■ Autoridades estatales inician cobros y ofrecen facilidades de pago
Adeudan choferes de BCS $102 millones por multas
Ampliar la imagen
Uno de los taxis que compiten con permisionarias federales por el transporte de turistas en Los Cabos
Foto: Raymundo León
La Paz, BCS, 5 de agosto. El gobierno del estado inició hoy el cobro de multas impuestas a taxistas y transportistas del municipio de Los Cabos por violar leyes locales y federales, informó el secretario de Finanzas del estado, Nabor García Aguirre.
Precisó que los permisionarios tienen una deuda de 2.5 millones de pesos por multas aplicadas por la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) a raíz de los bloqueos efectuados en hoteles del corredor turístico de ese municipio, lo que fue calificado por la dependencia federal como una práctica monopólica. En un comunicado, indicó que si bien se trata de una federal, el estado debe ejecutarla.
Explicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió en enero que la autoridad estatal está facultada para requerir permisos a los concesionarios del transporte federal que transitan por vías de jurisdicción local, lo que dejó sin efecto los amparos solicitados por las transportadoras turísticas.
En tanto, el director de ingresos del gobierno estatal, Enrique García Sández, dijo que hoy comenzaron los requerimientos de pago a las 32 transportadoras sancionadas, cuyo adeudo asciende a más de 102 millones de pesos.
Puntualizó que desde la resolución de la SCJN y la negativa de las transportadoras de pagar, han sido embargados 24 vehículos. Agregó que las empresas podrán pagar hasta en tres años sus adeudos si cubren un cargo inicial de 20 por ciento.
Taxistas y transportadoras compiten en Los Cabos por el turismo desde hace 20 años, luego de la liberación del transporte federal que permitió a las concesionarias entrar a la plaza.
En junio las transportadoras limitaron sus servicios del aeropuerto de San José del Cabo y demás terminales federales de Los Cabos a los hoteles, luego que un fallo de la SCJN resolvió que el gobierno de la entidad no violentaba ninguna disposición federal al solicitar permisos estatales a éstas para transitar en las carreteras de jurisdicción local.
Las transportadoras turísticas reaccionaron con marchas, un bloqueo al aeropuerto internacional de San José del Cabo y el despido de trabajadores ante la cancelación de los contratos firmados.
Cinco semanas después de la cancelación, la Asociación de Hoteles de Los Cabos reportó pérdidas por 90 millones de dólares por la presunta cancelación de reservaciones; en tanto, restauranteros, guías de turistas y otros prestadores de servicios se quejaron por la disminución de visitantes, recrudecida por la temporada baja, la recesión económica en Estados Unidos y el incremento del precio de los boletos de avión.
Las secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Turismo y el gobierno del estado instalaron una mesa de diálogo con todos los involucrados.
El acuerdo firmado por taxistas y concesionarios federales del transporte turístico, representantes de los gobiernos federal, estatal y municipal y del Consejo Sudcaliforniano de Turismo, integrado mayoritariamente por hoteleros, incluye una serie de reglas de operación y crea mesas de diálogo para elaborar a más tardar en 90 días un documento rector que será enviado al Congreso local para adecuar las leyes sobre transporte.