Gobierno, justicia y seguridad: ¿quién cierra la puerta?
No podemos alegrarnos de que en nuestro país se deba organizar una reunión altamente mediática con los representantes del Estado a nivel federal y estatal y que su resultado sea un conjunto de propuestas que entrañan que hagan lo que no se hace y que debieron hacer siempre; que cumplan lo que no se cumple, que dejen de hacer lo que está prohibido, ¿por qué habría que creerles?
Están por cumplirse 13 años de la promulgación, el 11 de diciembre de 1995, de la ley que estableció las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, “con el objetivo de tomar decisiones de política pública e instrumentar acciones para enfrentar el fenómeno de la inseguridad”. ¿Dónde está el informe que dé cuenta de lo actuado? ¿Dónde la evaluación? Hoy sólo vemos malas cuentas, víctimas de todos los estratos sociales, apogeo de la corrupción, desconfianza ciudadana hacia todo lo que parezca autoridad y más aún si es policial.
La reunión del Consejo Nacional de Seguridad tuvo entre sus invitados al padre de Fernando Martí, justamente afectado por el ominoso secuestro y asesinato de su hijo. En actitud valiente les dijo que si no pueden con su función renuncien, pues ocupar un cargo sin cumplir también es corrupción.
Ante un señalamiento tan crudo, hay quienes han dicho que sí se van si no resuelven el agudo problema de la inseguridad, mientras la gran mayoría prefirió callar. Hay que insistir en que en nuestro país carecemos de los mecanismos legales para promover la revocación del mandato, por lo cual estaríamos a la espera de que “voluntariamente” decidan irse quienes no son dignos de ocupar un cargo público.
El acuerdo nacional por la legalidad contiene propósitos señalados para cada uno de los poderes y para los niveles de gobierno. Todos hablan de evaluación y control de confianza. De “instrumentar campañas para promover la cultura de la legalidad (tres meses), así como incluir en los programas de estudio la cultura de la legalidad, el combate a las adicciones, el respeto a los derechos humanos y la transparencia (un año)”. No imaginamos cómo realizaron la medición de plazos para evaluar resultados. Por ejemplo, podemos preguntarnos si mediante una campaña se logrará promover la cultura de la legalidad cuando lo que está interiorizado socialmente es la cultura de la impunidad. Si la escuela va a ser capaz de promover valores ciudadanos, cuando sus maestros están amenazados sobre el sentido y destino de su profesión. ¿De cuál democracia hablarán en clase con una dirigente sindical vitalicia? Ciertamente la cirugía que requiere el país es mayor.
Llama la atención que las autoridades enfaticen que “lo más importante es el observatorio ciudadano”, cuya función será vigilar y supervisar el cumplimiento de los compromisos (tres meses). ¿Cómo se integrará el observatorio? ¿Quién lo nombrará? ¿Quién nos representa a los ciudadanos? ¿Le van a dar funciones de ley para supervisar? ¿A quién informará el observatorio?
Porque también hubo firma de acuerdos por parte de organizaciones de la sociedad civil y, como bien señaló Rayuela, nadie se acordó de los organismos de derechos humanos (La Jornada, 22/8/08). Precisamente organismos civiles de derechos humanos como Todos los Derechos para Todas y Todos, que expresó en días pasados su postura de que el problema de la inseguridad no se resuelve con medidas coyunturales (boletín del 9 de agosto de 2008) y tampoco con la propuesta de medidas drásticas como sería la cadena perpetua.
Recordó que “desde que se promulgó, en 1931, el Código Penal Federal se ha reformado en 21 ocasiones, casi siempre para incrementar las sanciones, pasando la pena máxima de 20 a 70 años en la actualidad”, y sostuvo que el problema radica en el ineficiente sistema de justicia existente en el país que limita las posibilidades de que un secuestrador, o cualquier delincuente, sea detenido y castigado. Propuso el enfoque de derechos humanos y anotó: “Un real y efectivo combate al secuestro sólo se logra con medidas de política criminal, la cual debe comprender, entre otras: instauración de un sistema integral de prevención no penal del delito, policías preventivas que realicen con eficiencia su función de impedir la comisión de delitos, creación de policías investigadoras profesionales y honestas, que realmente investiguen y se alleguen las pruebas de los delitos cometidos y, sobre todo, que capture a los delincuentes para posibilitar la aplicación de las penas que merecen y Ministerios Públicos objetivos e imparciales”.
Todo ello reclama una visión integral del combate a la inseguridad, que tenga presente de manera activa la política social, la educación al empleo y a la salud. De no hacerlo, en el ánimo social anida la frustración y el grito ya conocido: “que se vayan todos”.