■ La criminalidad no se resolverá con golpes espectaculares; mala actuación del aparato de justicia
Consenso de sectores en contra de la pena de muerte y la prisión vitalicia
Previo a la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública que tendrá lugar este jueves en Palacio Nacional, diversas organizaciones de derechos humanos, representantes parlamentarios, investigadores y líderes religiosos dieron su voto de confianza a este encuentro, pero rechazaron la posibilidad de que éste derive en un incremento de la penas carcelarias o en la instauración de la pena de muerte.
Este consejo, que reunirá al titular del Ejecutivo federal, al jefe de Gobierno capitalino, gobernadores, legisladores y representantes de la sociedad civil, tiene el objetivo de definir una estrategia nacional de combate a la delincuencia, en torno a lo cual han surgido diversas opiniones.
La dirigencia nacional del PRI manifestó que el problema de la criminalidad no se resolverá con planteamientos inmediatistas o golpes espectaculares, por lo que el tricolor hará pública su propuesta en esa materia hasta que este asunto sea discutido ampliamente durante los trabajos de su vigésima asamblea nacional, el próximo sábado, ello sin menoscabo de que mañana se lleve a cabo dicho consejo.
Tanto la presidenta del partido, Beatriz Paredes Rangel, como legisladores, informaron que frente a la creciente presencia del crimen organizado en el país pretenden acordar en su asamblea nacional medidas para proponer y demandar acciones eficaces y sin tintes electoreros que devuelvan la tranquilidad a los mexicanos.
El Partido Acción Nacional, a su vez, manifestó su total apoyo al gobierno federal en la estrategia contra el crimen e insistió en la necesidad de lograr acuerdos de coordinación con los gobiernos estatales en el Consejo Nacional de Seguridad.
Por su parte, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, hizo un llamado a todos los actores políticos del país a unir esfuerzos y voluntades para trabajar en materia de seguridad de manera conjunta y eficaz sin distingos de sellos políticos o ideológicos.
Asimismo, Alberto Herrera, director de Amnistía Internacional-Sección México, aseguró que ningún incremento en la penalización de un delito, “y mucho menos la pena de muerte, funciona como elemento disuasivo. Es un factor que se tiene bien documentado, por lo que sabemos que no funciona como una estrategia para prevenir que se cometan actos ilícitos”.
El Verde, “irresponsable”
A su vez, Miguel Concha Malo, presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, aseguró que los llamados a aplicar la pena de muerte a secuestradores son “totalmente inapropiados e irresponsables”, luego de que se diera a conocer la iniciativa de ley que lanzará el Partido Verde Ecologista para sancionar con la pena capital a quienes secuestren y maten a sus víctimas.
Destacó que en diciembre pasado la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una resolución para evitar la pena de muerte, y lanzar una moratoria de todas aquellas sentencias que incluyeran pena capital, a lo que se suma que en 2005 también se eliminó esa sanción de nuestra Carta Magna, y afirmó que cualquier propuesta para su aplicación “obedece más bien a una promoción partidista”.
En esta línea, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio Álvarez Icaza, dijo que le preocupa que el consejo próximo a realizarse sea un escenario para intentar validar propuestas que no atienden las causas sino a las consecuencias. “El problema es la mala actuación del aparato de justicia y la complicidad de los servidores públicos; el problema no son los años de prisión que se den, sino el cómo garantizar que no haya servidores públicos corruptos, que se acabe con el secuestro y otro tipo de delitos”.
Sostuvo que endurecer las penas y el que se piense restablecer la condena a muerte, “sería dar marcha atrás a compromisos que el Estado ha adquirido a nivel internacional. En 2005 reformamos la Constitución y el Ejecutivo firmó dos instrumentos internacionales para impedir la aplicación de la pena capital; ya es mandato constitucional”.
Por su parte, la Conferencia del Episcopado Mexicano señaló que al país le urge un “acuerdo nacional” en materia de seguridad, donde los gobiernos de todos los niveles y los tres poderes de la Unión demuestren eficiencia y devuelvan la confianza y seguridad pública a la ciudadanía.
En otro orden, en el marco de la reunión del consejo permanente de la CEM, el arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Rogelio Cabrera, y el obispo de Campeche, Ramón Castro Castro, advirtieron que ni una mayor represión policiaca ni el incremento de penas resolverá el problema de inseguridad pública y el crimen organizado, pues la solución radica en la difusión de valores universales, desde la familia y la educación formal.
Finalmente, el director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, de la Universidad Nacional Autónoma de México, Adalberto Santana, señaló que los problemas en materia de inseguridad abordados en los encuentros del Consejo Nacional de Seguridad Pública se han convertido en un foro de debate político y no en uno que aborde a fondo el problema de la violencia que actualmente se ha generado e incrementado en el territorio nacional.