■ Sobrexplotan y contaminan los mantos; se niegan a solucionar las crisis que causan: TLA

Empresas y agroindustriales imponen la política del agua con anuencia del Estado

■ Acusan activistas al gobierno de mantener proyectos pese a pruebas científicas sobre sus riesgos

Angélica Enciso L.

La situación del agua en México representa la “escandalosa y cuidadosa construcción de un desastre natural”, advirtió David Barkin, integrante del consejo consultivo del Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA).

Advirtió que en este rubro mandan las grandes empresas y agroindustriales que explotan el recurso en forma ilimitada y generan su contaminación, además de que los problemas van en incremento.

Durante la presentación de los diez casos mexicanos que ha analizado el tribunal desde 2006 –la Parota, la Minera San Xavier y el Salto, entre otros– se denunció que la constante ha sido la falta de solución a los problemas, el rechazo de las autoridades a los argumentos legales y científicos que presentan los demandantes y la agudización de los conflictos.

En el foro Sustentabilidad hídrica en México: los casos atendidos por el TLA, Andrés Barreda del Centro de Análisis Social, Información y Formación Popular, sostuvo que la principal causa de la sobrexplotación del agua en el país tiene que ver con la dinámica de urbanización, debido a que el gobierno federal prevé construir 6 millones de casas, centros comerciales, gasolineras y carreteras; todo esto, al servicio del sector inmobiliario.

“La extensión de la mancha urbana abate los cuerpos de agua y propicia la sobrexplotación de los acuíferos”, lamentó.

Agregó que hay un saqueo por parte de las industrias, permitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como por la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Citó como un ejemplo de este problema que el río Cuautla ha descendido ocho veces su nivel.

Existe una tendencia de privatización del líquido, se excluye a los más débiles y esto lleva a la insustentabilidad social, política y democrática, señaló Andrés Barreda.

Por su parte, Barkin, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM, plantel Xochimilco), sostuvo en entrevista que los grandes consumidores en el país no pagan su costo real, ya que a los productores de refrescos, cerveza y agua embotellada se les asignan pozos y pagan derechos por ello, pero no por la cantidad que consumen; “y sin embargo la Comisión Nacional del Agua tiene la campaña de ¡Qué poca!, con la cual culpa a los individuos del problema”.

Agregó que caso por caso se encuentran irregularidades. La Minera San Xavier vierte cianuro en el acuífero, aunque lo niega; en la región de La Laguna, Coahuila, el agua está contaminada con arsénico y con ella se riega la alfalfa para alimentar al ganado, de esta forma produce la leche una de las más grandes empresas de este rubro.

“El problema radica en que en el país quienes imponen la política del agua son los enormes consumidores, los grandes agricultores que despilfarran el agua y usan químicos que no deberían emplear; las industrias que no tienen controles muy claros sobre el uso y la incapacidad del Estado para cobrar correctamente por el consumo y remediar la situación”, manifestó Barkin.

El TLA es una instancia ética, cuyas resoluciones no son vinculantes, por lo que en México esta organización se ha encontrado con falta de voluntad política para cumplir con las resoluciones que emite, señaló su director, Javier Bogantes.

En la exposición que se hizo ayer de cada una de las problemáticas que se han presentado ante el TLA, existe la coincidencia de que a pesar de los recursos legales que se han interpuesto y de los argumentos científicos y técnicos que presentan los demandantes, los proyectos impugnados siguen adelante.

En el caso de la Parota, que está detenido en este momento, los ejidatarios han ganado diferentes demandas, pero “las agresiones siguen”, y aunque el tribunal agrario encontró irregularidades en el proceso de venta de tierras y los ejidatarios obtuvieron una suspensión definitiva, aún no hay resultados determinantes, señaló Javier Bogantes.

Las vías legales en el país han sido ineficaces para otorgar la justicia ambiental a las comunidades, advirtió Javier Martínez, abogado del Centro Mexicano de Derecho Ambiental.

Situación parecida enfrenta el caso Chalco-Amecameca, donde hay sobrexplotación del acuífero y hay planes de construir al menos 30 mil viviendas; por ahora ahí se detuvo la construcción, temporalmente, de 3 mil casas-habitación.

Barkin indicó que en casi ninguno de los casos presentados hay avances y sin embargo ya hubo un niño muerto en 2007 en el río Santiago.

Los otros casos en condiciones similares son la contaminación en la Bahía de Zihuatanejo; la falta de cumplimiento en compromisos en el trasvase Cutzamala; los conflictos de gestión territorial y del agua en la zona conurbada de Guadalajara; la contaminación en Coatzacoalcos y en el río Atoyac, además de la construcción de una gasolinera sobre un acuífero en Cuautla y el caso de la Minera San Xavier.