■ La comisión mediadora demanda al gobierno “real voluntad política” ante el caso
“Nulo avance procesal” para presentar a los dos eperristas desaparecidos
■ El escritor Carlos Montemayor pide acceso directo a información de Sedena, Cisen y PGR
La comisión mediadora entre el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y el gobierno federal presentó ayer un informe en el cual establece que los militantes de esa organización Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez fueron víctimas de “desaparición forzada” por fuerzas del Estado o con la anuencia de éste.
Pidieron, asimismo, al PDPR-EPR que reconfirme la tregua y al gobierno federal que manifieste su “real voluntad política” y presente con vida a los dos activistas desaparecidos.
El informe puntualiza que “no se ha reflejado en acciones concretas la existencia de una real y efectiva voluntad política de parte del gobierno federal para investigar y dar a conocer el paradero de los dos militantes del EPR, así como para encontrar a los responsables intelectuales y materiales de su detención y desaparición en los ámbitos de las autoridades políticas, militares o policiacas, o de organismos de inteligencia en alguno de los tres niveles de gobierno”.
El escritor Carlos Montemayor leyó el informe, en el cual se plantea que la desaparición forzada es un delito de lesa humanidad tipificado en convenciones internacionales; que hay nulo avance de las acciones procesales para dar con el paradero de los militantes del EPR, y que las informaciones recabadas por la comisión mediadora apuntan a que ambos eperristas fueron detenidos por agentes del Estado o por personas o grupos que actuaron con la autorización y el apoyo gubernamentales.
Explicó que el proceso de mediación necesita ahora que tanto el EPR como el gobierno federal, “aclararen con nitidez la actitud que están dispuestos a asumir”, ya que se ha llegado a un punto que podría ser “sin retorno” para este asunto, o bien, que podría permitir un avance cualitativo si se lleva el caso al plano político y no se detiene en el nivel procesal.
Aún no acababa la conferencia cuando la Secretaría de Gobernación emitió un comunicado en el que por primera vez reconoció que la Procuraduría General de la República (PGR) investiga el caso de los eperristas “sin limitación alguna bajo el tipo penal de desaparición forzada de personas”.
La dependencia reiteró al PDPR-EPR y a la comisión su propósito de entablar “un diálogo serio y comprometido” con la verdad, la paz y la conciliación, y sostuvo que “la autoridad judicial determinará la verdad jurídica con base en los elementos de prueba existentes”.
Señaló que los familiares de Edmundo Reyes y Alberto Cruz tendrán acceso a los expedientes del caso para que presenten los elementos que así consideren pertinentes para explorar toda línea de investigación, y además se comprometió a aplicar la ley a quienes violenten la libertad de las personas.
Al respecto, Montemayor señaló que esto es un “cambio súbito” del gobierno federal, que en primera instancia se negaba a reconocer que se trata de un asunto de desaparición forzada y no de secuestro, pero además, porque la comisión recibió ofrecimientos, una y otra vez postergados, de acceso a los expedientes procesales y ninguna respuesta a la petición de poder conocer documentos jurídicos, políticos e incidentales presentados por la misma.
Subrayó que el comunicado oficial no tiene ninguna relevancia ni responde a las consultas que ha llevado a cabo la comisión. “Es un comunicado en el que la Secretaría de Gobernación informa que la averiguación previa 047/2008 tiene una hipótesis procesal de desaparición forzada de personas, pero nada más. Lo que planteamos los integran- tes de la comisión es que el proceso de mediación necesita un nivel de información y acceso directo a instancias como el Ejército, el Cisen y la PGR”, declaró en entrevista posterior.