios que los trasladan”, señaló la comisionada del Instituto Nacional de Migración.
Mouriño dijo que es compromiso del gobierno federal “que el paso por México no se convierta en un mal recuerdo para nadie, ni siquiera para quienes sean conducidos a su país de origen, al alojarse en alguna estación migratoria”.
Las dependencias involucradas se comprometen a brindar seguridad a los extranjeros en el proceso de repatriación y cualquier otro traslado, independientemente del número de extranjeros por trasladar, su medio de transporte y la ruta establecida para ello.
En este proceso será puesto en marcha un comité técnico de seguimiento y evaluación, el cual analizará las estrategias que se adopten para su debida ejecución.
En declaraciones e informes anteriores, los funcionarios responsables del sector aseguraban que su operación contaba con la colaboración de la SSP, aunque en los hechos también se reconocía que esta vigilancia no era permanente y que algunos autobuses para el traslado de migrantes, no contaban con la vigilancia de los policías federales.
Al término de la ceremonia no hubo declaraciones a la prensa y, en consecuencia, tampoco se informó el número de efectivos de la SSP que colaborarán con INM, los lugares en donde estarán asignados ni la forma en que cubrirán los operativos de verificación migratoria, especialmente en la frontera sur.
Mouriño reconoció, durante su mensaje, que los migrantes llevan consigo una contribución social, económica y cultural para el país de destino, así como el “encuentro, enriquecimiento e integración” entre diferentes expresiones culturales.
Sin embargo, advirtió que este fenómeno representa un campo de acción para el crimen organizado, que ha encontrado en el migrante “nuevas víctimas”, especialmente para la comisión de secuestros, robo, contrabando, extorsiones y tráfico de órganos, entre muchos más abusos.
El convenio con la SSP, dijo, parte del reconocimiento que “los migrantes están expuestos a diversos peligros y es nuestra obligación protegerlos”.
Afirmó que atenderán a las víctimas de trata de personas y velarán por el irrestricto respeto a sus derechos, independientemente de su nacionalidad.
Mouriño instruyó a la comisionada del INM y a la subsecretaria del ramo para que aceleren la transformación de ese organismo y cumplan de inmediato con todos los alcances del convenio.
También hizo un reconocimiento a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a los organismos civiles, cuyo trabajo es “insustituible” para procurar que los migrantes “reciban el trato que merecen”.