■ Alcalde panista de Cuautitlán viola un amparo; envía policías a recuperar instalaciones
A punta de pistola se reanudan actividades en mina de Jalisco
■ Ejidatarios de Ayotitlán se quejan de despojo de tierras y contaminación generada por la empresa
■ Comisario ejidal electo en asamblea ilegal sigue en el cargo pese a resoluciones de tribunales
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Aspecto de la mina de oro y plata en Ayotitlán, Jalisco, donde el fin de semana se reanudaron las actividades a pesar de que existe un amparo en favor de las comunidades nahuas de la zona
Foto: Arturo Campos Cedillo
Guadalajara, Jal., 11 de agosto. El panista Gerardo Palacios Campos, alcalde de Cuautitlán de García Barragán, municipio del sur de Jalisco donde se asientan varios poblados nahuas, entre ellos el ejido de Ayotitlán, envió el fin de semana policías municipales a resguardar la mina Los Juanes, cuya maquinaria fue parada en enero por indígenas que se oponen a la explotación de metales preciosos en sus tierras.
La reanudación de actividades en la empresa, que pertenece a un inversionista chino, viola un amparo obtenido por los indígenas en enero para evitar que se exploten los yacimientos de oro y plata hasta que se resuelva un conflicto territorial que lleva décadas entrampado en la Secretaría de la Reforma Agraria.
Ejidatarios de Ayotitlán, encabezados por Lino Roblada, miembro del Consejo de Mayores Nahua, obtuvieron el 16 de enero una suspensión contra la explotación de un predio adyacente al río Marías.
La disposición involucra a la Secretaría de Economía, a la Coordinación General de Minas, Promoción Minera, Cartografía y Concesiones Mineras, al Registro Público de Minas y Derechos Mineros, a la delegación de la Secretaría de Economía en Jalisco, a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, a la Dirección de Gestión Forestal y Suelos, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, al ayuntamiento de Cuautitlán y al edil, entre otras autoridades.
El fin de semana los policías de Cuautitlán llegaron al predio en disputa, donde los indígenas inmovilizaron maquinaria y retuvieron un camión de volteo y dos camionetas para presionar a la empresa a fin de que pagara los daños ambientales.
Miembros de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas (UACI) de la Universidad de Guadalajara, que asesora a los indígenas de Ayotitlán, han señalado que la empresa minera es propiedad de un empresario chino a través de prestanombres.
La Secretaría de Economía otorgó en 1997 una concesión a Juan Catarino Michel Victoria y a Juan Enrique Michel Arámbula, conocidos como Los Juanes, para la explotación de 25 hectáreas. El permiso fue avalado el 10 de febrero en una asamblea en Ayotitlán a cargo del comisario ejidal, Jesús Michel Prudencio, quien posteriormente fue desconocido y demandado por los indígenas.
Desde que se inició el conflicto entre los nahuas y las mineras que explotan oro, plata y cobre, el alcalde panista Palacios Campos ha condenado las denuncias y protestas de los indígenas por despojo de tierras y contaminación del río Marías.
“Me gustaría que las formas fueran legales, que la asamblea decidiera, que los demás acatáramos esas disposiciones y, sobre todo, que viéramos los beneficios y no nada más los perjuicios. Si la empresa reúne todos los documentos legales, tiene derecho a trabajar. Ojalá estos trabajos nos permitan tener desarrollo, que mucha falta nos hace”, declaró en marzo, antes de una reunión con integrantes de la Comisión de Gobernación del Congreso del estado.
A pesar de que esa reunión sirvió para acordar una mesa de trabajo en la que participarían autoridades locales, ejidatarios, representantes de las mineras, el Frente Regional Pro Manantlán y el presidente del Consejo de Mayores, las negociaciones no avanzaron y los nahuas continuaron en posesión del predio.
Palacios Campos ha reconocido que Los Juanes y las mineras La Gallina y María SA carecen de estudios de impacto ambiental federales, estatales y municipales, y sólo tienen una concesión federal.
En diciembre pasado la Comisión Estatal de los Derechos Humanos documentó quejas de las comunidades de Plan de Méndez, La Piedra, Rancho Viejo y Las Mojoneras, debido a la contaminación del río Marías con cianuro y otros desechos.
Desde finales de los años ochenta el ejido de Ayotitlán ha estado en conflicto con el consorcio minero Benito Juárez-Peña Colorada, propiedad de las trasnacionales Mittal Steel e Hylsa-Ternium.
Jesús Michel, comisario ejidal desconocido por los nahuas, ha sido empleado y contratista de Peña Colorada, empresa que, en contubernio con la Confederación Nacional Campesina y los ejidatarios que encabeza Michel, organizó una asamblea ilegal en la que resultó electo.
El Tribunal Unitario Agrario número 38 declaró nula esta asamblea, pero Jesús Michel intentó revocar esta sentencia a través de un juicio de amparo y un recurso de revisión que hace unas semanas resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual confirmó la sentencia que anuló la elección. Pese a ello, Michel sigue ocupando el cargo de comisario ejidal, con apoyo del alcalde Palacios Campos.