■ Al dejar la corte, activistas de derechos humanos le gritan “asesino”

Se interrumpe en Argentina juicio a Antonio Bussi por dolencia cardiaca

Afp, Dpa y Notimex

Buenos Aires, 5 de agosto. Antonio Bussi, ex gobernador de la provincia argentina de Tucumán (norte), fue retirado en ambulancia con una supuesta dolencia cardiaca en el inicio del histórico proceso judicial que se sigue contra ex represores que participaron en la última dictadura militar (1976-1983), donde también comparece el ex general Luciano Meléndez.

En el primer juicio por delitos de lesa humanidad en Tucumán, Bussi, de 82 años de edad, fue llevado a la corte desde su prisión domiciliaria, y durante su estancia se le vio cabizbajo y con dificultades para respirar y mantenerse despierto frente al tribunal.

Luego de unas tres horas de audiencia, Bussi dijo tener un fuerte dolor en el pecho, fue evaluado por un médico y se decidió trasladarlo de inmediato a un hospital local para hacerle estudios médicos, a pesar de que unos días antes fue declarado por expertos en buenas condiciones físicas.

La decisión causó el enojo de manifestantes y defensores de derechos humanos presentes dentro y fuera de la corte, y cuando el ex militar salió del recinto fue recibido con gritos de “asesino”, lo que generó algunos roces con la policía por cerca de 15 minutos.

Aunque Bussi y Meléndez –este último recién condenado a cadena perpetua en la provincia de Córdoba (centro)– tienen en su contra más de 600 acusaciones, la justicia de Tucumán sólo lo procesa por el asesinato del senador peronista Guillermo Vargas Ignasse, secuestrado el 24 de marzo de 1976 frente a su esposa e hijos.

Ambos ex represores están acusados de violación de domicilio, aplicación de tormentos reiterados, homicidio calificado, privación ilegítima de la libertad agravada y asociación ilícita.

El juicio continuará el próximo viernes y durante el proceso se escucharán los testimonios de al menos 27 personas, para llegar a un veredicto final a finales del presente mes.

Bussi dirigió la quinta brigada de infantería de 1975 a 1977 en Tucumán y fue el encargado de la llamada Operación Independencia, en la cual el ejército argentino persiguió y asesinó a militantes guerrilleros de la región.

Tras el fin de la dictadura castrense, las autoridades lo señalaron como responsable de cientos de crímenes de lesa humanidad, pero los juicios se suspendieron debido a la Ley de Punto Final, promulgada por el ex presidente Carlos Menem en 1986, y anulada por el Congreso en 2003.

Pese a las acusaciones en su contra, Bussi fue electo gobernador de Tucumán en 1995, diputado en 1999 –aunque el Congreso no lo admitió por su historial como represor– y alcalde de la capital tucumana en 2003, cargo que ya no ejerció por el comienzo del presente juicio.