Pendientes, castigos por la guerra sucia
Conocer la verdad y castigar a los responsables de los hechos de la guerra sucia de los años 60 y 70 “sigue siendo un tema pendiente” para el país, además de que, en una línea continua de represión, el Estado mexicano ha decidido ahora criminalizar la lucha y la protesta social, todo esto en medio de una impunidad permanente de los que ejercen el poder.
Lo anterior se expresó durante el primer día de la Jornada Cultural en memoria de los detenidos-desaparecidos políticos en México, al que acudieron hijos e hijas de víctimas de la guerra sucia o de “baja intensidad”, que dejó cientos de hombre y mujeres desaparecidos y asesinados.
En la primera mesa redonda con el tema Pasado y presente de la guerra sucia en México, realizada en el foro Quetzalcóatl, de la delegación Xochimilco, participaron Marco Antonio Rascón, Diego Lucero Estrada, Fritz Glockner y Alejandro Jiménez Martín del Campo. En ella se insistió en la necesidad de rescatar la memoria de este etapa trágica de la historia del país –regularmente desconocida por la mayoría de los mexicanos– y castigar a los responsables.
Previamente, en la inauguración de la exposición fotográfica sobre el tema, en la entrada del edificio delegacional, Adela Cedillo, de la organización Nacidos en la tempestad, dijo que la violencia institucionalizada ha sido una “práctica sistemática” del gobierno y que el trabajo de la fiscalía especial para los delitos del pasado, creada en el sexenio foxista, fue notoriamente insuficiente. Debemos, dijo, posicionar el tema en la agenda nacional, y esa es la idea al realizar este tipo de actos, que aunque sencillos, son importantes.
En la intervención de los diferentes ponentes, la constante fue la denuncia por la enorme impunidad que hay en el sistema institucionalizado, no sólo en el pasado con la guerra sucia, sino también en el presente, en el que están los escandalosos casos de los gobernadores Ulises Ruiz, de Oaxaca, y Mario Marín, de Puebla, así como de los hermanos Bibriesca y del actual secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño y los contratos millonarios de sus empresas con Pemex, entre muchos otros.