Seguridad pública a debate
El debate público abierto y respetuoso siempre es más útil que la imposición de un consenso artificial. Los foros en el Senado sobre la reforma energética nos demostraron el valor de la discrepancia y la riqueza de la pluralidad. Hoy contamos con distintas iniciativas: la del gobierno federal, la del Partido de la Revolución Institucional (PRI) y la del Frente Amplio Progresista (FAP), precisamente porque el Congreso de la Unión se tomó el tiempo necesario para deliberar con calma sobre el futuro de Petróleos Mexicanos. Esperemos que a partir de esta reflexión conjunta pueda surgir una estrategia de largo plazo que asegure el desarrollo sustentable del país.
Lamentablemente, en lugar de aprender de esta importante experiencia, ahora en el tema de la seguridad pública el gobierno de Felipe Calderón de nuevo busca imponer sordamente una agenda cortoplacista. En vez de convocar a un debate nacional sobre la problemática para trazar una estrategia de largo aliento, el Presidente se limita a fijar fechas para el cumplimiento de compromisos ambiguos, que, por cierto, ya tendrían que haberse logrado hace tiempo.
La pregunta clave no es si las instancias firmantes del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad podrán cumplir con los compromisos del documento, lo cual será sencillo dado su naturaleza, sino cómo los cumplirán y qué pasará después.
Tomemos, por ejemplo, el acuerdo número 1.5, el cual indica que el Poder Ejecutivo federal cuenta con dos años para establecer un “sistema nacional de desarrollo de ministerios públicos”. En primer lugar llama la atención que a casi dos años de una gestión presidencial, cuya primera prioridad supuestamente era la seguridad pública no exista ya un sistema de esta naturaleza. Asimismo, no se ofrece garantía alguna con respecto a la calidad o la efectividad del “sistema” que se pretende desarrollar de aquí a agosto de 2010.
El Ejecutivo también se ha impuesto las tareas de “fortalecer” tanto el sistema penitenciario como el sistema de aduanas en los próximos dos años. De nuevo, cabe preguntarnos exactamente a qué se refieren estos compromisos: ¿será que tiene en mente la construcción de un nuevo muro en Almoloya y la contratación de un par de nuevas secretarias en la aduana del aeropuerto nacional? Nadie sabe la respuesta, ya que no existen indicadores precisos ni metas objetivas para medir el cumplimiento de los compromisos tomados el jueves pasado.
En otros puntos el gobierno busca aparecer más ambicioso: fija un plazo de escasos tres meses tanto para “fortalecer con la participación de la sociedad civil en el sistema de denuncia contra la corrupción y mala actuación de los servidores públicos” (punto 9) como para “instrumentar campañas para promover la cultura de la legalidad” (punto 20). Pero otra vez no nos queda claro el alcance específico del compromiso. ¿Será suficiente la realización de un par de talleres sobre la importancia de la denuncia y la producción de unos cuantos espots publicitarios que conminen a la población a decir no a la mordida? El documento está atiborrado de ambigüedades similares, repitiendo la palabra “fortalecer” en 13 ocasiones, “promover” en seis, e “incrementar” en cuatro.
Al principio del siglo XX, el filósofo Karl Popper escribía que las únicas hipótesis científicas que valían la pena eran aquellas que eran “falseables”. Una hipótesis que nunca pueda ser desmentida es mera creencia. Por ejemplo, una afirmación como “pronto habrá una crisis económica mundial de grandes proporciones” es un postulado de fe en tanto que independientemente de lo que suceda siempre se podrá decir que todavía falta tiempo para que se cumpla la predicción. En contraste, una afirmación más precisa como “en doce meses el producto interno bruto de las 10 economías más grandes del mundo caerá 5 por ciento” cuenta como una hipótesis científica porque se expone a la comprobación empírica.
Lo mismo ocurre con las promesas de gobierno. De nada nos sirven una serie de compromisos que son imposibles de incumplir. Habría que realizar promesas específicas que pueden llegar a ser “incumplibles” para que tengan una fuerza real: ¿exactamente cuántos secuestros y asesinatos más estamos dispuestos a tolerar durante los próximos 12 meses? ¿Qué porcentaje de estos delitos serán castigados y cuantos quedarán en la impunidad? Nuestros gobernantes tendrían que fijar metas específicas en la materia. Su permanencia en el cargo debería depender de resultados concretos, no de buenos deseos y simulaciones.
Es hora de cambiar radicalmente el guión. La administración federal ha demostrado con sus propias cifras el fracaso de su estrategia de seguridad pública. En lugar de ir pagando a plazos las promesas que Calderón hizo cuando tomó posesión y de simular el cumplimiento de los acuerdos firmados el jueves pasado, habría que convocar a un debate nacional para desarrollar una nueva estrategia integral en esta materia.
En solidaridad con don Miguel Ángel Granados Chapa, periodista ejemplar