■ Los represores no se arrepintieron de sus crímenes; enfrentamientos fuera del tribunal

Condenan a prisión perpetua a los ex generales argentinos Antonio Bussi y Luciano Menéndez

■ Juicio oral los responsabiliza como coautores de delitos de lesa humanidad en “asociacion ilícita”

Stella Calloni (Corresponsal)

Buenos Aires, 28 de agosto. En un juicio oral histórico en la provincia de Tucumán fueron condenados hoy a prisión perpetua los ex generales Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez como coautores de delitos de lesa humanidad, en una “asociación ilícita”, cometidos durante la pasada dictadura militar (1976-1983).

Pero al mantenerse la prisión domiciliaria –hasta una próxima decisión en los primeros días de septiembre– para el primero de los condenados, se produjeron serios incidentes con heridos y lesionados en los alrededores de esa sede de justicia.

Bussi, de 82 años, estuvo durante todo el juicio en silla de rueda y con un tubo plástico en su nariz, y ayer lloró en el tribunal en su descargo, sin arrepentirse de nada.

“Mis dolencias físicas no me permiten enfrentar este último combate”, dijo entre otras declaraciones que lo mostraron sin ningún signo de arrepentimiento.

En tanto, Menéndez condenado ya en Córdoba a prisión perpetua por los crímenes cometidos bajo su orden y responsabilidad cuando era jefe del tercer cuerpo de ejército, en todo momento mantuvo su dura posición y advirtió que libró una guerra contra la subversión, pero sin mostrar ningún tipo de emoción.

La táctica de Bussi en cambio, trató de inspirar lástima, especialmente porque en Tucumán se jacta de haber sido el único general de la dictadura que luego en democracia fue elegido en la urnas como gobernador.

En las afueras del tribunal esperaban las resoluciones organismos de derechos humanos y sociales, que debieron ser separados por la policía de los seguidores del ex general que creó la derechista Fuerza Republicana.

Ambos represores fueron condenados por la desaparición del ex senador provincial peronista Guillermo Vargas Aignasse, en 1976.

Bussi admitió que al producirse el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, los militares habían preparado una lista de quienes se podrían oponer al golpismo y que entre ellos estaba Vargas Aignasse, que fue desaparecido.

La resolución dice que se les condena a prisión perpetua e inhabilitación absoluta como coautores penalmente responsables de una asociación ilícita, violación de domicilios, privación ilegal de la libertad, torturas y tormentos reiterados, condiciones tortuosas de detención, desaparición forzada de persona”, entre otras causas.

En los alegatos, el fiscal federal Alfredo Terraf había reclamado la prisión perpetua para los acusados en el penal común de Villa Urquiza, revocándose así el beneficio de la prisión domiciliaria de que gozan.

El fiscal dijo: “no les queda otra alternativa que la cárcel común. Es una burla que una persona que está acusada por delitos de lesa humanidad siga en un country, porque ambos están en condiciones físicas y síquicas de estar en un penal. La edad no da derechos ni privilegios”.

Pero también para el tribunal el tema fue muy difícil debido al estado de salud de Bussi. Entre los organismos de derechos humanos había algunas divisiones, ya que se necesita que Bussi comparezca en otros juicios.

Lamentablemente se dio el final inesperado con incidentes y gases lacrimógenos que disparó la gendarmería, no se sabe aún bajo qué orden. Pero aún entre esos llantos, miles de familiares de las víctimas de los centros clandestinos de detención festejaban esta justicia tardía, pero justicia al fin.