■ Grupo de especialistas llama al respeto del derecho de la mujer a decidir, en comunicado

“Improcedentes, los recursos de la PGR contra la ley del aborto”

■ La afirmación de que “al momento de la concepción, se crea un ser humano, y por lo tanto interrumpir el embarazo constituye un homicidio”, carece de sustento científico, señalan

En un documento dirigido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), un grupo de investigadores de ciencias exactas, naturales, sociales y humanas consideran que no deben proceder los recursos de inconstitucionalidad presentados por la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra la ley aprobada en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que despenaliza el aborto. La afirmación de que “al momento de la concepción, se crea un ser humano, y por lo tanto interrumpir el embarazo constituye un homicidio”, carece de sustento científico, afirman.

Estamos seguros, señalan, de que los ministros como integrantes de esta máxima instancia de procuración de justicia en México sabrán estar a la altura de las circunstancias, a fin de tomar las decisiones conducentes al respeto de los derechos básicos de las mujeres y de su capacidad de decidir como personas racionales y autónomas, de acuerdo con sus principios morales y con las bases científicas y médicas acerca de su cuerpo y de su vida que deben hacerse accesibles a todos. Estamos seguros de que tomarán en consideración los conocimientos de la ciencia y evitarán basar su decisión en concepciones religiosas y morales particulares, por encima de las normas éticas que deben prevalecer en una sociedad plural para permitir la convivencia de diferentes puntos de vista.

El documento lo firman más de cien especialistas, entre los que se encuentran Alonso Fernández Guasti, Ana Barahona, Ana María Cetto, Ana Rosa Pérez Ransanz, Elena Álvarez Buylla, Enrique Leff, Esther Orozco, Isaura Meza, José Luis Díaz, Julieta Fierro, Julio Muñoz Rubio, León Olivé, Luis de la Peña, Mariflor Aguilar, Norma Blázquez, Susana Quintanilla y Víctor Manuel Toledo.

Estado laico

Fay Julián Cruzalta, profesor de teología, señala que la laicidad del Estado es el garante de derechos fundamentales, como la libertad de conciencia, pues se debe respetar la moral y las costumbres religiosas conforme a la conciencia de cada persona, porque la conciencia es el núcleo sagrado en el que la persona decide lo mejor para sí. “Puedo estar de acuerdo o no con esa decisión, pero la libertad de conciencia es un derecho humano que debe ser garantizado. Hablar de vida humana no es hacerlo meramente de aspectos celulares y bioquímicos; es hablar de personas con intenciones y sueños. Las mujeres en nuestro país tienen sueños de una vida digna de seres humanos, por eso defender la vida es defender esas esperanzas.”

María Consuelo Mejía, directora de Católicas por el Derecho a Decidir, afirma: “Como católica estoy convencida de los beneficios que trae consigo el carácter laico del Estado para la convivencia democrática”.

Agrega que han habido serios intentos de algunos sectores de nuestra jerarquía de transgredir la ley que establece la separación entre las iglesias y el Estado, con la intención de convertir su agenda moral en política pública. Pero más dramático aún, es el hecho de que se pretenda imponer una sola concepción de la moral, que no toma en cuenta las necesidades de las mujeres, ni los avances de la ciencia: se trata de una imposición a toda la ciudadanía de un país, que aunque mayoritariamente católico, no comparte sus enseñanzas.

Gabriela Rodríguez, antropóloga social y directora de Afluentes, afirma que la laicidad entendida como separación de lo sagrado y lo profano permitió desplazar el poder del clero y limitar su monopolio de la verdad. Al separarlo pudo instaurarse la autonomía del Estado y fue factible gobernar en función de la voluntad del pueblo y no de una legitimidad divina o sagrada, es decir, democráticamente.

Añade que la separación del Estado y las iglesias implica, en principio, el reconocimiento de la existencia de una sociedad civil independiente. En segundo lugar, es una noción relativa entre dos realidades que obliga al Estado a definirla con precisión, sobre todo ante disputas legales o políticas. “Es al Estado y no a la Iglesia, al que corresponde definir los alcances y límites de la laicidad. La reforma que autorizó la interrupción del embarazo hasta la décimo segunda semana de gestación concretó la separación y la laicidad en la ley.

