■ El empresario reclama ese monto al gobierno federal por “actualizaciones e intereses”
Pendiente, el fallo sobre la “devolución” de $3 mil 50 millones a Salinas Pliego
■ Indaga aún la SFP la entrega de $550 millones por Comunicaciones y Transportes a Unefon
La sexta sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa no se pronunciará por ahora sobre el reclamo pecuniario del empresario Ricardo Salinas Pliego por un monto inicial de 3 mil 50 millones de pesos como devolución por “actualizaciones e intereses” del pago que por 596 millones de pesos hizo la empresa Unefon, de su propiedad, al gobierno federal por la concesión de frecuencias de telefonía inalámbrica fija y móvil.
Esa instancia judicial –dependiente del Ejecutivo– sólo analiza la solicitud de amparo que presentó el empresario. La misma fuente determinó que, en virtud de los procedimientos legales, no se prevé una resolución cercana sobre el reclamo, que de acuerdo con Salinas Pliego alcanza 3 mil 50 millones de pesos.
En rigor, sólo existiría un adeudo del gobierno federal al empresario regiomontano, por 46 millones de pesos, pues ya le fueron rembolsados 550 de los 596 que le fueron exigidos en pago por el incumplimiento de la liquidación del contrato de concesión otorgado por el gobierno federal.
Así, hasta ahora el proceso se encuentra en fase de desahogo de pruebas. Luego vendrían los alegatos de las partes, por lo cual la decisión no se prevé que se produzca antes de finales de año.
Ello, sin contar que el fallo de la magistrada Diana Bernal Ladrón de Guevara podría ser revisado en segunda instancia por el Poder Judicial de la Federación.
De ese modo, el Tribunal de Justicia Fiscal Administrativa no ha reconocido que el caso de Unefon involucre alguna cantidad de dinero, porque en la fase en que se encuentra el litigio sólo se analiza si el reclamo es viable.
Devolución millonaria
En contraste con la precisión de la ruta que sigue este millonario litigio en el tribunal, la vocería de la Secretaría de la Función Pública (SFP) indicó que sigue en curso la indagatoria que le requirió la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre si fue correcta la devolución de los 550 millones de pesos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a Unefon, dos días antes de la conclusión del mandato de Vicente Fox.
También se indaga si fue correcta la decisión que en 1998 y 1999 tomaron el entonces titular de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), Javier Lozano Alarcón, y el de la SCT, Carlos Ruiz Sacristán, quienes “indebidamente” –según consignó la ASF– otorgaron a Unefon dos prórrogas para diferir el pago de 80 por ciento de una contraprestación de 2 mil 620 millones de pesos, y si la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hizo lo correcto al sumarse a la decisión de la Cofetel y de la SCT de ampliar la prórroga para el pago de la contraprestación.
Hay que destacar que han transcurrido al menos cuatro meses de que el auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón, pidió a la SFP las indagatorias referidas, y la dependencia que encabeza Salvador Vega Casillas no ha dado ningún avance sobre la auditoría.
Aun cuando este litigio involucra una suma importante del erario –no sólo por los 550 millones de pesos que ya se devolvieron a Salinas Pliego, sino también porque éste reclama 3 mil 50 millones, cantidad que no es por ahora materia del Tribunal Federal de Justicia Federal Administrativa–, Vega Casillas lo ha definido como asunto “mediático”.
En tanto, en la SCT se afirma que sólo Salinas Pliego se ha encargado de difundir, sin que haya discusión en las instancias correspondientes.
Para algunos analistas del sector telecomunicaciones, llama la atención que la cantidad que reclama el también propietario de Televisión Azteca coincide con el monto que pagó a su ex socio Moisés Saba por su participación accionaria en Unefon para hacerse de la totalidad de las acciones de la telefónica.
El cálculo de ese monto lo ha fijado Salinas Pliego bajo el rubro de “actualizaciones e intereses” del que, asegura, fue un cobro indebido de la Cofetel por la suma de 596 millones de pesos.
Lo anterior, pese a que en la operación inicial Salinas Pliego –es decir Unefon– obtuvo dos prórrogas para el pago de la concesión de la telefónica, por las cuales pudo diferir la liquidación de 80 por ciento de una contraprestación por 2 mil 620 millones de pesos, sin que tal beneficio estuviera establecido en las bases de licitación.
Como se ha referido, en este caso está involucrado el actual secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, quien durante su gestión al frente de la Cofetel, en 1998 y 1999, otorgó –sin tener facultades para ello– la prórroga a Unefon (antes llamada Sistemas Profesionales de Comunicación SA de CV) para diferir ese pago al gobierno federal cuando se declaró a esa empresa ganadora de 18 títulos de concesión de frecuencias para telefonía inalámbrica, fija y móvil.
El funcionario ha defendido con insistencia la legalidad de su actuación al señalar que tales prórrogas se concedieron para impulsar la competencia en las telecomunicaciones nacionales. Sin embargo, es sabida la vinculación laboral de Lozano con las empresas de Ricardo Salinas, pues aquél ha actuado incluso como su asesor jurídico, lo que en su perspectiva “no implica conflicto de interés”.