■ Decretos mal hechos y tráfico de influencias crean galimatías jurídico

El porvenir de Tulum, en manos de la SCJN

Mireya Cuéllar / III (Enviada)

Tulum, QR, 5 de agosto. La disputa por la explotación turística del parque nacional Tulum –con sus zonas arqueológicas, cenotes y aguas azul turquesa– se definirá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Pero mientras los ministros deciden, la clausura de ocho de los 14 hoteles que aquí funcionan, a manos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) puso sobre la mesa la maraña jurídica que rodea la propiedad de la tierra en esta región y el tráfico de influencias y corrupción sobre el que se edifican los emporios turísticos del Caribe mexicano.

El lunes 7 de julio inspectores de la Profepa visitaron, acompañados de elementos de la Armada, seis hoteles que se ubican en el parque y colocaron sellos de clausura con el argumento de que carecían de manifestación de impacto ambiental. Los siguientes días, dos más recibieron la visita. En ese momento empezó a ventilarse el conflicto que se venía dando entre un grupo de hoteleros y la Federación desde hacía un par de años, cuando las autoridades ambientalistas y del Instituto Nacional de Antropología e Historia del gobierno calderonista descubrieron que ahí había un parque nacional que cuidar.

El 13 de marzo el Congreso del estado aprobó por unanimidad la creación del noveno municipio del estado: dividió Solidaridad y dio paso a Tulum. El 9 de abril, un día antes de que concluyera su periodo como alcalde de Solidaridad, Carlos Joaquín González, actual secretario estatal de Turismo, mandó publicar en el Diario Oficial del Estado un plan de desarrollo urbano para Tulum, el cual fue aprobado por el cabildo en sesión “secreta”.

En ese plan de desarrollo se incluyó como parte de la zona urbana del municipio –y, por tanto, susceptible de ser manejada como zona habitacional o para desarrollo turístico– la mayor parte de las 644 hectáreas que un decreto de 1981 convirtió en parque nacional. De hecho, el municipio planea dejar sólo 33.57 hectáreas para las zonas arqueológicas de Tulum y Tancah y usar el resto para el crecimiento de la ciudad.

El 28 de mayo el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), interpuso una controversia constitucional contra el municipio de Solidaridad y del plan de desarrollo urbano. La SCJN llamó al representante legal del nuevo municipio para que participe en la disputa como parte interesada.

Entre el momento en que se emitió el decreto expropiatorio (1981) y las autoridades federales decidieron hacerse cargo del parque pasaron más de 20 años. En ese lapso se expidió un decreto que nunca se ejecutó, se entregaron títulos de propiedad sobre terrenos de la nación, se despojó a ejidatarios mayas, se permutaron tierras fuera de cualquier marco jurídico y se creó un régimen de posesión del suelo cuyo destino es incierto.

En noviembre de 1973 el gobierno federal otorgó al estado de Quintana Roo la propiedad de 2 mil 110 hectáreas para la formación y ampliación del fundo legal, incluidos los terrenos de la zona arqueológica de Tulum. En marzo de 1981 José López Portillo entregó 200 hectáreas más para ampliar la reserva territorial del estado. Una versión dice que con ello se pretendía regularizar los terrenos para que un amigo del mandatario pudiera comprarlos. Como los propietarios de los predios colindantes con aquellos que quería el amigo del entonces presidente no quisieron vender, López Portillo se enojó y el 23 de abril de 1981, 30 días después del primer decreto, emitió otro para crear el parque nacional Tulum, con 664 hectáreas, que incluía las 200 hectáreas que le había dado a Tulum y 464 correspondientes a las que había recibido el estado en 1973.

Pero el decreto contenía varios errores: las coordenadas del terreno expropiado se trazaron mal, de manera que el análisis topográfico (elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática para hacer el plan de desarrollo de Tulum) señala que hay una desviación de más de cinco grados al oriente, por lo que sólo 384 hectáreas son de tierra y 284 “se desarrollan sobre el mar, dejando sin cubrimiento la franja costera continental al norte del sitio arqueológico de Tulum”. Además, según el encabezado del decreto el terreno se ubica en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, mientras en el texto se dice que forma parte de Cozumel (del que formó parte antes de que se creara el municipio de Solidaridad).

En su proyecto, el municipio aclara que al norte de la zona arqueológica opera “un desarrollo denominado Dreams, que se encuentra en ampliación y cuenta con 238 cuartos de hotel en un predio de un poco de más de 10 hectáreas”, y que decenas de propietarios tienen comprobantes inscritos con folio real tanto en el Registro Público de la Propiedad Inmobiliaria Federal como en el Registro Público de la Propiedad de Quintana Roo.

Los errores del decreto y el hecho de que nunca se indemnizó conforme a la ley a los afectados hicieron que el gobierno del estado (dueño de la mayor parte, gracias al decreto de 1973) vendiera una amplia extensión y quienes ahí vivían o tenían propiedades siguieran ejerciendo su derecho sobre ellas.

Estas fallas permiten que los abogados de los dueños de los hoteles clausurados consigan suspensiones provisionales para seguir operando con todo y sellos, mientras la SCJN determina qué hacer.