Segundo informe

■ El sello son los cambios cuantitativos, no de fondo, indica experto

La educación se mantiene como “factor de canjes políticos”

■ Este año retrocedieron 40 mil escuelas en la prueba Enlace

Karina Avilés

A dos años del gobierno de Felipe Calderón, la política educativa se ha distinguido por la adopción de criterios de la llamada “nueva gerencia pública” que incorpora las formas de organización de la iniciativa privada bajo una supuesta idea de “modernidad”, aunque detrás de la “fachada” continúan las viejas prácticas clientelares y caciquiles, problemática que se ha incrementado al colocar una vez más a la educación como un “factor de canjes políticos”, de acuerdo con expertos.

Bajo la misma retórica de hacer, ahora sí, una “revolución educativa”, en 21 meses de gobierno, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha asumido una serie de acciones más que nada de corte cuantitativo y efectista, que de transformación real de la enseñanza.

Con el membrete de la Alianza por la Calidad de la Educación, lejos de asumirse como un pacto en favor del sector, la comunidad educativa lo ha recibido como el “pago de favores” de Calderón a la lideresa magisterial, Elba Esther Gordillo, indica Hugo Casanova Cardiel, miembro del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la máxima casa de estudios.

Así, dicen los especialistas, por “cambios cuantitativos” o “espectaculares” nadie se puede quejar: llevar la Reforma Integral de la Educación Básica a 5 mil primarias; establecer el Programa Escuela Siempre Abierta en 6 mil 500 planteles; crear mil escuelas de tiempo completo; aplicar el Programa Escuela Segura en 13 mil instalaciones; rehabilitar y equipar 10 mil escuelas; apoyar a 5 mil centros educativos de bajo rendimiento; implementar en otras 90 mil del nivel básico el Programa de Educación Económica y Cultura Financiera, son algunos de los objetivos que, según la dependencia, deberán cumplirse en el ciclo 2008-2009.

Sin embargo, las acciones proyectadas por esta administración no han cambiado el rumbo del rezago ni tampoco apuntan hacia una transformación que de verdad mejore la enseñanza. Incluso las evaluaciones de la dependencia –otro de los sellos del proyecto actual– lo demuestran: en tiempos de este gobierno, casi 40 mil escuelas de educación primaria y secundaria retrocedieron en los puntajes obtenidos en relación con 2007 en la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (Enlace) que midió el desempeño escolar en matemáticas, español y ciencias naturales y más de 7 millones 850 mil niños de los cerca de 9 millones 900 mil que fueron evaluados en dicha prueba se ubicaron en los niveles “insuficiente” y “elemental” este año.

La aplicación de dichas pruebas a gran escala y medidas como la factorización del trabajo, que son parte de la llamada “nueva gerencia pública” –por la cual se incorporan las formas de organización empresarial al sector público– no han producido la pretendida “eficiencia”, observa Casanova Cardiel. Sólo es una “fachada”, detrás de la cual hay un “inframundo que sigue existiendo con los defectos históricos de las negociaciones oscuras entre Gordillo y el gobierno federal, las viejas prácticas caciquiles y clientelares. Junto a la idea de lo eficientista y lo tecnocrático coexiste lo viejo y si abres la puerta las momias siguen allí”, advierte.

La educación, lamenta, “sigue siendo un factor más de los canjes y favores políticos. Este gobierno ha colocado ahí el debate” del ámbito educativo, a pesar de que “todos saben quién es la dirigente del sindicato y, pese a ello, hace lo que sea y no pasa nada, por lo que otro rasgo es la impunidad”.

Y otra ha sido la participación del sector privado en la educación pública, como nunca se había dado. Incluso en la elaboración de los programas y de las propias reformas que atañen a los contenidos curriculares. Esto, a invitación de la propia SEP bajo la idea de ser “socios”.