Segundo informe
■ La imagen de Mouriño se desgastó tras denuncia sobre firma de contratos “ilegales”
La iniciativa oficial de reforma energética, eje de las tensiones políticas de este año
■ Legisladores del FAP ocuparon las tribunas de San Lázaro y Xicoténcatl para impedir albazo
■ Modificaciones legales frenaron el “día del presidente”
■ La difusión del Informe, vía espots
Sin vislumbrarse aún un desenlace claro, la reforma energética marcó el eje de las tensiones políticas en este año: la iniciativa de reforma presidencial fue el detonante de una cadena de sucesos que agitaron el escenario, desde las denuncias públicas en contra del “influyentismo” del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, para favorecer empresas familiares, la toma de las tribunas del Congreso, la consulta ciudadana que revitalizó al movimiento de izquierda y un desenlace incierto, al momento del corte de caja anual, el primero de septiembre.
Parte también de la agenda política del año incluye otro suceso que da un giro a las relaciones entre poderes de la Unión, la conclusión de una época: no se reditarán los fastuosos informes presidenciales, los rituales para rendir tributo a la otrora casi inmaculada figura del presidente de los años del priísmo, reconvertidos en verdaderas confrontaciones entre poderes en la última década.
Las reformas aprobadas pondrán fin al “día del presidente” en que se convirtió el primero de septiembre, fecha establecida para rendir cuentas al Congreso y para los balances de gobierno, que ahora ya se prefiguran como la difusión de un Informe con base en la transmisión de espots.
Con el trasfondo de una crisis en materia de seguridad y sobresaltos económicos que han descompuesto las variables macroeconómicas proyectadas, el gobierno apostó como eje de su agenda a la reforma energética.
Su proyecto fue remitido en abril, pero los preparativos comenzaron desde enero, cuando el presidente Felipe Calderón promovió los primeros enroques en su gabinete para activar el papel de la Secretaría de Gobernación como interlocutor real del Congreso, prácticamente anulada bajo la gestión de Francisco Ramírez Acuña.
Para el efecto, envió a uno de sus mas allegados colaboradores a encabezar la dependencia: Juan Camilo Mouriño apuntalándolo como su delfín.
Mucho más expuesto que en sus oficinas de la Presidencia, apenas unas semanas después de su designación, Mouriño resintió los embates de la izquierda, que comenzó a difundir los contratos “ilegales” que firmó como representante de la empresa de su familia, pero ya con calidad de diputado federal.
La denuncia hecha pública por Andrés Manuel López Obrador desgastó aceleradamente la imagen de Mouriño, cuya reacción fue inútil para frenar el impacto político que tendría la difusión de los contratos.
La cadena de denuncias difundidas desde el Partido de la Revolución Democrática (PRD) prácticamente nulificaron su capacidad de interlocución cuando apenas comenzaba a vislumbrarse que el Ejecutivo federal remitiría una iniciativa en materia energética.
Paradójicamente, sería el propio PRD el que le allanaría el camino al cuestionado secretario de Gobernación, en los momentos en que las denuncias hacían estragos en la imagen de éste.
El 16 de marzo se realizaron las elecciones el sol azteca y la secuela de conflicto y de descalificaciones internas desviaron toda la atención mediática al tiempo que, sumergidos en su propia crisis postelectoral, las denuncias contra Mouriño prácticamente desaparecieron.
En abril, el Presidente remitió la iniciativa de reforma energética, que fue el detonante del debate sobre la privatización de Petróloes Mexicanos (Pemex).
La propuesta omitía cualquier reforma constitucional, pero, según denunciaron el Frente Amplio Progresista (FAP) y algunos sectores priístas, pretende, por la vía de reformas a la ley secundaria, disfrazar cambios de orden constitucional incluyendo, entre otros cambios, cuestionables “licitaciones confidenciales”.
Al conjuro de la amenaza a la privatización de Pemex, las movilizaciones de la izquierda se reactivaron en las calles e incluso, en el seno del Congreso de la Unión para impedir un “albazo” de la dupla PRI-PAN, y que ésta aprobara, fast track, la reforma de Calderón.
Con la toma de las tribunas del Senado y la Cámara de Diputados se inició la resistencia civil pacífica que, a pesar de ser fuertemente cuestionada desde el gobierno federal y el priísmo, derivó en un acuerdo parlamentario que accedía a una demanda elemental: consultar y debatir con especialistas los alcances de una reforma energética.
La estrategia del FAP se complementó con la convocatoria a una consulta nacional que, junto con las fuertes críticas que recibió la iniciativa presidencial durante los foros realizados, complementaron un escenario más complejo para la aprobación de la iniciativa presidencial.
La consulta promovida no sólo desde los partidos, sino también por el gobierno de la ciudad –entidad donde la legislación permite a las autoridades electorales organizar estos ejercicios– provocó inconformidad en el gobierno federal y en el propio Calderón.
Tal es el contexto en que llega Calderón a rendir su Informe al Congreso, documento que ya sólo remitirá con un propio, mientras por vía de espots publicitará su gobierno.