Las 12 semanas

Gustavo Ortiz Millán, doctor en filosofía, se pregunta si, en un caso hipotético, tuviéramos que optar entre salvar una veintena de probetas con óvulos fertilizados o salvar a un bebé recién nacido, todos coincidiríamos en que lo correcto es salvar al bebé. Si la diferencia fuera en todos los casos tan clara tal vez no habría mayor discusión sobre este punto. Sin embargo, ¿qué diferencia fisiológica hay entre un embrión de 12 semanas y uno de 12 semanas y un día? Hay por lo menos tres razones: la primera tiene que ver con que la legislación aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal quiere irse a lo seguro, es decir, prefiere tomar un momento temprano del embarazo que uno en que sea más probable que podamos hablar de conciencia y de vida neuronal y mental y, por consiguiente, de valor moral.

Relación con las jóvenes

Aída Marín, de Decidir, Coalición de Jóvenes por la Ciudadanía Sexual, afirma que las jóvenes se enfrentan a retos cotidianos diversos que están estrechamente relacionados con las posibilidades que tienen de acceder a una vida digna. Desde la pobre educación que recibimos, hasta las frustraciones por el desempleo, pasando por la violencia institucional, familiar, emocional, sexual y social, un tema que creemos fundamental en la vida política y personal de las y los jóvenes es el derecho a disfrutar la sexualidad, a decidir sobre los procesos que suceden en nuestro cuerpo y a que el Estado provea las condiciones y los servicios necesarios en materia de salud y educación para ello.

Elsa Conde, feminista y diputada federal, señala que la penalización del aborto no logra el cometido de disuadir a las mujeres de abortar una vez que han tomado la decisión de no continuar con un embarazo no deseado. La intimidación que produce no disuade de la comisión del delito, sino que propicia la clandestinidad y que decenas de miles de mujeres pobres sufran daños severos en su salud y que muchas de ellas pierdan la vida. ¿Por qué hablamos de mujeres pobres? Porque como bien se ha documentado, tratándose del aborto, no se hallará en México un solo caso en que una mujer que no sea pobre haya sido procesada. En otros términos: no existe otra figura delictiva de aplicación tan clasista como la del aborto.

Lucía Melgar, feminista y defensora de los derechos de las mujeres, afirma que las voces de la CNDH, de la PGR, de Provida y de los abogados católicos, “se contraponen a las de las mujeres que nos hemos atrevido a decir que el aborto sólo es un tema ‘feo’ si se trata de uno inseguro, porque la maternidad no puede seguir planteándose como ‘destino’ ni se puede soslayar que quienes hemos tenido recursos hemos podido acceder a una interrupción del embarazo sin riesgo. Así que lo que está en juego también es la defensa de los privilegios de unos cuantos, de quienes pretenden decirnos a las demás qué debemos o no hacer.

“Se necesitan más voces de mujeres para que no se escuchen tanto las voces masculinas, sobre todo de la jerarquía eclesiástica y de los pro vida del feto pero no de las mujeres, quienes pueden morirse, ¿a quién le importa la vida de una mujer? A las demás mujeres, a las feministas. Y ciertamente, a quienes más nos importa la vida de una mujer es a las demás mujeres, a las feministas, pero también, añadiría hoy, a un año de la legalización de la interrupción del embarazo hasta la doceava semana, a los hombres y mujeres que queremos un país menos injusto, menos desigual, y menos hostil a las mujeres, a las niñas, y sobre todo a las mujeres, niños y niñas pobres.”

Pilar Muriedas, del Foro Nacional de Mujeres y Políticas de Población, expresa que los hombres en este país (incluidos los señores Medina Mora y Soberanes) pueden atender sus necesidades de salud sin temor a cometer delito, mientras las mujeres que buscan un aborto, porque consideran que su salud mental, física o social está en riesgo, se exponen a transgredir la ley. “¿De qué procuración de justicia y de cuáles derechos humanos nos hablan estos funcionarios públicos? Intentar obligar por ley a las mujeres a tener un hijo en contra de su voluntad es un acto ruin y alevoso que violenta nuestros más elementales derechos. Se han referido a la defensa jurídica del embrión. Aquí les decimos que dejen de preocuparse, que las mujeres sabemos perfectamente que no es lo mismo un embrión que un hijo o hija nacida.”

