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■ Cemex, asunto de dólares, no de discriminación
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Simpatizantes del presidente Hugo Chávez celebran con trabajadores de la filial venezolana de Cementos Mexicanos la decisión del gobierno de nacionalizar la empresa
Foto: Reuters
Del anuncio formal (3 de abril de 2008) pasó a la publicación del respectivo decreto-ley (20 de junio), por medio del cual otorgó un plazo de 60 días para que las partes involucradas negociaran lo conducente. Al término de éste procedió legalmente en consecuencia, y en el balance, dos (Holcim y Lafarge) de las tres empresas cementeras implicadas en la nacionalización que de tal industria ordenó el presidente Hugo Chávez, aceptaron los términos del gobierno venezolano. Sólo Cemex dijo no, aparentemente.
Lo anterior no denota “discriminación” alguna en contra de Cementos Mexicanos (una de las tres trasnacionales cementeras involucradas en el citado proceso venezolano), como lo aduce el embajador calderonista en Caracas, Mario Chacón, quien además se dice “sorprendido” por la toma gubernamental de las instalaciones que en aquel país sudamericano poseía el consorcio presidido por Lorenzo Zambrano.
Tal vez la “sorpresa” del embajador Chacón surge de la descabellada “esperanza” de que el gobierno venezolano violara su propio decreto-ley y “mantuviera las conversaciones hasta que las partes (Cemex y el Palacio de Miraflores) llegaran a un acuerdo sobre el precio de la empresa”. Nadie sabe con base en qué el diplomático mexicano supuso eso, pues tal decreto fijó igual plazo (60 días) a las tres trasnacionales cementeras acaparadoras de esa industria en la nación sudamericana, para que negociaran el precio de las acciones a expropiar.
Del gobierno chavista la trasnacional francesa Lafarge aceptó 257 millones de dólares por 89 por ciento de sus acciones; la suiza Holcim tomó los 572 millones ofrecidos por 85 por ciento de las suyas, y Cemex simple y sencillamente dijo no acepto, respuesta que sin duda corresponde a su derecho, como a la autoridad venezolana (de acuerdo con lo estipulado en el citado decreto-ley) le corresponde el de asumir el control de la planta productiva y fijar el precio ante una rotunda negativa de vender, como la manifestada por la trasnacional mexicana.
El asunto, pues, es de dólares y centavos, no de “discriminación”, como especula el embajador Chacón. De hecho, el vicepresidente venezolano, Ramón Carrizales, detalló que “la cantidad que están pidiendo (los dueños de Cemex) por la planta está por encima de su valor real, por encima de los mil 300 millones de dólares”, por lo cual se procedió en consecuencia y la autoridad venezolana asumió el control sin acuerdo de compra, lo que no cancela el finiquito a favor del consorcio que preside Zambrano, y hasta el momento oficialmente Cemex no ha dicho ni pío sobre su pretensión económica por la nacionalización de sus plantas productoras en Venezuela. La única cantidad concreta es la señalada por el vicepresidente Carrizales. Las demás son meramente especulativas.
Lo que no es especulación es que el pasado 3 de abril el presidente Hugo Chávez hizo pública la decisión del gobierno venezolano de nacionalizar, “a corto plazo”, toda la industria cementera del país, acaparada por esas tres trasnacionales. Dos meses y medio después, publicó el respectivo decreto-ley, en el que se especifica que no menos de 60 por ciento de tal industria pasará a ser propiedad del Estado, y concede 60 días a la citada tercia para que decida si permanecen en Venezuela conservando el porcentaje restante, plazo en el que deberán acordarse “los términos y condiciones de la posible participación accionaria en las nuevas empresas del Estado”, para lo cual se crea una comisión técnica que determinará el “precio justo de la operación”.
De no lograrse acuerdos, Cemex, Holcim y Lafarge se retirarían del territorio venezolano y el gobierno chavista expropiaría las respectivas acciones. El proceso de transferencia deberá concretarse a más tardar el 31 de diciembre de 2008. en este contexto, el decreto-ley deja en claro que se incluyen las filiales y subsidiarias de los tres consorcios privados, pero uno de ellos, Cemex, se adelantó a los acontecimientos y por la libre vendió (en una transacción tan rápida y sospechosa que todo hace suponer que no fue una venta, sino un mero traspaso de activos a otras empresas del propio Cementos Mexicanos) poco más de 30 por ciento de Cemex-Venezuela, es decir, sus filiales y subsidiarias con sede en Panamá, República Dominicana, Trinidad y Tobago e Isla Guadalupe.
Lo anterior no agradó al gobierno venezolano, el cual exigió, por medio de la Comisión Nacional de Valores, una detallada explicación a Cemex sobre la referida enajenación de filiales y subsidiarias sin notificación alguna a la autoridad respectiva, la cual debe incluir el porcentaje que tales bienes representaban en sus activos. Cementos Mexicanos se limitó a comentar que “la venta se realizó como resultado de la decisión del presidente (Chávez) de nacionalizar la industria” (aunque se concretó antes del anuncio oficial) y comentó que esa inversión “no tenía incidencia en el funcionamiento y operatividad en Venezuela”, aunque cotizaran en la Bolsa de Valores de Caracas. De cualquier suerte se concretó (por cerca de 355 millones de dólares) sin la autorización de la asamblea de accionistas, “ya que legalmente no es un requisito”, según la cementera. Sin embargo, en sus informes oficiales Cemex-Venezuela (creada en 1994, tras la compra de la empresa Vencemos) reconoce como parte del grupo, con sede en Caracas, que sus empresas en Panamá y República Dominicana, cuando menos, pertenecen al corporativo, es decir, el que ha quedado nacionalizado por el gobierno chavista.
Así, Lorenzo Zambrano y sus muchachos decidieron por la libre cobrar por adelantado parte (los citados 355 millones de dólares) de la nacionalización ordenada por Chávez, de tal suerte que el gobierno venezolano actuó en consecuencia y parece haberla descontado de la oferta de finiquito, lo que –obvio es– no fue del agrado de Cemex. Como se ve, pues, es la “discriminación”.
Las rebanadas del pastel
Ayuda de memoria: ¿por qué decretó el gobierno venezolano la citada nacionalización? Simple: “las cementeras internacionales que operan en el país han creado un cártel de precios y atienden la exportación antes que el suministro local; estas empresas se ponen de acuerdo para fijar el valor del cemento, y muchas veces trabajan por debajo de su capacidad instalada para no impactar hacia abajo los precios; exportan una gran cantidad de las toneladas métricas que producen, dejando en algunos casos desabastecido el mercado interno” (ministro venezolano de Industrias Básicas y Ligeras, Rodolfo Sanz). Cualquier parecido con las prácticas empresariales en México, no es mera coincidencia.