■ Predominan contratos de protección en aerolíneas; el esquema se exporta a Sudamérica
Solapa la STPS a “capos del sindicalismo blanco”, acusan dirigentes gremiales
Los “contratos de protección” en México se convirtieron en “negocio millonario” para seudolíderes que cobran una “cuota” mensual a las empresas a cambio de “mantener controlados a los trabajadores”, lo que ha generado un fenómeno de “sindicalismo paralelo o blanco”, con la tolerancia y anuencia de las autoridades laborales, que han convertido la toma de nota en una “marca registrada”, una licencia con la que se permite comercializar los derechos de los asalariados, señalaron analistas y dirigentes de empleados.
Por ejemplo, afirmaron, de 14 aerolíneas que hay en el país, sólo cuatro cuentan con un sindicato democrático, mientras Aviacsa, Volaris, Viva Aerobús, Magnicharters, Interjet, Aerocalifornia y A Volar, entre otras firmas, tienen “contratos de protección”.
En conferencia de prensa, dirigentes de la Asociación de Pilotos de Aviación (ASPA), de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación y de la Alianza de Tranviarios, así como integrantes del Centro de Investigación Laboral y Análisis Sindical, del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) y de la Fundación Friedrich Ebert, que forman parte de la Campaña contra los contratos de protección, apuntaron que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social nada hace contra “los reyes, los capos del sindicalismo de protección”.
Expusieron que Salvador y Ramón Gámez –este último prófugo por acusaciones de pederastia–, quienes tienen en sus manos el control de la mayor parte del contratismo de protección, operan impunemente y tienen la “toma de nota” como secretarios generales de diversas organizaciones sindicales.
Crecimiento “estratosférico”
Inés González Nicolás, secretaria técnica de la campaña mencionada, apuntó que dichos contratos han crecido en México de manera extratosférica. De hecho, abundó, el país ya está “exportando” el modelo a Sudamérica, ya que varias naciones están copiando ese esquema.
Añadió que 90 por ciento de los contratos colectivos del país son firmados por organizaciones fantasmas, cuyos dirigentes operan como “verdaderos gánsters”, y como tales cobran “cuotas” mensuales a las empresas para “protegerlas de los trabajadores”, lo que ha devenido en un negocio que les reditúa millones de pesos, sin que la autoridad haga algo.
A su vez, Mauricio Aguilera, representante de ASPA, expresó que hay una colusión entre esos dirigentes y las empresas, la cual no es cuestionada ni sancionada por la autoridad laboral y ha permeado de tal forma que cada vez avanzan más los sindicatos de protección, lo que representa una amenaza para las organizaciones democráticas en el país.
En algunos sectores, como el de servicios y el comercial, “es raro encontrar una organización legítima”, pues prácticamente nueve de cada diez empresas tienen un sindicato blanco, dijo.
El sector aeronáutico, advirtió, es la mejor muestra de ello, ya que el esquema ha tenido un avance sin precedente, particularmente con mayor fuerza en el sexenio de Vicente Fox.
Agregó que algunas líneas aéreas buscan acabar con los derechos laborales, como es el caso la embestida contra sobrecargos y pilotos, mientras las empresas patito del sector operan impunemente contra sus trabajadores.
Un ejemplo, mencionó, es Republic Air, aerolínea “chartera”, que opera con todas las violaciones a la normatividad aérea y despidió a pilotos que denunciaron irregularidades en las condiciones en que vuelan las aeronaves.
Sin embargo, aseveró, ni las autoridades laborales ni las de aeronáutica ven ninguna de esas violaciones.
A su vez, Angélica González, del Cereal, expuso que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está por emitir una resolución en torno al debate del “voto secreto” para las elecciones y recuentos en los sindicatos, determinación que en caso de ser favorable a los derechos de los trabajadores permitirá acabar con prácticas como las del sindicato petrolero, en cuyas asambleas “amañadas” no se deja participar a los opositores y, a mano alzada, sin recuento de trabajadores ni registro, y en medio de violencia extrema, se llevan a cabo las “amafiadas” elecciones de dirigentes.