Luis Miguel Cano, abogado e integrante de Fundar. Centro de Análisis e Investigación AC, rebate el argumento de que con la interrupción del embarazo se priva de ciertos derechos fundamentales a los hombres que desean convertirse en padres.

“Esta postura es errónea, porque asume que cuando un hombre tiene la fortuna de ejercer conjuntamente con una mujer la libertad sexual de la cual ambas personas son titulares por separado, se apropia de la libertad reproductiva de la mujer de que se trate. Nada más alejado de nuestras bases constitucionales. Conviene tomar en cuenta que cualquier mujer puede decidir procrear sin la concurrencia de algún hombre y sin necesidad de participar en ningún acto sexual, pues los avances de la ciencia le permiten embarazarse de forma artificial.

“Esto ayuda a ilustrar que del hecho de que a veces se necesite un espermatozoide para fecundar un óvulo no se puede derivar que los hombres deben tener derechos sobre la autonomía reproductiva de las mujeres. Si la voluntad de un hombre para convertirse en padre fuera determinante y necesaria su autorización para interrumpir un embarazo no deseado por una mujer, previo goce compartido de su libertad sexual, entonces por congruencia tendría que sostenerse lo contrario: que los hombres pueden decidir esa interrupción aún si las mujeres quieren ser madres. Como no es así, se prueba que a lo más que puede llegarse es a escuchar su opinión cuando sea conducente.”

Legitimidad de la CNDH

Miguel Rábago, doctor en derecho y profesor de la Universidad Iberoamericana, afirma su ponencia que la decisión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de presentar la acción de inconstitucionalidad fue tomada directamente por el ombudsman nacional, sin consultar a su consejo consultivo. Si bien jurídicamente el titular de la CNDH tiene facultades para presentar la acción, desde el punto de vista político no aporta mucho a una visión de consenso el ignorar las opiniones de un consejo al cual sí tiene que consultar en el caso de recomendaciones generales. A esto hay que sumar la inexistencia en nuestro sistema constitucional de mecanismos de democracia directa para este tipo de asuntos, los cuales en debates tan fragmentados deben de considerarse bajo esquemas muy bien logrados. La reforma al Código Penal del Distrito Federal goza de una amplía legitimidad democrática, debido a la amplia participación ciudadana en las elecciones en las que resultó elegida la Asamblea Legislativa y la gran mayoría con la que fue votada.

Sustento científico

Alejandra Huerta, doctora en ciencias biomédicas, señala que actualmente existen numerosas evidencias que distan mucho de ser posturas científicamente ingenuas, que fundamentan que desde el momento de la fertilización se dispara un proceso para la conformación de un nuevo ser humano, con sus características propias.

Concluye que la individualidad del organismo humano, y por consiguiente su auténtica condición personal, se fundamenta en la peculiaridad de su sistema orgánico y no solamente sobre la unicidad de su genoma o la expresión de algunos genes muy tempranos.

Por su parte, Leticia González Luna, vicepresidenta de Voz Pública AC, dice que cuando se reflexiona en los derechos humanos es indispensable precisar que el ser humano es un ser libre y que eso no es lo mismo que autonomía absoluta. La idea generalizada de que el hombre o mujer conciba que él o ella es libertad, sinónimo de libertad, en el sentido de convertir en ley propia sus deseos y caprichos, es funesta en el campo jurídico. Agrega que la soberbia intelectual, que la ciencia ha proporcionado, ha cambiado la idea que la humanidad tiene de ella misma y de su lugar en el universo, lo que ha llevado a los seres humanos a un empobrecimiento espiritual y a un vacío moral.

Los textos completos pueden leerse en http://ciencias.jornada.com.mx

Aún no se ha dicho la última palabra. Está por iniciarse el debate en el seno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a un proyecto presentado por el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, en el que se concluye que las modificaciones legales en el Distrito Federal mediante las que se despenaliza el aborto antes de las 12 semanas de gestación son anticonstitucionales. Pero el análisis en el máximo tribunal apenas comienza. No hay porqué esperar que la decisión final corresponda con la postura del ministro ponente. Como lo expresamos desde el inicio de este foro de reflexión entre especialistas, que hoy concluye, están a la vista todos los elementos en los que puede fundarse una resolución final favorable a los derechos de las mujeres. Confiamos en que así sea