Los rechazados no son de la universidad
Cada año, por estas fechas, decenas de miles de jóvenes mexicanos se quedan sin opción para ingresar a una institución pública de estudios profesionales.
Resulta que el problema, añejo y creciente, es que la demanda estudiantil rebasa por mucho a la oferta de espacios con que cuentan las universidades y en general las instituciones públicas de educación superior.
Como cada año, también por estos días, comienzan a gestarse algunos movimientos políticos que pretenden incorporar el mayor número de los llamados alumnos rechazados para iniciar movilizaciones de protesta y de presión hacia las autoridades educativas del país y a las instituciones públicas en las que recae el mayor peso de la demanda, como son la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional y, en menor grado, la Universidad Autónoma Metropolitana.
El escenario que se monta año con año es muy similar desde hace décadas. Las movilizaciones de los rechazados son promovidas por dos o tres grupos diferentes, en pugna entre ellos, y liderados por los mismos personajes de siempre. Entre todos los grupos convocan a no más de 200 o 300 alumnos, algunos de los cuales acuden a los actos de protesta acompañados por sus padres, con la falsa esperanza de conseguir un lugar que, lamentablemente, no pudieron alcanzar mediante el examen de conocimientos.
Al cabo de un par de semanas de protestas, los líderes entran en procesos de negociación con las autoridades educativas del país y, en el mejor de los casos, obtienen un puñado de espacios en algunas instituciones públicas pequeñas.
El movimiento de los rechazados termina por desactivarse y las decenas de miles de alumnos que no alcanzaron espacios no tienen más remedio que esperar a los exámenes de admisión del siguiente año, para competir nuevamente entre ellos, contra los miles de rechazados de años anteriores que tampoco consiguieron espacios y contra las decenas de miles de alumnos que concursarán por vez primera al año siguiente. El panorama se torna desolador.
La enorme mayoría de los rechazados proviene de familias que carecen de la capacidad económica para financiar estudios en instituciones privadas, y la única posibilidad real que habían vislumbrado desde años atrás para acceder a mejores niveles de bienestar, ahora les es cancelada.
Pero la solución no está en esos alumnos ni en sus familias. Mucho menos en las universidades públicas que desde hace años han lidiado con el conflicto político que el asunto representa y que han venido realizando esfuerzos extraordinarios para dar cabida al mayor número posible de aspirantes.
La solución real al problema ha estado y sigue estando en manos de los gobiernos, que no han sabido construir políticas de Estado en materia educativa que, por un lado, sean capaces de prever y atender de manera eficaz la realidad demográfica del país, a fin de garantizar una cobertura más amplia y, por otro, que brinden calidad en la enseñanza.
Lo cierto es que hoy el problema de los rechazados es concebido por las autoridades educativas como una especie de mal irremediable y atendido mediante negociaciones políticas que sólo buscan sofocar, cuanto antes, un posible y siempre latente brote de inconformidad social. Es decir, que el asunto es abordado desde un ángulo meramente político y no desde el punto de vista social y de la inequidad que conlleva.
Si bien es cierto que, como se menciona líneas arriba, el comportamiento del nacimiento, desarrollo y culminación de los movimientos de los rechaza- dos ha sido muy similar en años recientes y no ha desembocado en conflictos mayúsculos, vale la pena advertir que el riesgo de un desbordamiento parece ser cada vez mayor. Así lo advierte la creciente demanda para la enseñanza superior.
De acuerdo con cifras de la Universidad Nacional, la demanda para estudios de licenciatura se ha duplicado del año 2000 a la fecha.
Tan sólo la UNAM tuvo una demanda para el ciclo escolar que está por iniciar de 133 mil 800 aspirantes, de los cuales fueron seleccionados 15 mil 311. Aunados éstos a los 23 mil 454 alumnos que se incorporarán a la licenciatura por pase reglamentado, la máxima casa de estudios tendrá una matrícula total de primer ingreso de ¡38 mil 765 estudiantes!, con mucho, la mayor entre las instituciones educativas del país.
No cabe duda de que las instituciones públicas de educación superior, con todas las deficiencias que pudieran tener, han comprendido la gravedad del asunto. Realizan esfuerzos al límite de sus posibilidades para dar cabida al mayor número de alumnos. Sin embargo, ni el origen ni la solución al problema está ahí. Dicha solución está en manos de las autoridades educativas. Y son ellas las que están obligadas a responder.