■ El debate será en sesión pública el lunes 25 de agosto
Ministros propondrán una discusión estrictamente jurídica sobre aborto
■ El objetivo, quitar el matiz filosófico y moral al proyecto de Aguirre
A unos días de que se inicie la discusión pública sobre la acción de inconstitucionalidad con la que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Procuraduría General de la República (PGR) pretenden invalidar la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 12 semanas de gestación en el Distrito Federal, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) afinan con sus más cercanos colaboradores la estrategia a seguir.
Trascendió que hay ministros que opinan que la ruta propuesta en el proyecto de dictamen elaborado por Sergio Salvador Aguirre Anguiano –que propone que el aborto sea sancionado con prisión de tres a seis meses– no es la adecuada, porque abarca “muchos temas” que tienen que ver más con cuestiones filosóficas y “morales” que con el análisis jurídico del asunto.
De manera que toma fuerza la idea, entre ellos, de proponer que el debate que iniciará en sesión pública el próximo 25 de agosto, se encamine hacia una perspectiva estrictamente jurídica y constitucional, “porque abordar temas tan controvertidos como el derecho a la vida o la concepción no nos va a llevar a ningún lado”, confiaron las fuentes judiciales consultadas.
En tanto, en la Corte causa expectativa la posición que asuman Olga Sánchez Cordero y José de Jesús Gudiño Pelayo, quienes en 2002 convalidaron la constitucionalidad del aborto cuando el máximo tribunal resolvió la llamada ley Robles. Se da por descontado que José Ramón Cossío, Genaro Góngora y Juan N. Silva Meza apoyan la reforma capitalina, según las fuentes consultadas.
Por otra parte, los funcionarios confirmaron que los puntos que deberán regir el debate son: si la Asamblea Legislativa tiene facultades para legislar en materia penal y si el delito del aborto pertenece o no al fuero común y por tanto, es materia de los asambleístas capitalinos legislar sobre la exclusión del delito de aborto voluntario hasta las 12 semanas de gestación.
Los ministros que están por convalidar el aborto en los términos establecidos por la ALDF, se dijo, consideran que tanto la Constitución como los acuerdos internacionales firmados por México reconocen los derechos de igualdad, no discriminación, reproductivos, de protección a la salud y una vida libre de violencia.
Y que la interrupción legal del embarazo tiene que ver con la libertad de decisión de la mujer sobre su cuerpo; los atributos de la persona como son nacionalidad, patrimonio, estado civil y capacidad; la víctima del delito que es el producto de la concepción y la cantidad de abortos clandestino no denunciados ni castigados.