■ Los gobernadores opositores “sólo quieren plata”, no les interesa lo que piensa el pueblo, dice
Autonomía en la legalidad, deseo mayoritario, afirma Evo Morales
■ El presidente usa el tema del impuesto de los hidrocarburos para “chantajear” a las regiones, acusa el prefecto de Pando
■ Paro cívico para el día 19, anuncia Conalde
■ Levantan ayuno en Santa Cruz
Ampliar la imagen
El presidente de Bolivia, Evo Morales, saluda a partidarios desde el palacio de gobierno en La Paz, donde ayer se reunió de nueva cuenta con gobernadores de la “media luna”
Foto: Ap
La Paz, 14 de agosto. El presidente Evo Morales afirmó hoy, luego del apoyo a su gobierno en el referendo revocatorio del domingo, que “más de dos tercios de la gente quiere juntar la nueva Constitución con los estatutos autonómicos”.
En declaraciones a la prensa esta mañana, después de una segunda sesión de diálogo con los prefectos opositores de Chuquisaca y la llamada “media luna” –Tarija, Beni y Pando y un representante del de Santa Cruz–, Morales consideró que los gobernantes provinciales “sólo quieren plata (del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, IDH) y no tocar otros asuntos, sin interpretar lo que piensa el pueblo boliviano”.
Apenas el domingo, durante la celebración de su ratificación en la presidencia, Morales había señalado que el pueblo pidió con su voto “consolidar el proceso de cambio” iniciado en su administración, lo que implica la recuperación de los recursos naturales, la consolidación de las empresas del Estado y el respeto a su mandato en los distintos niveles, sectores y regiones del país.
Morales puntualizó hoy que “el gobierno boliviano va a garantizar autonomías para toda Bolivia, pero en el contexto de la legalidad y de la constitucionalidad”.
De esta manera, el presidente se refirió a uno de los temas que han generado los mayores conflictos entre su gobierno y las administraciones departamentales.
“Yo llego a la conclusión de que el pueblo boliviano quiere autonomías, quiere una nueva Constitución Política del Estado”, dijo Morales al terminar el encuentro de tres horas.
La nueva Carta Magna, aprobada en diciembre pasado, pero aún pendiente de ratificar por la vía del referendo, reconoce el proceso autonómico, pero va más allá de los departamentos al abarcar también las de jurisdicción indígena.
Las administraciones departamentales de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija realizaron a mediados de este año referendos sobre los estatutos autonómicos que se dotaron directamente por la vía de las prefecturas –con apoyo de los comités cívicos provinciales–, procesos que no fueron reconocidos legalmente por el Consejo Nacional Electoral (CNE) ni por el presidente Morales.
Tras la celebración del referendo del domingo, la propuesta gubernamental incluye el trabajar un pacto constitucional y autonómico. Para ello está dispuesto a “encarar dentro del proyecto de la nueva Constitución Política del Estado el régimen de autonomía departamental propuesto por las regiones, con la premisa fundamental de que sea el pueblo, a través del referéndum dirimidor y aprobatorio, quien defina la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado y el régimen autonómico”.
Asimismo, señala su disposición “a discutir y revisar el tema de distribución del IDH hacia la consecución de un pacto fiscal con la participación de los gobiernos municipales de todo el país, con la premisa fundamental de garantizar el financiamiento de la renta dignidad (un bono para adultos mayores que se nutre del IDH)”.
El tercer punto es conseguir un acuerdo para que el Congreso Nacional, a la brevedad posible, viabilice un pacto institucional que permita las designaciones pendientes de la CNE, Tribunal Constitucional y otros.
Al concluir la reunión de este jueves con Morales, uno de los prefectos que asistieron, el prefecto del departamento de Pando, Leopoldo Fernández, dijo que no hubo avances en el diálogo con el mandatario.
Fernández dijo además que el gobierno quiere utilizar el tema del IDH para “chantajear” a las regiones con el fin de que acepten el proyecto de nueva Carta Magna aprobado por la Asamblea Constituyente.
Más tarde, el Consejo Nacional Democrático (Conalde) se reunió para analizar las propuestas que les hizo el gobierno durante las dos sesiones de trabajo, ayer y hoy.
Después de ese encuentro, el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Branco Marinkovic, anunció el levantamiento de una huelga de hambre de cientos de personas que exigían la devolución del IDH, desde hace poco más de una semana, en la capital departamental.
Marinkovic, al leer la resolución del Conalde ante la prensa, dijo que la posición del gobierno es “muy cerrada” y no quiere escuchar las demandas de las regiones que piden la devolución del IDH, por lo que decidieron asumir la medida de presión del paro cívico el 19 de agosto en los cinco departamentos que representan.
En otro orden, a solicitud de La Paz, se suspendió la segunda Reunión Técnica Binacional Bolivia-Brasil, acordada para el 18 de agosto, a raíz de la aprobación de la licencia de instalación de la represa de Santo Antonio, por parte del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el pasado 11 de agosto.
Reportó además que paralelamente, el gobierno de Brasil formalizó el miércoles la concesión de las obras para la construcción de la represa de Jirau, a 50 kilómetros de la frontera boliviana, a un consorcio formado por el grupo franco belga Suez, la constructora privada brasileña Camargo Correa y las estatales Eletrosul Centrales Eléctricas y Compañía Hidroeléctrica de San Francisco, sin tomar en cuenta las observaciones de Bolivia, que vienen principalmente de las organizaciones campesinas e indígenas del Norte Amazónico.