Criminalidad perpetua
Otro guirigay en puerta.
El presidente Calderón envió en 2007 una iniciativa de reforma a efecto de que le fuera aplicada hasta la prisión perpetua a los secuestradores, misma que en su momento fue rechazada por el Senado. Ahora, con el trágico fin del niño Fernando Martí, el Presidente ha insistido en su iniciativa. La sociedad se “conmocionó”, dijeron los medios. El extremo patetismo del caso no disminuye el de los casos que no son notorios ni conmocionan porque no se trata de familias adineradas: la cara inhumana y oportunista de las elites (partidarias, políticas y económicas).
Frente al siniestro caso, las voces se han multiplicado: “Definitivamente sí hay inhibición de inversiones, creo que sí hay gente que piensa dos veces antes de invertir aquí en este país si hay este nivel de inseguridad”, dijo Armando Paredes Arroyo, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, aunque agregó que seguir aumentando las penas “no es la solución para combatir delitos como el secuestro; lo que se requiere es una transformación de los procesos judiciales”. Otros empresarios más radicales, así como el coordinador priísta en la Cámara de Diputados, Emilio Gamboa Patrón, se pronunciaron por condenar a muerte a los secuestradores. Pedro Joaquín Coldwell, presidente de la Comisión de puntos constitucionales del Senado, advirtió que el crecimiento alarmante de los secuestros en todo el país no se debe a ninguna “omisión” legislativa, sino a la incapacidad del gobierno federal para frenar la criminalidad y la violencia en el país.
La propuesta de Felipe Calderón de implantar la cadena perpetua en el delito de secuestro no sólo es ridícula, sino que es “populismo penal”, afirmó el diputado del PRI Samuel Aguilar Solís. Agregó que esa iniciativa no tiene ningún sustento y “nació prácticamente muerta, porque elevar las penas no resuelve el problema de los secuestros en México, pues no toca aspectos fundamentales como la restructuración de las policías y del Ministerio Público”.
“Es mezquino que no se valore la propuesta del Presidente de la República, porque aun cuando la solución integral no es el endurecimiento de las penas, es necesario enviar un mensaje contundente a las bandas de secuestradores”, apuntó el diputado panista Gustavo Parra. Pablo Gómez, senador del PRD, opinó que su partido no avalará reformas “propagandísticas y oportunistas”, que no ayudan en nada a frenar el alto índice de secuestros. Por lo que toca al Senado, dijo, debe ser dictaminada en contra, ya que no se aprobó antes por considerarla ineficaz para combatir la criminalidad.
El procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, admitió que en la lucha contra el secuestro hay deficiencias en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad en el país. Por ello, manifestó, el gobierno federal va a combatir ese delito “con toda la fuerza del Estado” y se comprometió a ofrecer atención directa a las víctimas, cuando el caso sea de competencia federal. En un texto difundido por la PGR insistió en que en el combate a ese ilícito se aplicará una visión estratégica “integral”. Esta palabrita es famosa porque se le utiliza cada vez que emerge un problema que es reprobado por amplios sectores de la sociedad.
Existen dos visiones sobre las penas carcelarias: una corriente las ve como un castigo al delincuente y como un acto ejemplar: que los demás se enteren de lo que puede ocurrirles si delinquen. Otra visión, en principio más humanista, ve en la pena carcelaria una oportunidad de regenerar al delincuente. Ambas adolecen de problemas: en el primer caso se parte del supuesto falso de que la sociedad sabe lo que dice el Código Penal. La persona que delinque lo hace con la convicción de que él sí burlará a la ley (tiene altas probabilidades) y lo hace ignorando en qué consistirá la pena si es atrapado. La segunda visión tiene una fuerte carga utópica. Usted puede hacer una lista sin fin de casos de delincuentes que nunca jamás podrían ser rehabilitados.
Leo en un periódico argentino que el pasado 25 de julio, el ex comandante Luciano Menéndez, de 81 años, fue condenado a prisión perpetua por la justicia por crímenes cometidos en La Perla, uno de los tres mayores campos clandestinos de detención de la última dictadura (1976/83). Menéndez había sido encausado en 1988 por 47 casos de homicidio, 76 de tormentos, cuatro de ellos seguidos de muerte y cuatro sustracciones de menores, pero fue beneficiado en 1990 por un indulto del ex presidente Carlos Menem (1989-99). Además, en 1994 la justicia de Roma lo imputó por la desaparición de ciudadanos italianos en Argentina y fue acusado de genocidio por la justicia española. También se le investigó por su participación en el Plan Cóndor de coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur.
Al oír su sentencia dijo: “Somos el primer país del mundo que juzga a sus soldados victoriosos que lucharon y vencieron por orden de y para sus compatriotas. Fue una guerra para salvar al país del comunismo”. ¿Rehabilitación de un fanático?
La rehabilitación en México es una entelequia. La cárcel –como acto ejemplar– no inhibe al delito porque la sociedad desconoce la ley y el tamaño de la impunidad es mil veces mayor que los instrumentos de represión y del sistema judicial juntos.