■ Afectados, los pueblos indígenas en conjunto, pero sobre todo los que están en resistencia
Acusan a funcionarios de Chiapas de usar políticas sociales para dividir comunidades
Cuxuljá, Chis., 24 de agosto. Las amenazas contra el territorio indígena de Chiapas acechan detrás de múltiples “políticas sociales” y proyectos carreteros, turísticos y de desarrollo, cuya intención es dividir a las comunidades, dispersarlas o someterlas a las necesidades del mercado. Esto afecta a los pueblos indios en su conjunto, pero se dirige sobre todo a los que están en resistencia.
Este crucero, en la bifurcación de las carreteras a Ocosingo y Altamirano, ofrece algunos ejemplos de estas “políticas” y sus efectos a largo plazo. Como se recordará, en noviembre de 2001, la tienda colectiva de los municipios autónomos (que en 2003 se agruparían en la junta de buen gobierno del caracol de Morelia) fue agredida por los vecinos priístas y por miembros de la Organización Regional de Cafetaleros de Ocosingo (Orcao).
Estos últimos, en alianza con las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), habían “recuperado” las fincas ganaderas después del levantamiento de 1994, creando el municipio autónomo Che Guevara. El acuerdo fue que las tierras serían de propiedad comunal. Pero al asumir la gubernatura Pablo Salazar Mendiguchía, impulsado por los partidos de la Revolución Democrática y Acción Nacional y respaldado por organizaciones independientes como la Orcao, el gobierno ofreció programas a condición de que se titularan individualmente los predios.
Aquel fue el primer conflicto de un nuevo tipo. Mientras los zapatistas sostuvieron el inicial acuerdo comunitario, la Orcao prefirió romperlo para acceder al dinero público.
Siguieron meses de confrontación, al cabo de los cuales el municipio autónomo aceptó ceder los predios, donde la Orcao estableció el poblado Jetjá. Con presteza se edificaron decenas de viviendas de madera, que fueron ocupadas un tiempo por miembros de esa organización de cafetaleros. Hoy están prácticamente abandonadas, lo mismo que las tierras de cultivo.
“Recibieron todas las ayudas del gobierno, y las usaron para otros negocios o para pagar a los polleros que los llevaron al otro lado de la frontera”, explica Juan, zapatista del municipio Che Guevara, en la tienda que, cinco años después de la agresión, sigue funcionando como colectivo.
“Es el desperdicio que hicieron, nada más para dividir”, agrega, ante el fenómeno de las tierras abandonadas.
Éste es un simple ejemplo de para qué han fomentado los gobiernos presuntamente no priístas de Chiapas la división de las comunidades. Tales prácticas se extendieron hacia las cañadas de Ocosingo, por acción de la propia Orcao o de otras organizaciones independientes.
Pronto dará de qué hablar la proyectada autopista turística San Cristóbal de las Casas-Palenque, cuyo trazo está decidido, pero no se ha hecho público. Las autoridades anuncian que las obras comenzarán en 2009. Se presume que atravesará, entre otras, buena parte de las tierras interiores del territorio tzeltal tradicional. Ya se habla de la adquisición en curso de tierras por particulares y el gobierno para la carretera y los proyectos turísticos y comerciales.
¿Futuras divisiones? Tal vez. Como sea, inminente migración de los campesinos que troquen tierras por “programas” en efectivo, para bonanza de los polleros y vía franca a la privatización con fines turísticos.