■ Cada juez federal, en promedio, recibe mil casos nuevos al año

Sobrecarga de trabajo, freno a la impartición de justicia

■ Tardan casi 263 días en revisar un asunto y dictar la sentencia

Alfredo Méndez/ II

Durante meses, al despertar cada mañana y mirar las paredes de la celda donde estuvo confinada, no encontraba respuestas que le ayudaran a comprender su situación. “¿Por qué me tienen aquí? ¿Hasta cuando podré salir pa’ ver a mi hijo? ¡Él me necesita por su vicio!” La mujer repitió estas preguntas en el tiempo de su cautiverio y nunca entendió los alegatos del abogado de oficio que le asignó el Poder Judicial Federal para defenderla.

Se trata de María Torres Gómez, de 85 años de edad. Ex presa acusada por narcotráfico. Hace 96 meses estuvo encarcelada durante un año, cuatro meses y siete días. Fue consignada a un juez de distrito de procesos penales federales por un delito grave, ligado a acciones de narcomenudeo, en la modalidad de introducir mariguana al Reclusorio Norte.

El destinatario de la droga era su hijo, un hombre afectado mortalmente por el sida, escuálido, desnutrido, acusado de homicidio, violación, robo y un cúmulo de faltas a la ley.

En el caso de la anciana subyace el dolor de una madre que no soportaba ver a un hijo atado al alcohol, mermado por las drogas y condenado a prisión por el resto de su vida.

Libre por “compasión”

María Torres vive ahora con una hija en una casucha de cartón, por Azcapotzalco. Aunque la mujer quiera abundar sobre su caso, no puede; su avanzada edad sólo le permite musitar palabras. Frente a ella, sentada en una silla de bejuco, su hija narra detalles de la historia de su madre.

En agosto de 2000 un custodio del Reclusorio Norte detuvo a María en la zona de aduanas. La mujer llevaba en sus huaraches cinco cigarros de mariguana que le había pedido su hijo, preso ahí desde 1997.

Como el delito que cometió es grave, María enfrentó el proceso en una cárcel femenil. Después de lidiar más de un año con agentes del Ministerio Público Federal (MPF), fiscales antinarcóticos y abogados de oficio, el ex juez federal Jesús Luna Altamirano, más por compasión que por la aplicación estricta de la ley, absolvió a la anciana y ordenó su libertad.

“¿Qué hubiera pasado si a esa pobre viejecita le hubiera yo aplicado todo el rigor de la ley? Pues simple y sencillamente que la anciana hubiera terminado, mucho antes de cumplir su condena, muerta. ¡Qué injusticia más grande habría cometido!”, afirmó Luna Altamirano al referirse al caso de María en el libro La extradición en México y otros países, escrito por el actual magistrado.

Casos como el de María atiborran expedientes sobre los que diariamente discurren los impartidores de justicia.

De no haber sido por la sobrecarga de trabajo en el juzgado sexto de distrito que desahogó el juicio contra la mujer de Azcapotzalco, habría quedado en libertad mucho antes.

Datos oficiales indican que cada juzgador federal recibe, en promedio, mil nuevos casos al año, y los delitos más comunes son portación y posesión de armas, y los vinculados al narcomenudeo. El problema de la sobrecarga de trabajo en los juzgados obliga a que los acusados esperen meses en prisión antes de obtener sentencia.

Según estadísticas del Consejo de la Judicatura Federal, entre 2006 y 2007 los 301 juzgados de distrito que atienden delitos federales tardaron más de un año en concluir cada uno de los juicios que desahogaron. En 2006, todos los juzgados que revisaron delitos federales ocuparon 263 días, en promedio, entre el inicio del proceso, la declaración del inculpado y la sentencia de primera instancia en que al indiciado se le declara culpable o inocente. En 2007 aumentó a 313 días.

Además, según el delito que se estudie en un juzgado, redunda en el tiempo que tarda en concluir el proceso. Por ejemplo, los ilícitos patrimoniales –conocidos como de cuello blanco– se han convertido en los más largos y difíciles de litigar para la Procuraduría General de la República. En cambio, según estadísticas elaboradas por la dependencia que encabeza Eduardo Medina Mora –obtenidos vía la ley de transparencia–, en más de 89 por ciento de los casos que consignó el MPF en 2007, y de los que obtuvo sentencia condenatoria, se trató de asuntos vinculados con delitos flagrantes.

“Pero, cuántos delitos, del ciento por ciento de esa cifra, se comenten en flagrancia? Ni 5 por ciento. Aquí estamos encuadrando delitos comunes, como portación o posesión de arma de fuego, narcomenudeo, aquellos que traían dos cigarros de mariguana o tres sobrecitos con cocaína, pero esto no es un combate eficiente de la autoridad a la delincuencia”, cuestionó el litigante Agustín Acosta.

De los delitos patrimoniales que se ventilan en tribunales federales hay juicios que llevan 14 años sin que el procesado tenga sentencia de primera instancia.

Tal es el caso del ex director de Aeroméxico Gerardo de Prevoisin, enjuiciado por supuesto fraude de 72 millones de dólares. Se trata del litigio más longevo que sigue abierto y en espera de sentencia. Apenas el pasado lunes, después de 14 años de proceso, se dictó fallo condenatorio de primera instancia.

Pero no es la excepción. Aunque en libertad provisional, el ex banquero Jorge Lankenau enfrenta tres procesos por fraude bancario y defraudación fiscal; cumplió ya una década sin sentencia de primera instancia; Carlos Cabal Peniche espera que se resuelvan los dos juicios que tiene pendientes, por defraudación fiscal y violación a la Ley de Instituciones de Crédito, después de siete acusaciones que datan de 1994.

Raúl Salinas de Gortari ya libró varios cargos (homicidio, lavado de dinero y peculado) tras una década de litigar con el apoyo de cinco despachos jurídicos de renombre en el país. Ahora sólo tiene abierto un juicio por presunto enriquecimiento ilícito por más de 161 millones de pesos, del cual ni siquiera ha recibido sentencia de primera instancia.

Juicios “rápidos”

Lo curioso es que expedientes más voluminosos que los de delitos patrimoniales, como ocurre en casos de delincuencia organizada, tardan mucho menos tiempo en resolverse.

El secuestrador Daniel Arizmendi, El Mochaorejas, recibió su primera sentencia definitiva de 50 años de prisión después de un proceso de cinco años. El ex gobernador de Quintana Roo Mario Villanueva Madrid tardó seis años en ser sentenciado por narcotráfico; su expediente tiene más de 200 tomos. El general Arturo Acosta Chaparro litigó durante siete años en instancias judiciales (del fuero civil y militar) hasta lograr ser absuelto del cargo por narcotráfico que enfrentó bajo el supuesto de que protegió a integrantes del cártel de Juárez.

Los delitos cometidos en pandilla también son complejos. El 23 de noviembre de 2004, dos agentes federales y un inspector de la Policía Federal Preventiva fueron linchados –dos murieron y uno sobrevivió– por pobladores de la delegación Tláhuac, en el Distrito Federal. Los hechos provocaron la detención de más de 30 personas. A casi cuatro años del suceso, 21 siguen en prisión en espera de sentencia.

La diferencia entre procesos largos y cortos también deriva de que el inculpado esté en libertad provisional o en prisión. En el primer caso, los litigios se alargan; en el segundo, los abogados buscan acortarlos para que sus clientes sean excarcelados más rápido.