¡Fuera máscaras!
En lo que puede considerase un cambio de estrategia de último momento, la Iglesia católica toma las riendas del proceso orientado a anular las reformas aprobadas en el Distrito Federal mediante las cuales se despenaliza el aborto por decisión de las mujeres antes de las 12 semanas de gestación. La gravedad de las circunstancias así lo amerita. El proyecto del ministro ponente Sergio Salvador Aguirre Anguiano no garantiza un resultado favorable para la tesis que impulsa el Vaticano en todas las naciones, especialmente en las del mundo en desarrollo, sobre la defensa de la vida desde la concepción… Quizá es demasiado tarde.
En un mensaje histórico, por inusual, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) en cadena nacional (a través de los principales canales de las televisoras) hace sentir su presencia con el objetivo de influir en los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ayer empezaron el análisis del proyecto de sentencia presentado por Aguirre, el cual declara inconstitucionales los puntos centrales de las reformas en la capital del país, y pretende imponer la cárcel como castigo a las mujeres que tomen la decisión de interrumpir un embarazo no deseado.
La Iglesia decide tomar las riendas y hacer a un lado al ministro ponente y el trabajo desarrollado por científicos conservadores como el doctor Jesús Kumate, cuya influencia ha fracasado en otros momentos, como en los intentos por convencer a la Corte de que la píldora del día siguiente era abortiva. También a las maestras de embriología que identifican al cigoto con la persona humana y que no dudan, aun en instituciones laicas como la Universidad Nacional Autónoma de México, en orientar a las comisiones evaluadoras para castigar a profesores partidarios de la despenalización del aborto.
La estrategia que originalmente pretendía ocultar la presencia de la Iglesia católica en este debate con el propósito de evitar una confrontación con la naturaleza laica del Estado mexicano llega a su fin. Ahora las cartas están abiertamente puestas sobre la mesa.
En un mensaje sobrio, pero muy claro, la CEM, por conducto de su presidente, Carlos Aguiar Retes, corrige la plana a Aguirre Anguiano y combina la defensa del “recién concebido” con lo que identifica como la defensa decidida de la dignidad de la mujer. ¿Cómo se entiende ésta? En la versión completa del mensaje, publicada en la página de Internet de la CEM, en lugar del castigo carcelario directo, como sostiene el ministro ponente, Aguiar Retes propone: “Todos, como sociedad, debemos trabajar para que ninguna mujer se sienta condenada, rechazada, sola o abandonada al encontrarse en esa situación –un embarazo inesperado. Es un deber humano atender, solidariamente, a la mujer que lleva un hijo en su vientre”. Esta declaración no resuelve el tema de la cárcel, pero establece un escenario previo, preventivo, de labor social, para evitar que las mujeres aborten.
Pero inevitablemente también la Iglesia incursiona en los temas políticos. En nombre de los obispos, Aguiar define lo que debe entenderse por democracia verdadera y por auténtico estado de derecho, introduciendo para ello las tesis desarrolladas por el Vaticano: “El respeto a la vida humana desde la concepción y hasta la muerte natural”.
Los obispos se ven obligados a última hora a tomar en sus manos la lucha contra la despenalización del aborto. No queda de otra. Como en una partida de ajedrez, introducen un movimiento nuevo con una finalidad clara. Si bien sacrifican los esfuerzos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Procuraduría General de la República y del ministro Aguirre por mostrar que su oposición a la despenalización del aborto obedece a una perspectiva laica, se trata de influir, mediante la presencia explícita del poder eclesiástico, sobre el voto de algunos ministros de la SCJN.
Deciden de último momento actuar así, aun enfrentando el riesgo de atentar contra algo que parecería inadmisible: la vigencia del Estado laico en México.